En medio de toda su convulsión, la realidad política en Venezuela tiene la virtud de no aburrir a quienes siguen su día a día. Dos personajes ocupan portadas informativas con más ruido que de costumbre: Luisa Ortega Díaz y Leopoldo López Mendoza. Hace un año atrás, podríamos llamarlos antagonistas desde el punto de vista ideológico, pero hoy son líderes, sin alianza declarada, contra un mismo gobierno: el de Nicolás Maduro.

Lo curioso es que la señora Ortega —Fiscal General de Venezuela desde 2008— fue la persona que, desde el Ministerio Público que dirige, tuvo un papel activo en el juzgamiento y encarcelamiento del dirigente opositor Leopoldo López por varios delitos: «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir».

En aquel entonces —febrero de 2014— se produjo un brote de violencia en el país y el contexto era similar al de ahora: una efervescencia callejera con el agravante de la violencia para provocar «la salida» de Maduro del poder. También hubo constantes protestas incendiarias, actos de sabotaje y decenas de venezolanos muertos. Se responsabilizó al dirigente del opositor partido Voluntad Popular de los llamados a la desobediencia y de la sangre derramada de venezolanos inocentes. El pedido de la Fiscal fue de 30 años de cárcel, según recordara el presidente Maduro hace poco, de los cuales el jurado aplicó una sanción de 13 años y 9 meses.

Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia adopta una medida humanitaria de casa por cárcel, alegando motivos de salud. Aún se desconocen los detalles del estado médico del excarcelado —en este minuto bajo arresto domiciliario— pero su padre ha declarado que «él (Leopoldo) está muy quebrantado porque tuvo una infección general en la penitenciaria».

Lo cierto es que Leopoldo López ha salido de la prisión —en este momento cuenta con un dispositivo electrónico en el tobillo— y se encuentra con que la persona que lo enjuició se ha convertido en una vehemente inquisidora del gobierno de Maduro sin renunciar a definirse como chavista. Esta mujer, de 59 años, hoy es presentada como disidente del oficialismo, pero desde un discurso que pretende rescatar la esencia del chavismo, que denomina «originario», del madurismo, desconociendo la misión de continuidad que el propio presidente Hugo Chávez encargara a su heredero político, Nicolás Maduro.

He aquí dos peligros mayores que la postura incendiaria de la oposición tantas veces repetida, incluidos los escenarios de violencia, me refiero a la fractura del proyecto bolivariano, hasta entonces una estructura monolítica, y al enfrentamiento de poderes. Este último inició siendo un encontronazo entre el ejecutivo y el legislativo, luego de que la Asamblea Nacional se vistiera de mayoría opositora en diciembre de 2015. Pero el altercado ha llegado a involucrar al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público. Precisamente, el cambio de actitud de la Fiscal General se relaciona con el enfrentamiento de estas dos últimas instancias, pues comenzó cuando el TSJ decidió asumir los poderes del Legislativo y la Fiscalía consideró el hecho como «una ruptura del orden constitucional».

En el caso de Ortega, se está perfilando un nuevo y peligroso liderazgo que no tiene sobre sus espaldas el historial de errores y fracasos de los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática, de una mujer con trayectoria política y que no se declara contraria al proyecto chavista sino su «salvadora», como redentora también de la democracia, la libertad y la Constitución del 1999 que considera inmejorable. Por lo que se opone al proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Y aunque en un principio, Luisa Ortega lograba confundir más en sus posturas, ahora comienza a coquetear con un segmento de la oposición, pues en reciente comparecencia ante el Parlamento dio legitimidad a ese órgano que el TSJ y el gobierno consideran en desacato desde hace más de un año. También ha arremetido contra la Guardia Nacional Bolivariana, acusándola de represora, y su última subida de tono, que terminó de desmarcarla de la senda del ejecutivo, fue hablar de «terrorismo de Estado» en Venezuela, haciendo la vista gorda con relación a los actos terroristas de suma crueldad contra personas identificadas con el chavismo.

Fueron estas posturas críticas del ejecutivo y pasivas ante hechos como la quema de personas vivas las que hicieron que el máximo órgano de justicia, el mismo que la Fiscal considera ilegítimo, la sometiera a una audiencia oral y pública que se realizó sin su presencia. En la vista, estuvo sobre el tapete la destitución de Ortega, sin embargo, solamente se procedió a nombrar a una nueva vice fiscal y dejar sin efecto la designación hecha por el Parlamento, en otro ejemplo de la pugna de poderes existente y la descalificación constante de los cargos nombrados por unos y otros.

La situación se complejiza con la reaparición en el ruedo político de Leopoldo López, precisamente su liberación ha sido un pedido constante de la oposición en los escenarios de diálogo interno y en los foros internacionales. De hecho, el ejecutivo ha reconocido que la medida humanitaria de sacarlo de la prisión responde a la mediación de los expresidentes que fungen como mediadores en la crisis política. Para los antichavistas, el hecho que Leopoldo esté «fuera» es el resultado de la presión popular; el sentimiento es de victoria. Pero, aun así, no pretenden cejar en el empeño de continuar el plan antigubernamental.

La Fiscal ya se pronunció al respecto y considera que el tema del dirigente opositor se ha manipulado en función de intereses políticos y para hacer campaña contra el Ministerio Público: «Yo creo en el principio de que la libertad debe ser la regla. Todo lo que sea a favor de la libertad de las personas lo considero positivo, más si contribuye a la paz y estabilidad del país. Lo que hay es que tener cuidado en el contexto en el que se toman estas decisiones que es el de una crisis política y de una profunda falta de credibilidad y de respeto hacia el Tribunal supremo de Justicia».

Por lo pronto, tenemos a dos figuras haciendo ruido y bastante a pesar de los intentos del gobierno por estabilizar el país. Y en medio de ello, falta de lealtades y oportunismos. Hace tres años atrás, la derecha repelía a Luisa Ortega como a cualquier otro chavista y ahora se aprovecha —aunque no sin reservas— de su actitud desafiante contra Maduro para beneficios propios. Hace tres años atrás, Leopoldo López era fuertemente criticado por Ortega: «La rebelión civil es un delito que establece que toda persona que se alce en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido para deponerlo, incurre en un delito». Ahora hay más silencios cómplices cuando de violencia opositora se habla.