Hasta hace muy poco tiempo, la idea de alquilar el vientre de una mujer para tener un hijo podría haber sido el argumento de una película de ciencia ficción. Sin embargo, la realidad ya supera a la ficción y los avances tecnológicos unidos a una mentalidad neoliberal han permitido que esta nueva forma de procrear se extienda y que algunos países la admitan y la regulen.

 

La maternidad subrogada es el proceso por el cual una mujer se compromete por contrato a ser fecundada mediante una técnica de reproducción asistida, con el fin de quedar embarazada y llevar a cabo una gestación, para luego renunciar a su hijo en favor de otros.

 

La subrogación altruista -sin dinero de por medio- solo ocurre en casos muy excepcionales: entre familiares o amigos muy cercanos. La gran mayoría de mujeres que se someten a esta práctica son aquellas que se encuentran en grave necesidad económica. En algunos países se da el caso de mujeres que se ponen en manos de empresas extranjeras, y firman contratos que a menudo no entienden o en los que no saben a qué se comprometen. Son acuerdos en los que se les exige abortar si el cliente se arrepiente de su deseo de tener ese hijo o en los que el bebé puede ser abandonado por los contratantes del servicio si no cumple con sus expectativas.

 

Este fue el caso de Gammy, un bebé con síndrome de Down nacido de una madre de alquiler en Tailandia, que fue abandonado por la pareja australiana que lo concibió. Los padres biológicos contrataron a una mujer tailandesa para que gestara mellizos a cambio de 13 mil dólares; sin embargo, tras conocer que uno de los pequeños tenía síndrome de Down y problemas cardíacos, se llevaron sólo a su hermana melliza y abandonaron a Gammy con la madre gestante: una mujer soltera de 21 años y con dos hijos pequeños.

 

Esto hizo que en 2015 Tailandia adoptara una ley que prohibió la subrogación comercial a los extranjeros. Ahora, las únicas personas que pueden utilizar esta técnica -ofrecida de manera altruista- son parejas heterosexuales tailandesas, casadas y con problemas de fertilidad.

 

La legislación europea es mucho más estricta con este tipo de prácticas y así, en 2014, un informe del Parlamento Europeo condenó la práctica de la gestación subrogada “por atentar contra la dignidad de la mujer” al señalar que el cuerpo y la función reproductiva de las mujeres son utilizadas como mercancías.

 

Mientras que en Reino Unido o los Países Bajos solo se permite la subrogación altruista y no es posible forzar legalmente al cumplimiento de los contratos de gestación -la gestante puede quedarse con el hijo-, en países como Francia o España tanto la subrogación comercial como la altruista están prohibidas. El caso de Francia es especial, ya que tampoco permite tramitar la adopción de niños que han sido concebidos en el extranjero a través de vientres de alquiler. Francia evita otorgar la nacionalidad a los niños nacidos por subrogación, con el fin de desincentivar esta práctica entre sus ciudadanos.

 

En España, aunque la legislación existente es ya bastante flexible -la justicia española permite inscribir en el Registro a los niños que nacen mediante esta práctica en el extranjero-, las campañas mediáticas de lobbies pro regulación y las agencias que gestionan la subrogación han conseguido que varios partidos políticos planteen su legalización en la península. El modelo que se propone en el estado español permitiría la gestación altruista con compensación, la madre podría ser retribuida por los gastos médicos y las molestias del embarazo.

 

A primera vista esta ley puede parecer una buena idea para acabar con el turismo reproductivo fuera de España, pero lo cierto es que admitir de forma legal la gestación subrogada -aunque solo sea la altruista- significa abrir la puerta a un lucrativo nicho de negocio que se alimenta de la desigualdad estructural de las mujeres y de su capacidad reproductiva.

 

Las agencias que gestionan la subrogación en países donde solo está permitida en su forma altruista admiten que, si bien solo es legal reembolsar los gastos médicos de la gestante, los padres terminan pagando a las mujeres en dinero negro o con regalos. Además, la ley española permitiría compensar las molestias del embarazo, por lo que la puerta al negocio y al intercambio de beneficio más allá de las expensas médicas quedaría abierta.

 

Ser padre no es un derecho y el deseo de algunas personas de tener hijos no puede estar por encima de la dignidad del niño o de la madre.

Tomado de Alainet