El  reciente estudio Momento decisivo: La educación superior en América Latina, realizado por el Banco Mundial, reveló que el número de personas entre 18 y 24 años que asisten a instituciones de educación superior en la región aumentó del 21% en 2000 al 43% en 2013.

Sin embargo, la propia investigación señala que solo la mitad de los estudiantes que inician los estudios superiores llegan a terminarlos y se gradúan. Algunas de las principales dificultades asociadas están dadas por la falta de preparación de los que ingresan a las universidades, el tiempo prolongado de duración de las carreras (para completarlas tardan un 36% más que en el resto del mundo) y, unido a esto, la desmotivación y la complejidad de vincular, en muchos casos, los estudios con obligaciones laborales para sostenerse.

Estos datos corresponden a uno de los niveles educativos, pero las problemáticas que se presentan en el sector denotan las dificultades existentes a lo largo de todo el proceso de formación desde niveles tempranos hasta desembocar en sesgos de educación en la universidad.

Si bien han aumentado el número de estudiantes y los niveles de escolarización, ¿es esto garantía de un desarrollo de mayores habilidades y conocimientos? ¿Cuán necesario se hace la exigencia en mejorar la calidad de la docencia, elemento que repercute directamente en la formación de los estudiantes?

La región ha ido creciendo económicamente, de ahí la necesidad de una formación académica que evolucione en consonancia con las necesidades productivas. Aunque las políticas encaminadas a la expansión de la educación que garantizan el acceso a más alumnos, son un ejemplo de democratización de la enseñanza, en el continente no han traído aparejadas niveles satisfactorios de calidad.

Asociada al acceso a la educación, aparece la problemática de la equidad para aquellos con menos recursos económicos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes refugiados, las personas en régimen de privación de libertad y otras poblaciones vulnerables.

Como señala el informe, a pesar de la equidad en el acceso, estos grupos menos favorecidos están, a su vez, menos preparados académicamente para enfrentarse a los rigores del nivel superior, e incluso, tienen una probabilidad 45% más baja de acceder a la educación superior que los jóvenes ubicados por encima en la distribución del ingreso. Este elemento sirve también como indicador de las carencias en los niveles de enseñanza previos a la superior.

En los últimos años se han desarrollado algunas iniciativas y mecanismos encaminados a la erradicación y/o reducción de esos factores negativos, así como a crear o redefinir políticas educativas para el avance en el sector, tales como la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción en 1990, y la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de 2008.

Además, se han creado mecanismos para mejorar la calidad de la educación a través de estándares y medidas de rendimiento, la evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante agencias nacionales o internacionales para medir los avances académicos, la acreditación de la instrucción a nivel superior o de especialidades y la vinculación de la estudiantes y la enseñanza con el mercado laboral.

Las brechas sociales y económicas de la región siguen repercutiendo de manera sombría en la formación de la futura fuerza productiva e intelectual de la región. A pesar de los esfuerzos que se han ido desarrollando, estudios como el que señalábamos al inicio, nos ponen de nuevo en la pista de aquello que falta por hacer o que no está funcionando en el sistema educacional de Latinoamérica.