En el umbral de su paso a la eternidad, Hugo Rafael Chávez Frías designó como su legítimo sucesor a Nicolás Maduro Moros. Tras su elección como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por un ajustado margen a su favor,  la oposición nunca le ha otorgado ni un momento de paz. La discreción necesaria no es óbice para mencionar lo que la franqueza obliga: el liderazgo de Chávez, cuyo carisma arrebató la iniciativa política a una partidocracia corrupta y abyecta, es insustituible. Tempranamente surgieron reservas sobre la posibilidad de que en ese contexto, cualquier persona electa para el cargo de primer ciudadano pudiera terminar su mandato.  Para ser honesto, algunos vaticinaron a Nicolás Maduro unos meses o quizás un año en la presidencia. Y sin embargo, más allá de los cálculos fallidos y de las sorpresas, el gobierno de Maduro sigue allí, resistiendo el efecto dominó favorable a la derecha regional.

En Venezuela han probado casi todo para hacerle tambalear y caerse a un gobierno. Desabastecimiento artificial del comercio, sustracción del dinero circulante y violencia callejera generada por la oposición, disfrazada de desobediencia civil. Múltiples formas que ya habían sido descritas en los trabajos de Gene Sharp, y en la obra del Instituto Albert Einstein, como oposición «no violenta».  Como el poder del Estado y su capacidad de legitimación emana de la sociedad, la propuesta de Sharp es la de tensar y erosionar la relación entre el Estado y la Sociedad. En síntesis, generar un malestar social, prolongarlo por tiempo indeterminado, construir una realidad de caos que sea presentada por los medios como «la verdad», y acorralar políticamente al gobierno. Pero lo anterior no excluye las acciones violentas, que configuran un escenario de Guerra de Cuarta Generación, descrito en un artículo de la Gaceta del Cuerpo de Marines en 1989. El objetivo esencial es: «(…) colapsar al enemigo internamente en lugar de destruirlo físicamente. Las metas incluirán cosas tales como el apoyo de la población a la guerra y la cultura del enemigo. La identificación correcta de los centros estratégicos de gravedad del enemigo será muy importante».

Ese colapso a medias, tuvo un detonante fuerte en la incertidumbre económica provocada por el desplome de los precios del petróleo, principal fuente de la renta nacional. El estrés social por el desabastecimiento artificial de productos básicos, la inflación y el aumento de la inseguridad ciudadana, determinaron un elevado costo político. La oposición tomó el control del ámbito legislativo, uno de los centros de gravedad clave en la política. Los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 fueron una dura derrota no sólo para los bolivarianos. Y ese resultado electoral aún no ha sido suficientemente meditado en sus causas, consecuencias y alcances regional y extrarregional por sus implicaciones geopolíticas.

La mayoría opositora organizada en la llamada Mesa por la Unidad Democrática (MUD), supuso que contaba con los recursos necesarios para intentar desmontar desde la Asamblea Nacional, lo que en más de 15 años había hecho en materia de políticas sociales el chavismo. Y su anterior oposición a la Constitución de 1999 pasa desapercibida. ¡Ahora aparecen como ‘defensores’ de la Constitución! Cosa rara esta, que sus principales detractores por década y media ahora se afirmen como sus principales defensores, cuando desconocen al gobierno legítimo, se niegan a dialogar y perturban el orden social. Para nadie es secreto que la ira destructiva de los opositores, representa un enorme desafío para las fuerzas de orden público, compelidas a ejercer el menor uso posible de la fuerza. Aunque el uso de la fuerza para, mantener el orden, se encuentra amparado legalmente, es diariamente estigmatizado desde las grandes multimedias y las redes sociales. Resulta irónico que una Asamblea Nacional en desacato de las sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y cuyos actos legislativos carecen de validez hasta el presente, trate de responsabilizar al presidente de la república por la ruptura del orden constitucional y democrático, y luego trate de declararle en «abandono del cargo».

Ante la ausencia de diálogo, al gobierno de Maduro no le ha quedado otra alternativa que invocar a una Asamblea Nacional Constituyente, avizorando esta como la oportunidad de resolver el impasse. Pero ello supondría, acorde al artículo 347 de la carta magna venezolana, una nueva Constitución y no la interpretación inicial que sugería una reforma constitucional. La oposición queda ahora ante un dilema: o acepta participar de un proceso constituyente que brinda legitimidad al gobierno, en tanto se fortalece en el pueblo como depositario del poder constituyente originario; o niega esa posibilidad, se autoexcluye y queda expuesta su falta de vocación por el diálogo.

Con Trump en el poder renace la posibilidad de un escenario de intervención militar contra Venezuela. Y esto va más allá de la Orden Ejecutiva 13692 que el 8 de marzo de 2015 emitió Obama declarando una ‘emergencia nacional’, por considerar que la situación en Venezuela constituía «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos». Incluso, trasciende la poca atención de Obama a los reclamos de la CELAC sobre el particular, con sus notificaciones de vigencia de dicha Orden Ejecutiva en 2016 y 2017.

El Almirante Kurt W. Tidd, Jefe del Comando del Sur de los Estados Unidos, en su informe al Comité de Servicios Militares del Senado el 6 de abril, dijo textualmente: «La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta regional». En su evaluación, Venezuela es un factor de inestabilidad regional. Días más tarde, en una conferencia de prensa el 19 de abril, el Secretario de estado Rex W. Tillerson, anunció que trabajan de conjunto con la OEA para responder ante la situación interna en Venezuela. Otro tanto hizo Dan Coats, director de Inteligencia Nacional (DNI), cuando el 11 de mayo en una audiencia sobre Amenazas Globales del Comité de Inteligencia del Senado, expresó en su testimonio que el gobierno venezolano «probablemente aumentará la represión para mantener el poder».

A petición de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reunió a puertas cerradas, para analizar la situación de Venezuela, como una fuente de preocupación para la seguridad internacional. Para Haley, «Venezuela está al borde de una crisis humanitaria». La presencia de la Federación de Rusia y la República Popular China, miembros permanentes con derecho a veto y socios de Venezuela, hizo improbable que el tema pasara a mayores. Sin embargo, no puede descartarse que esta reunión en el Consejo de Seguridad sólo haya sido una cortina de humo, para devolver el tema a la agenda de la OEA.

Quizás la OEA se atrevería a avalar una intervención militar extranjera, probablemente con la participación de Colombia, Perú y Brasil. Es una «coincidencia» que esos serían los países que desarrollarán las maniobras militares América Unida, en noviembre de este año en el territorio amazónico brasileño. El objetivo declarado de estos «ejercicios» es lograr una «capacidad de rápida respuesta multinacional, sobre todo en los campos de logística humanitaria y de apoyo en la lucha contra los delitos transnacionales».

Todo indica que a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro le intentan fabricar un expediente de «gobierno fallido». En una situación de guerra civil, la última respuesta ante una supuesta «crisis humanitaria» sería invocar la «responsabilidad de proteger». Estemos alertas.