Hugo Moldiz fue de las primeras personas en percatarse de la inminencia del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Desde ese triste día se encuentra asilado en la residencia de la embajada de México en La Paz. Junto a él, otras seis exautoridades del gobierno de Evo permanecen sin poder salir del país. Las fuerzas golpistas, en evidente violación de los derechos humanos, no les permiten viajar hacia la nación que les dio abrigo. Fuerzas paramilitares ya habían circulado su nombre, y el de los otros, amenazándolo de muerte. Desde allí, Hugo ha escrito un libro, un grito desesperado para que se conozca la verdad. Desde allí también conversa con la revista Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur.

El 10 de noviembre de 2019 participé en una reunión en las inmediaciones de la avenida Arce. El encuentro fue rápido, pues nos acabábamos de informar que Evo Morales salía con dirección al Chapare, previa renuncia forzada, coaccionada por las fuerzas que tienen el monopolio de la fuerza estatal. Las capas medias urbanas, cargadas de odio y racismo, salían a las calles, en automóviles o a pie, portando la bandera tricolor como si Bolivia hubiera clasificado al mundial de fútbol. El golpe de Estado se había consumado. Desde el anterior, al terminar la tarde del 9, me había dado cuenta que el derrocamiento del presidente indígena era cuestión de horas. Estuve esa tarde en plaza Murillo, a metros de Palacio Quemado y de la Casa Grande del Pueblo —con un destacado periodista argentino, Marco Teruggi, que estaba en Bolivia con motivo de las elecciones del 20 de octubre—, y ya no había pueblo resguardando Palacio.

Vuelvo al 10. No tenía quien me recogiera en ese momento de la reunión. El compañero que estaba encargado de eso tuvo un contratiempo y se iba a demorar. Tomé la decisión de caminar unas tres cuadras con dirección al departamento de otro compañero hasta que aparecieran a recogerme. La medida fue audaz pues mi carácter público representaba un anzuelo para cualquiera que me reconociera y cargara su violencia contra mí. Estaba con una gorra de cuero, que había comprado en Turquía, que cambió en algo mi apariencia. Llegué a destino, no sin correr una cuadra ante el grito de dos que me reconocieron y lanzaron insultos. Cerca de una hora después el compañero me recogió y me llevó a casa. Antes que saliera de mi refugio ocasional recibí llamadas de amenaza. En el trayecto a mi casa sucedió lo mismo. Días antes los paramilitares al servicio de Luis Fernando Camacho ya estaban haciendo circular los nombres de los enemigos del pueblo, en el que figuraba mi nombre.

Llegué a casa. En ese momento recibí una llamada de México. Era Daniel Martínez, del equipo internacional y asesor del Partido del Trabajo (PT) de México, pidiéndome que me trasladara a la residencia de la embajada mexicana, que ya no había nada más que hacer. Eso hice y desde esa noche, que llovía a cantaros, me encuentro bajo protección de México.

En un principio es bastante comprensible que las fuerzas de la derecha, conducidas por sus fracciones más ultraderechistas, sometidas a los mandatos de Estados Unidos, hayan activado una cacería de exautoridades del gobierno de Evo Morales y dirigentes del MAS para satisfacer la sed de venganza de las capas urbanas que los estaban apoyando.

Ya constituido el gobierno de facto, también es entendible que la falta de legalidad y legitimidad del régimen sea compensada con el uso de la fuerza discursiva y material de la violencia. No sorprende que su ministro de Gobierno haya dicho, apenas fue posesionado, que iba a «cazar» a los sediciosos Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y a mi persona; era congruente con la construcción del enemigo interno.

Ahora bien, toda la fraseología desplegada contra el gobierno de Evo Morales para posicionar las matrices de opinión de «gobierno dictador», «no hay estado de derecho», y otras, caen por su propio peso. Lo que hace el gobierno de facto es violar las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que reconocen las figuras del refugio y el asilo. Es más, el haber activado y forzado denuncias y órdenes de aprehensión contra varios de los que están asilados en la residencia de México va contra la legalidad y el derecho internacional. Por lo tanto, somos rehenes del gobierno de facto, que se niega a darnos salvoconductos para salir de Bolivia rumbo a México. El 10 de abril serán cinco meses en esa condición.

La situación es más que irregular. Hay un gobierno de facto que se dio a sí mismo las tareas de convocar de manera inmediata a elecciones y de pacificar el país. No ha logrado ni lo uno ni lo otro. Se ha demorado en cambiar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y viabilizar la convocatoria a elecciones generales. El propio Camacho le recordó públicamente que debía entregar el gobierno el 22 de enero, que era la fecha en que se daba la transmisión de mando. Tampoco ha pacificado el país: las masacres de Sacaba y Senkata, la persecución política y la judicialización son una prueba de ello. Lo reconoce un informe de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y ahora, con un TSE controlado por ellos, están cerca de prolongarse varios meses más en el poder. Han dejado de ser un «gobierno de transición». El coronavirus les vino como anillo al dedo. Por otra parte, hay un pueblo que está saliendo del miedo y está manifestando su apoyo a los candidatos del MAS que marchan primeros en las intenciones de voto.

Próximamente, la editorial Ocean Sur publicará su libro Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales. ¿Qué lo motivó a escribir sobre el golpe, aún en su difícil condición de encierro?

