Dar el golpe contra Dilma Rousseff pareció la respuesta para «arreglar» la grave crisis política-económica en Brasil. Los impulsores del impeachment contra la primera mujer en presidir el gigante suramericano pensaron que «cortando el mal de raíz», como muchos alegaron en su momento, el país retomaría el crecimiento económico. Un año después, las tensiones políticas y sospechas de corrupción, siguen escandalizando el panorama brasileño.

El mandatario de facto, Michel Temer, cuya popularidad es la más baja de la historia, 5% de apoyo según el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope), apareció ante las cámaras para desmentir las acusaciones de corrupción en su contra.

Marcio Faria da Silva, exejecutivo de la empresa Odebrecht afirmó que Temer lideró la reunión en 2010 en la que se pidió un soborno de 40 millones de reales (13 millones de dólares).

Varios fiscales que investigan la mayor red de corrupción en Brasil, conocida como Operación Lava Jato y que incluye a Odebrecht y Petrobras, dijeron que Temer no puede ser investigado por delitos cometidos antes de su llegada a la presidencia en 2016. No obstante, la delación premiada de Faria removió los cimientos del mandato prefabricado del pemedebista.

Según el exejecutivo, a Temer lo acompañaron el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, —impulsor del impeachment contra Rousseff, condenado a 15 años de cárcel—, y el legislador Henrique Eduardo Alves —del partido gobernante PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño).

Por lo pronto, desde el gobierno señalaron que la reunión fue «rápida y superficial».

A esta situación se suma la luz verde que dio el ministro del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin para investigar a 74 autoridades, un hecho que quitará las máscaras de las figuras claves del golpe de Estado contra Rousseff.

Cunha, el más mediático de todos, encabeza una lista integrada además por Romero Jucá, del PMDB y Aécio Neves, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). También serán indagados ocho ministros de Temer, entre ellos el canciller Aloysio Nunes y el senador José Serra, quien renunció al cargo que ocupa ahora Nunes, alegando «cuestiones de salud».

Al menos 42 diputados y 23 senadores han sido vinculados a la trama de Odebrecht, y serán investigados.

Lo que más llama la atención es el momento en el que salieron a la luz estos nuevos escándalos: justo cuando se anunció un proceso contra Temer que podría interrumpir su mandato.

El Tribunal Supremo Electoral acusó al político por supuesta financiación ilegal de la campaña de 2014, cuando resultó electo vicepresidente de Rousseff, uno de los ejes de ataque esgrimidos contra la representante del Partido de los Trabajadores (PT) durante el impeachment.

Los medios brasileños informaron que la denuncia la hizo el PSDB que, hasta la semana pasada, era un aliado del PMDB, partido de Temer. En el informe de unas mil páginas, los impulsores piden la anulación de las elecciones de hace tres años.

La Defensa de Temer expresó que él no sabía nada de la recaudación de fondos para la campaña y que por lo tanto no debería ser juzgado por ello. La estrategia es alargar el proceso al menos hasta los próximos comicios presidenciales en octubre de 2018.

El proceso entró en una pausa ahora, pero si siete de los jueces comandados por Herman Benjamin señalan que la campaña de la reelección de 2014 fue financiada ilegalmente, Temer tendría que irse de Planalto. En ese caso, el Congreso designaría un nuevo presidente, según la Constitución.

Ahora bien, si el Tribunal electoral dilata más el proceso o este queda en saco roto, puede generar una reacción de protesta en las calles y colocar en jaque a la Administración Temer, de por sí con muy mala reputación.

Todo este panorama de incertidumbre sigue arrastrando al país al caos político con el consecuente impacto negativo que trae consigo. Mientras tanto, Temer aplica fuertes recortes sociales al gasto público bajo el pretexto de atraer inversión extranjera y dinamizar la economía, continúa en el alza el índice de desempleo, y la resistencia de los movimientos sociales, estudiantiles y sindicales aumenta en las calles.