El congresista Francisco Sagasti, del derechista Partido Morado, asumirá la Presidencia peruana luego que el lunes 16 el Congreso aprobara la lista para la Mesa Directiva del Parlamento que lideraba y que completan los parlamentarios Mirtha Vásquez (Frente Amplio) en la primera vicepresidencia, Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú).

Sagasti Hochhausler recibió el inmediato apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). La semana pasada la OEA no reconoció a Manuel Merino como mandatario legítimo y llamó al Tribunal Constitucional a pronunciarse. “Lo que queremos en este momento es encausar este proceso de transición y garantizarlo de la manera más adecuada, correcta y más confiable para la población”, dijo la frenteamplista Mirtha Vásquez.

Limeño, ingeniero industrial y político, Sagasti es fundador y militante del Partido Morado, y se desempeñaba como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento. Ha ocupado importantes cargos: fue asesor del canciller Allan Wagner (1985) y fue jefe de la División de Planeamiento Estratégico y asesor principal de los Departamentos de Evaluación de Políticas y de Relaciones Externas del Banco Mundial (1987).

Ha sido docente en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en el exterior en el Instituto de empresa de Madrid y la escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Hartos de estar tan hartos

La sociedad peruana ya no aguanta más la crisis económica, fiscal social sanitaria. Salió a la calle con las añejas banderas del “que se vayan todos”. ¿Y entonces, qué va a pasar en un país que tiene cinco presidentes corruptos presos y uno suicidado y que sumó tres mandatarios en una semana: Martín Vizcarra, Manuel Merino y Sagasti?

A Merino le quitaron el respaldo: Las Fuerzas Armadas aseguraron que pondrán todos su medios y capacidades “en defensa del pueblo y del Estado de Derecho”, tras lamentar el fallecimiento de los dos jóvenes y “reiteró su respaldo y defensa del pueblo y la Constitución”.

Perú vive una emergencia sanitaria y económica remarcada por la pandemia y que ha mostrado la precariedad y la informalidad en la que han vivido y viven millones de ciudadanos, y lo han convertido en el país con más alta letalidad del planeta.

A cinco meses de las elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Marchas iguales o mayores que las que desembocaron en la de los Cuatro Suyos en el 2000, que combinan la alegría y el desenfado con la indignación, donde jóvenes que no habían nacido o que eran muy niños entonces, marchan como veteranos de esas jornadas, con la determinación de no parar hasta la salida del impuesto gobierno de Manuel Merino y Ántero Flóres-Aráoz. No es sólo en la ciudades: los pequeños pueblos más alejados de la Amazonía y del altiplano también se están movilizando.

Y cuatro días después de haber asumido, Merino “el breve” tuvo que presentar su renuncia irrevocable al cargo, tras la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y luego de una noche de manifestaciones que dejó al menos dos muertos y centenares de heridos. “Ha salido un dictadorzuelo del palacio”, dijo el destituido Martín Vizcarra .

La saga de los presidente corruptos

Hay algo para destacar: la tardía valentía de algunos medios de comunicación llamando las cosas por su nombre, definiendo como «golpe de Estado» lo que la mayoría de la prensa hegemómica y las agencias internacionales han titulado asépticamente «Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú».

«El golpe no deja de ser golpe. (…)El hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción», dijo La República.

La operación tuvo un ensayo general, un intento fallido hace dos meses, usando la misma causal de «incapacidad moral permanente», repitiendo el esquema de la acción del anterior parlamento cuando destituyó al presidente anterior Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Vizcarra, en una sesión de tan solo cinco horas, fue acusado de recibir sobornos y coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-14), pero nada ha sido probado por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

De un total de 130 congresistas que votaron para destituir a Vizcarra, 68 tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugio sagrado que un parlamento.

Merino, un oscuro empresario ganadero del norte y conocido por obtener la condonación fiscal para sí y sus pares de Tuimbes, se sacó las ganas de ser presidente, aunque sea hasta abril próximo cuando se debieran realizar las próximas elecciones generales, aplaudido solo por congresistas. 151 jueves y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción.

El golpe encontró un fuerte rechazo popular. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil harta de políticos y empresarios corruptos. Sin duda, este nuevo eslabón es otra exhibición del desdén de las clases políticas hacia la voluntad popular, cuando las encuestas señalaban, y las movilizaciones callejeras han ratificado, que el Ejecutivo contaba con un respaldo muy superior al del Legislativo.

El gobierno entrante ha respondido con un feroz despliegue represivo a las protestas contra lo que muchos ciudadanos consideran una usurpación y una tentativa para incidir en los comicios presidenciales en seis meses, mientras Merino integraba en su gabinete a personajes tan impresentables como el genocida Antero Flores-Aráoz, ministro de Defensa durante el segundo mandato de Alan García.

Diversos factores confluyen en esta crisis que creo va más allá de lo político institucional y compromete al régimen instaurado en 1992 con el golpe de estado de Alberto Fujimori y la Constitución de 1993 que fue su producto y el marco en el cual se han regido el Estado, la economía y la sociedad en los últimos 30 años.

