Sin que sea un fenómeno nuevo en el país, la corrupción es hoy uno de los problemas que más preocupan a los mexicanos. De acuerdo con una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), es exactamente el segundo, solo superado por la inseguridad.

La causa de tal posicionamiento del flagelo en la percepción ciudadana quizás se deba al estallido en los últimos años de varios escándalos en las altas esferas del poder, los cuales se han sumado a un largo historial que pone en entredicho al sistema político de la nación y sus altos cargos, al tiempo que les resta credibilidad a estos y prácticamente a la totalidad de los funcionarios públicos.

Al menos 17 gobernadores de estados que han ejercido el cargo en los últimos 10 años en México están fugados de la justicia, encarcelados o investigados por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. La detención de dos de ellos en abril, fuera del país, es el más reciente episodio de la saga.

Se trata de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, y Tomás Yarrigton, de Tamaulipas, quienes fueron capturados en Guatemala e Italia, respectivamente.

Duarte fue detenido luego de estar seis meses a la fuga. Se le acusa de haber cometido varios delitos asociados a la corrupción durante su etapa de gobernador, sobre todo un continuado y abrumador desvío de recursos públicos. Como consecuencia de ello, Veracruz quedó endeudado y algunos de sus sectores principales desfalcados, como los de salud, educación y seguridad.

El Estado, con cerca de ocho millones de habitantes, se halla en quiebra técnica y depende en gran medida de las aportaciones del Gobierno central, que apenas alcanzan para contener la indignación popular y evitar una revuelta social. En una situación similar, como consecuencia también del desfalco de gobernadores y otros altos cargos, se encuentran los estados de Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas, donde el otro detenido, Yarrigton, dejó su impronta de malversación y desfalco.

Este último, prófugo de la justicia desde 2012, fue apresado en Italia con documentación falsa. Además de los delitos que se le imputan en México, deberá responder ante cortes de Estados Unidos por las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre él.   

Para el caso de Duarte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México alista los expedientes formales de extradición ante las autoridades guatemaltecas, mientras que para el de Yarrigton se llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense.

Primero será extraditado a este último país, para que enfrente un proceso judicial por los delitos que se le imputan y, luego de sentenciado, será trasladado a México, donde también se le juzgará.

Sin embargo, pese al realce mediático que sus detenciones y eventuales enjuiciamientos le han dado al tema, Javier Duarte y Tomás Yarrigton son solo dos de las muchas caras de la corrupción en la alta política mexicana.

Los casos de gobernadores corruptos o acusados de corrupción son abundantes.

Estados Unidos y México deberán decidir de conjunto también la suerte del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien hace poco huyó al norte, donde solicita residencia, para intentar librarse de las acusaciones por desvío de recursos.

Los dos, Duarte y Yarrington, fueron definidos en su momento como parte de la renovación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Sus actos han impactado negativamente en la imagen de la agrupación política, que en las encuestas parte con mucha desventaja para los comicios presidenciales de 2018 frente a otras formaciones como la del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, representantes de otros partidos también han enfrentado acusaciones penales por corrupción en México u otras naciones. Ese es el caso de los exgobernadores Roberto Borge, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femat y Rodrigo Medina, de los estados de Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Nuevo León, respectivamente.

Para Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, este fenómeno puede explicarse a partir del hecho de que en México «el caciquismo regional no ha sido desterrado y opera en medio de una gran impunidad y falta de controles políticos».

«Es necesario revisar el actual sistema federal, que supone una etapa ya rebasada, diseñada en el siglo pasado», apuntó el analista en declaraciones al diario español El País.

En ese sentido, señaló que «antes, el control hegemónico lo ejercía, desde dentro, un solo partido que no permitía los excesos» (PRI), pero que en «la nueva realidad», donde hay una mayor alternancia partidista en el poder, «no se han construido los contrapesos necesarios».

«No hay un pacto como tal entre presidente y gobernadores, sino un acuerdo de entendimiento», sentenció el académico para reafirmar que, a diferencia de antaño, el presidente no tiene el control y la autoridad suficiente sobre los gobernadores.

La situación descrita por Valadés es cuestionada de una u otra forma por varios analistas, que en amplia mayoría coinciden en que todo es muestra y resultado de una severa «descomposición institucional», así como de la incapacidad del Gobierno central para controlar y castigar la corrupción en todos los sectores de la sociedad, empezando por los altos cargos políticos y los funcionarios públicos.

A tono con esto, son muy criticados y tachados de inoperantes los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas existentes, desde las instituciones federales y estatales creadas para ello, hasta el Congreso de la Unión y los cuerpos legislativos de cada estado.

En no pocas ocasiones se acusa que dichas instancias fiscalizadoras están al servicio de los gobernantes, lo que les permite a estos desestimar y pasar por alto las denuncias de la ciudadanía y múltiples organizaciones sociales. De hecho, muchas veces estas denuncias, en vez de ser escuchadas y procesadas, son reprimidas y castigadas.

Mientras, junto a otros sucesos y fenómenos negativos como las desapariciones, secuestros, narcotráfico, asesinatos e impunidad para muchos otros crímenes, la corrupción sigue ensombreciendo a un país que por naturaleza tiene mucho para gozar de bienestar.

En la foto: Javier Duarte de Ochoa.