La oposición a la reforma fiscal en Colombia ha dado frutos. El gobierno decide retirarla con la formulación que provocó el levantamiento popular pero solo para darle una nueva forma y así conseguir debilitar a la oposición y terminar imponiendo alguna figura similar. Otra cosa es que lo consiga. Igual razonamiento vale para la propuesta de reformar el sistema de salud, el educativo y el de pensiones, todas con la misma filosofía neoliberal y todas ellas provocando el rechazo de amplios sectores sociales.

El Comité Nacional de Paro, que se reunió hoy con el presidente, podrá calcular hasta dónde es posible avanzar, hasta dónde el sistema está dispuesto no solo a prometer y no cumplir, que es su política habitual, sino a concretar los acuerdos en medidas reales.

Hay que considerar, sin embargo, que para un avance considerable sería necesario que el gobierno de Duque cambiara la filosofía neoliberal de su política generando nuevas realidades en el país. Algunos con buenos deseos podrían aventurar que el presidente apueste por adherirse a la probable nueva orientación de Biden, introduciendo alguna forma de keynesianismo, si es que al presidente estadounidense la gran burguesía le permite tales cambios, cuya sola mención ya despierta la franca oposición de importantes grupos empresariales. Si por ventura Duque apostase por un cambio tal, la presión de los grupos de la burguesía criolla, que tantos beneficios sacan del actual modelo neoliberal, sería enorme, sin descartar las maniobras del capital internacional –los centros financieros, sobre todo– que tiene armas mucho más poderosas que la oligarquía local.

El presidente colombiano tiene otro obstáculo importante: le restan solo algunos meses para las elecciones legislativas del año entrante y sobre todo para las presidenciales, de modo que su margen de acción es bastante corto si es que decidiese introducir cambios para dar alguna satisfacción a las demandas populares. En realidad, es mucho más probable que Duque enrede el proceso en interminables diálogos estériles para debilitar el movimiento opositor y conseguir dejar al próximo gobierno esa bomba de tiempo del descontento popular, que no será posible desactivar y que seguramente volverá a hacer explosión más temprano que tarde.

El actual gobernante tiene, además, la presión de quienes lo han llevado al Gobierno y no parecen dispuestos a aceptar ni las más mínimas concesiones. El poder detrás del trono, el ultraderechista Uribe Vélez, ha conseguido hasta ahora imponer su estrategia de ‘mano dura’, dejando en poder de militares y policías la gestión del problema, reprimiendo salvajemente la protesta pero sin conseguir aplacarla. Por el contrario, este movimiento que tiene unas organizaciones iniciadoras, en especial el Comité Nacional de Paro, y está ahora mismo acompañado y muy ampliado por una reacción espontánea de la población que ha sorprendido a todos por su vigor y por su permanencia, a pesar de haber sufrido una represión brutal que hasta la ONU, la Unión Europea y muchos gobiernos y entidades de derechos humanos lamentan –eso es todo lo que permite el lenguaje diplomático– al tiempo que hacen un llamado a la calma y piden a Duque que busque soluciones a través del diálogo.

En pocas palabras, el actual gobierno y las fuerzas políticas y sociales que le apoyan aparecen sin capacidad de controlar la situación y hasta este lunes 10 de mayo, en lo fundamental, han entregado la gestión del problema a los cuarteles, una vieja costumbre del régimen colombiano que tiene así su propia versión del golpe militar. Queda por ver si tras el diálogo iniciado hoy se puede iniciar un procedimiento nuevo, retirando las tropas de las calles, abandonando el lenguaje de satanizar a la protesta social y controlando a las huestes de la extrema derecha armada, conformadas tanto por gente de los barrios ricos como por elementos criminales, que ya salen a disparar contra las manifestaciones con la complicidad de la Policía, tal como se registra en Cali, Pereira y otros lugares del país. Asimismo, habría que verificar que una medida de tal naturaleza permita reducir los actos aislados de vandalismo que, en no pocas ocasiones, son provocados por infiltrados de las llamadas ‘fuerzas del orden’ en una conocida táctica destinada a criminalizar las marchas pacíficas.

El movimiento opositor tiene, igualmente, retos que superar. El primero de todos, sin duda, es el de conseguir mantener la unidad de tantos sectores dispares que confluyen en el paro, gestionar adecuadamente las exigencias al tenor de la real correlación de fuerzas y encontrar la fórmula para que lo que de debata en la mesa de negociones se cumpla y no se quede en papel mojado. Resulta innegable la experiencia de tantas promesas incumplidas a estudiantes, indígenas, negritudes y asalariados de diversos sectores; así como el incumplimiento de lo pactado con la guerrilla desarmada de las FARC, cuyos miembros son asesinados a diario por fuerzas ocultas pero evidentemente muy bien respaldadas y cuya naturaleza de extrema derecha es innegable. En el caso del asesinato sistemático de dirigentes de movimientos populares que se oponen a los planes expoliadores de grandes empresas multinacionales y nacionales, de terratenientes y acaparadores de tierras, ¿no resulta válido el tradicional principio de preguntarse antes que nada a quién benefician esos asesinatos?

Seguramente, el mismo Comité Nacional de Paro se ha visto sorprendido por la enorme reacción popular que prácticamente se ha regado por todo el país: movimiento de protesta en grandes ciudades y pequeños poblados, carreteras y caminos, plazas y calles, y hasta en los hogares que, a su modo y posibilidades, protestan a diario haciendo sonar las cacerolas, ondeando banderas y coreando consignas de apoyo. En todos estos lugares aparecen gentes de todas las clases sociales, etnia y condición, hasta grupos de sacerdotes católicos y de otras creencias salen a engrosar las marchas a sabiendas, todos ellos, del riesgo que asumen. No menos importante es que este movimiento espontáneo se repite por todo el mundo reuniendo a gentes de Colombia junto a ciudadanos locales de todos los matices que apoyan la protesta. Toda esta movilización, con su fuerza, lozanía y vigor, con su naturaleza espontánea requiere que quienes encabezan la movilización sepan mantener un diálogo enriquecedor con los movilizados de forma que todo lo que se consiga en la mesa de conversaciones sea producto de la armonización de esos dos principios claves en todo proceso de cambio: organización y espontaneidad debidamente coordinadas.