Pero se vino el declive del boom económico producido por los extraordinarios precios de los minerales que evidenció que lo vivido había sido una “prosperidad falaz”. Las evidencias de corrupción estimuladas por el caso Odebrecht y otros en el que estuvieron involucrados los presidentes, pero también los grupos de poder económico, dejó al desnudo la captura corrupta del Estado, que se acentuó con el gobierno de Kuczynski.

La disputa entre fracciones de los grupos de poder económico y su representación política de derecha por el control del Estado expresada entre el grupo más liberal, lobista y ligado al gran capital de Kuczynski y el más emergente, mafioso y conservador expresado por Keiko Fujimori, que implicó como hasta hoy un enfrentamiento de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.

¿Por un gobierno popular?

Los sectores populares son los más afectados por esta crisis ya que la descomposición política, la crisis sanitaria y social, que no logran encontrar una salida en los actuales marcos políticos y económicos, continúan excluyendo a las grandes mayorías y beneficiando a los grupos de poder económico.

Hoy quedó demostrada la necesidad de garantizar la lucha contra la corrupción, fortalecer el sistema de justicia para que no haya borrón y cuenta nueva y reactivar la economía en función de las grandes mayorías, junto a la necesidad de una reforma política que democratice realmente el sistema político y lo libere de las mafias y el gran poder económico.

En la izquierda se considera que se debe avanzar hacia una refundación del país, partiendo de una reforma constitucional. Este no es solo el problema del Estado neoliberal y su modelo económico, es el fracaso del Estado fundado hace 200 años que una y otra vez ha sido reactualizado y que en esencia ha sido patrimonializado por los sectores dominantes.

Mientras, la crisis generada por las grietas del consenso construido desde 1992 se llena con discursos reaccionarios y muy conservadores. Lo que hace falta son cambios de fondo, estructurales que deben expresarse a todo nivel y deberían estar contenidos en un nuevo pacto constitucional donde el centro deben ser los derechos de las personas, y un Estado y economía al servicio de ello, señala el politólogo Álvaro Campana.

Desde los sectores populares se tiene conciencia de que antes serán necesarios otros pasos como pelear por una respuesta popular a la emergencia sanitaria y social y una reactivación económica que no repita lo ocurrido en desastres anteriores, favoreciendo solo los negocios particulares de los privados. Politizar y movilizar a la ciudadanía en este proceso es vital, que obligue a abrir un momento de transición al que Vizcarra se negó y que el actual gobierno ilegítimo también niega.

Con la pandemia ha quedad desnudo un gobierno, el de Vizcarra, en el mismo rumbo con lo cual el Perú tiene ya la misma cantidad de muertos por Covid que los que hubo en el Conflicto Armado Interno que ocupó una década. Los trabajadores, los productores agrarios, los pequeños empresarios, las mujeres y los pueblos indígenas han sido los más golpeados.

Hay una especie de piloto automático económico y un fracaso del Estado neoliberal para garantizar derechos carcomidos por la corrupción de lobbys y mafias, así como un avance importante de discursos reaccionarios y conservadores que cabalgan y crecen en la desesperación de la ciudadanía. Mientras, “los políticos” siguen abocados a las disputas de parcelas del poder y garantizar los intereses a los que representan, añade Campana.

Perú da señales de haber entrado a un proceso de reconstitución popular y de ruptura con la partidocracia que lo somete desde hace años y desde la calle se hace protagonista; una de las expresiones populares que acompañan la movilización y la lucha es el movimiento Nuevo Perú, fundado en 2017 que, hasta ahora, no ha logrado conformar una alianza más grandes sobre propuestas consensuadas y realizables para un país en crisis ¿terminal?.

Se trata de una organización en la que convergen diversos espacios de izquierda provenientes de los sectores históricos, pero también de las luchas recientes en el Perú y que participaron en las elecciones de 2016 en el marco de lo que fue el Frente Amplio y que llevó a Verónika Mendoza como candidata a la presidencia, quien ahora será candidata. para las próximas elecciones de abril de 2021, por la coalición Frente Político Juntos por el Perú.

Una gran tarea para los sectores populares es construir una gran plataforma político social y ciudadana que permita alcanzar un gobierno de mayorías y que posibilite los cambios estructurales y otra es  avanzar hacia un proceso constituyente que concluya en una nueva constitución.

Lo cierto es que se requiere de una profunda reconstrucción del Estado con una perspectiva descentralizadora y garante de los derechos de la ciudadanía, con capacidad de planificación, regulación y participación estatal en las actividades económicas estratégicas y servicios fundamentales.

El combate a la corrupción no es sólo como un asunto moral, sino la expresión sistémica de un estado puesto al servicio de intereses particulares. Se necesita una economía diversificada, con una perspectiva territorial y centrada en potenciar y mejorar las condiciones de la pequeña agricultura, las pequeñas y medianas empresas, en vincular la economía con la innovación tecnológica y la planificación ecológica.

Los sectores populares reclaman, asimismo, una reforma tributaria que permita una redistribución económica y sea la garantía del ejercicio de los derechos sociales. Deben ser respetados los derechos de los trabajadores, los productores del campo y la ciudad, los ciudadanos, los pueblos indígenas, las mujeres, la comunidad LGTBI, señalan desde las calles, caminos y carreteras del Perú..

Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.