En los últimos años ha habido un aumento en la actividad minera a gran escala en América Latina, con una alta presencia de corporaciones extranjeras. Este incremento se ha visto influenciado, entre otros aspectos, por una caída en los precios de los recursos naturales extraídos a nivel mundial, lo que lleva a una promoción de este tipo de industrias por parte de los gobiernos regionales, con el fin de adquirir más beneficios monetarios.

En un primer momento pudiera hablarse de los beneficios de la minería en las economías de los países de la región. Según datos facilitados por el sitio Minería Pan-Americana en el texto América Latina: epicentro de la inversión minera mundial, en el caso de México, Bolivia o Colombia la participación de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) supera el 10%, y en Chile, es del 15%.  

Sin embargo, al adentrarnos en un estudio más profundo, los escalofriantes datos de los efectos y violaciones ambientales, socioeconómicos y de derechos humanos que provoca la explotación minera a gran escala en la región, ponen en entredicho los resonados aportes e ingresos que esta genera.

Un estudio realizado por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), habla de la existencia de 219 conflictos por causa de la mega minería en 20 países, los cuales vienen dados por la resistencia de las comunidades a modelos de explotación que afectan el medio ambiente y vulneran los derechos humanos.

Es necesario tener en cuenta que los efectos ambientales que provoca la explotación minera a gran escala no perturban solamente el medio ambiente natural, sino que inciden en las comunidades y personas que se encuentran en esas zonas. Dada la gran magnitud y número de situaciones que se derivan de la minería en la región latinoamericana, en este texto nos centraremos en los perjuicios ambientales para más adelante tratar los conflictos sociales y de derechos humanos vinculados al tema.

No podemos obviar que la mayor parte de lo que se extrae, procesa y obtiene como producto final de la explotación minera es propiedad de la industria, por lo general extranjera, que se encarga del proceso, obteniendo a su vez los mayores beneficios económicos, pues estas pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen.

Los impactos de las operaciones mineras pueden dañar los recursos naturales locales en tal magnitud que las comunidades ya no son capaces de sostenerse a sí mismas. Por ejemplo, la mega minería conduce a la pérdida de la riqueza ecológica del área, al extraerse millones de toneladas de minerales, lo que conlleva a la destrucción de las áreas naturales, consideradas en muchas ocasiones como reservas o protegidas. Otros efectos son la deforestación, la erosión de los suelos y la eliminación de especies animales y vegetales, incluso endémicas, que se encargan de mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Una de las consecuencias adversas más conocida es la relacionada con el agua, tanto en lo respectivo a la disponibilidad, como a la conservación y calidad de la misma. Como características de la actividad minera está el alto consumo de agua, lo que disminuye de manera significativa el manto freático del lugar. Además, la contaminación es muy común, por el vertimiento de los residuos y los productos químicos que intervienen en los procesos de tratamiento de los minerales, dando lugar a la aparición de aguas ácidas que pueden contener metales pesados.

Variados son los ejemplos en los que se han constatado las afectaciones directas al ambiente por malos manejos o negligencias. Por ejemplo, en Colombia, uno de los tantos conflictos que existen es el de la minera Eco Oro y su impacto ambiental en el Páramo de Santurbán en la ciudad de Bucaramanga, pues la población denuncia la contaminación del agua por parte de la minera canadiense con su proyecto Angostura.

Además, según señala el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, realizado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, en el caso de Honduras, en el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido en 2008.

Por su parte, otra muestra de los efectos de la minería a gran escala se da en Guatemala, país en el cual, según el mismo informe, las actividades de la Mina Marlin han causado una fuerte contaminación del agua, con presencia de metales pesados como hierro, aluminio, magnesio y arsénico en ríos como el Tzala y el Riachuelo.

En Bolivia durante el 2014 ocurrieron varios incidentes ambientales, como el derrame de más de 3300 metros cúbicos de residuos en las cercanías de un río o el colapso de un dique en Potosí, que dejó a un barrio popular completamente anegado de desechos tóxicos.

Estos ejemplos constituyen una muestra del total de conflictos y afectaciones provocados por las actividades mineras en la región latinoamericana y que, en la mayoría de los casos, señalan la ausencia de un equilibrio entre el intenso extractivismo de recursos minerales y los beneficios para las comunidades y países, de ahí la necesidad de pensar esos conflictos en función de eliminar, evitar o mitigar los daños, para lograr una sostenibilidad económica, social y ambiental.