Uno de los conflictos más antiguos de Latinoamérica es el que mantienen Chile y Bolivia, a partir del reclamo de este último por recuperar su salida soberana al mar. Durante la guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, Chile conquistó el Departamento del Litoral —actual territorio de Antofagasta— que incluía 400 kilómetros lineales de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de superficie. En 1904, con la firma del Tratado de Paz y Amistad, quedó establecido el dominio de Chile sobre ese territorio de manera perpetua, con lo cual los bolivianos perdieron su acceso al Océano Pacífico, única salida soberana al mar con que contaban.

Desde entonces hasta la actualidad, los diferentes gobiernos bolivianos han intentado recuperar dicho territorio. Entre los momentos más trascendentales de ese reclamo podrían citarse las conversaciones de 1950 entre los gobiernos de ambas naciones en conflicto, y el Acuerdo de Charaña en 1975. Por su parte, Chile —que se comprometió desde inicios del siglo XX a no dejar a su vecino sin un acceso soberano al mar— no ha cumplido con sus promesas al respecto, y muy poco se ha avanzado en el tema. Ante dicha situación, Bolivia ha buscado varias alternativas, las cuales incluyen varios acuerdos con Argentina y Perú, que le permiten tener acceso a los Océanos Atlántico y Pacífico, logrando incluso instaurar Zonas Francas en esos países.

Es cierto que, en la actualidad, las autoridades chilenas le han conferido varios privilegios a Bolivia. Por ejemplo, en las regiones de Arica y Antofagasta, ese país es el único que tiene derecho de almacenaje gratis durante un año para las importaciones y sesenta días para las exportaciones. Sin embargo, —aunque estos y otros argumentos sean esgrimidos como una justificación para evitar tratar el tema—, el pueblo boliviano, especialmente a partir de la llegada al poder del presidente Evo Morales, ha retomado en los últimos años la lucha por conquistar una ruta soberana hacia aguas oceánicas.

Es válido resaltar que, durante el primer periodo presidencial de la chilena Michelle Bachelet, ella y Evo propiciaron un acercamiento sin precedentes históricos con respecto a la posibilidad de garantizar la sesión de soberanía a favor de Bolivia. De hecho, a finales de la primera década de este siglo se firmó la «Agenda de los Trece Puntos», instrumento que incluía aspectos de interés para ambas naciones y que generó nuevas expectativas con respecto al tema. No obstante, se logró avanzar muy poco en la consecución de casi todos los puntos, especialmente los aspectos referidos al diferendo marítimo.

Finalmente, pese a los esfuerzos de Bachelet y Morales, varios factores conspiraron para minar los procesos negociadores. Por un lado, la situación interna de ambos países obligó a sus gobiernos a concentrarse en la política doméstica y dejar en un segundo plano las conversaciones acerca de la Agenda. Además, el gobierno chileno no cumplió con su compromiso de buscar soluciones concretas, manteniendo una postura legalista que no contempla la revisión del Tratado de 1904 ni, por supuesto, la cesión de territorio con soberanía.

Esta posición de Chile se debe fundamentalmente a intereses económicos alrededor de los territorios que fueron ocupados hace más de un siglo. Esa zona posee grandes riquezas naturales y minerales, por lo que la mayoría de la oligarquía y varios altos funcionarios del Estado y el Gobierno sabotearon cualquier iniciativa que abordara el tema de la cesión territorial. Por otro lado, la opinión pública chilena rechaza cualquier acuerdo con Bolivia que implique perder parte de la zona del litoral, la cual es habitada por población que se considera nacida y criada en Chile.

Luego de resultar fallidos todos los intentos de negociación de la Agenda y durante la presidencia en Chile de Sebastián Piñera, el gobierno boliviano tomó la decisión, en abril de 2013, de iniciar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para solicitar a Chile la negociación —de buena fe— de una salida soberana al mar. La demanda persigue que la Corte reconozca que su país ha adquirido derechos expectaticios —a partir de los ofrecimientos realizados por Chile— que le permitirían «negociar una salida propia y soberana al océano». Además, incluye el reclamo ante el incumplimiento de los tratados bilaterales vigentes en cuanto a las transacciones comerciales y aduaneras.

La respuesta de Chile fue plantear una objeción previa, argumentando que la jurisdicción de la CIJ comenzó a partir de 1948, por lo que no podría aplicarse al Tratado de Paz y Amistad, firmado en 1904. Siendo así, defendió lo establecido por el Pacto de Bogotá, especialmente el hecho de que los mecanismos de solución de conflictos no podrán ser utilizados para resolver controversias resueltas con anterioridad a la fecha de constitución de la Corte.

Sin embargo, la CIJ se declaró competente para revisar el asunto, por lo cual Chile elaboró una contramemoria —en julio de 2016— al documento presentado por Bolivia como parte de la demanda. Por último, el 21 de marzo de 2017, el gobierno de Evo Morales entregó en la sede de la Corte la réplica a esa contramemoria. Ahora es Chile quien deberá emitir una respuesta, para lo que contará hasta el 21 de septiembre como fecha límite. Luego de este paso, será anunciada la sentencia final de La Haya, probablemente en marzo de 2018.

En este marco, las tensiones políticas entre ambas naciones continúan creciendo. La detención de nueve bolivianos en territorio chileno ocurrida hace pocos meses y el despido de un funcionario de una unidad educativa en Chile —acusado de distribuir el Libro del Mar, que refleja los argumentos bolivianos de la demanda presentada ante la CIJ— así lo demuestran. Mientras, de cara a las elecciones primarias de este año en Chile, han surgido nuevas luces respecto de este tema.

Uno de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio chileno, Alberto Mayol, aboga por dejar atrás el pasado y facilitarles una salida soberana al mar a sus vecinos bolivianos. La propuesta de Mayol sería realizar un intercambio de territorios, para que Chile se beneficie con mayor acceso continental por vías terrestres, acercándose a Paraguay y a Brasil mediante un corredor a través de Bolivia. Aunque estas sean solo declaraciones de un precandidato a las elecciones partidistas del próximo mes de julio, no sería prudente desestimarlas. De hecho, el presidente Evo Morales sostuvo un encuentro con el Jefe de Campaña de Mayol.

Esta u otras variantes podrían ser la solución a este diferendo que se ha extendido ya por más de 138 años. Por ahora, resta esperar la decisión de la Corte Internacional de la Haya, así como la posibilidad de que un cambio en la política exterior del gobierno chileno, permita entablar un nuevo diálogo respecto a este tema.