Cuando estás privado de tu libertad, pues estar ya casi cinco meses sin poder salir implica no tener libertad de movimiento, los primeros días no tienes ganas de hacer nada más que seguir el curso de las noticias. Yo estuve en la cárcel por razones políticas en los ochenta y sé cómo es eso. Después todo vuelve a tomar su orden. Así que decidí pensar en escribir un libro, aunque no sabía desde qué perspectiva. Sin embargo, tenía que presentar un texto para un libro colectivo coordinado por el politólogo cubano Roberto Regalado que ya fue publicado en México. Ese ya era un compromiso antes del golpe de Estado e hice uno de balance preliminar del proceso boliviano. Terminado ese texto se produce una comunicación con Ocean Sur y tomo la decisión de escribir sobre el golpe de Estado. La decisión no fue fácil por la naturaleza represiva y fascistoide del gobierno. Pero hay que vencer los temores y, sin perder objetividad, poner en evidencia el carácter del golpe de Estado y del gobierno que se instaló como consecuencia de ese hecho no democrático. Y así empecé a escribirse el libro, con las limitaciones de acceso a bibliografía, la cual fue resuelta en parte gracias a la colaboración de mi hija Kim quien, cada que venía, me traía los libros solicitados. No pudo conseguir todo, pero si los suficientes.

¿Cuáles son las tesis esenciales que defiende en su libro?

Primero, que el 10 de noviembre hubo un golpe de Estado en el que se combinaron, de manera progresiva, viejos y nuevos métodos de derrocamiento: participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía, calentamiento de la calle y violencia de grupos paramilitares que encontraron en la sublevación reaccionaria de fracciones de las clases medias y sectores atrasados de capas urbanas populares la cobertura para «blanquear» sus acciones.

Segundo, que el gobierno de facto tiene rasgos fascistoides que se traducen, desde el 12 de noviembre, en un permanente endurecimiento de las medidas represivas y de violación de los derechos humanos a manera de compensar su falta de legalidad y legitimidad crecientes. No es un gobierno fascista, pero si un gobierno autoritario, represivo y de modalidades fascistizadas que echan abajo su retórica de pacificación del país.

Tercero, que el golpe de Estado estaba más que anunciado desde la primera semana de octubre de 2019 en cuanto a su motivo y las medidas a llevarse adelante. Los comités cívicos del país, principalmente de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y La Paz, aprobaron la línea de desconocimiento del resultado electoral en caso de fraude y desobediencia civil para forzar la renuncia de Evo Morales. La línea era la prolongación de la estrategia de desestabilización que se activó después del 21 de febrero de 2016, cuando un referéndum constitucional rechazó la modificación del artículo 168 para habilitar a Morales para las elecciones de 2019.

Cuarto, que organismos internacionales, principalmente la OEA, jugaron un papel activo en la aplicación de la estrategia de la derecha y de Estados Unidos para derrocar a Morales, quien por la ingenuidad de parte de su equipo de relaciones exteriores le abrió la puerta de acceso al nefasto Luis Almagro, olvidando la triste historia de la OEA en América Latina. Obviamente, detrás de todo eso siempre estuvo la mano de Estados Unidos.

Quinto, que el golpe de Estado encontró a Evo Morales en un momento de ocaso de su gobierno debido a varias razones: se hacía más énfasis en la gestión administrativa que en seguir el camino de la transformación; no había voluntad de generar condiciones para transitar del posneoliberalismo al poscapitalismo; el MAS devino instrumento político solo en maquinaria electoral; desde 2010, que empieza una etapa de ralentización, se encumbra en la escena política a las clases medias y su ambivalencia, en sustitución del papel protagónico del bloque indígena campesino obrero y popular, el que, además, hay que decirlo, se burocratizó, prebendalizó y aburguesó. El golpe de Estado no tuvo pueblo que defendiera mayoritariamente al gobierno indígena porque las masas se volvieron una simple suma de votos y perdieron su condición de autodeterminación. Lo que quiero decir es que el golpe de Estado no hubiera triunfado si el sujeto histórico no se hubiera desestructurado y la Revolución habría salido airosa como en los intentos de desestabilización de 2008-2009.

La gran batalla que enfrenta hoy la humanidad para controlar la expansión del coronavirus y que debe ser una prioridad, se ha convertido, sin embargo, en un pretexto para aplazar las elecciones generales hasta dentro cuatro o seis meses. El gobierno quiere que sea el mayor tiempo posible para ver cómo ubica a su candidata en segundo lugar, pues primero anda el candidato del MAS, Luis Arce, contra quien yo no descartaría que se trate de sacarlo de competencia con alguna argucia legal fabricada.

Pues bien, como señalo en el libro, el desafío para los movimientos sociales y el MAS es no solo pensar la democracia como la agregación de votos individuales sino la democracia como autodeterminación como sostuvo hace años el intelectual René Zavaleta. Es decir, reconstituirse como sujeto y tener la capacidad de irradiar su hegemonía hacia las fracciones de clase media progresistas. Y para Evo, no temer rectificar sus errores y retomar la fuerza de su liderazgo histórico para recuperar el proceso de cambio más profundo de la historia boliviana. Si ocurre todo eso, a pesar de todas las maniobras ilegales que haga el gobierno, la victoria estaría asegurada.