RESUMEN

Argentina afronta una gravísima crisis con escenarios de controlada regresión o inmanejable estallido. Para evitar esos padecimientos hay que rechazar el acuerdo con el FMI y suspender los pagos de la deuda. Mediante el control de cambios se puede contener la fuga de capital y la regulación estatal de los bancos es indispensable para proteger al pequeño ahorrista.

Para evitar el empobrecimiento de los jubilados es prioritario frenar el despojo al Fondo de Garantía. El agujero fiscal puede subsanarse con impuestos a los ganadores del modelo y la inflación debe ser neutralizada con el control de precios. Urge revertir la desprotección de la economía frente a las adversidades internacionales.

Los aumentos de los salarios y la prohibición de los despidos deben ser la respuesta al ahogo que propicia el FMI. Hay que transparentar el desfalco de los tarifazos con la revisión de los contratos y reactivar la obra pública para contrarrestar la recesión.

El gobierno improvisa parches frente a una crisis generada por el modelo neoliberal. La resistencia se afianza con el protagonismo de los trabajadores, la irrupción de los movimientos sociales y el viraje de la clase media. La batalla en curso necesita un programa.

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La reciente devaluación empuja al país a una dramática espiral de inflación recesión y pobreza. Como Argentina ya conoció en varias oportunidades esa degradación, urge formular propuestas acordes con la gravedad de la situación.

Temblor en dos escenarios

Los acreedores externos y los grandes grupos locales comienzan a temer un futuro default de la deuda. Por eso persiste la “desconfianza de los mercados”. Esa sospecha se asienta en las increíbles cifras del endeudamiento.

Los 153.000 millones de dólares tomados en el último bienio elevaron el pasivo a 349.000 millones y podrían situar el porcentual de la deuda sobre el PBI por encima del 82%. Como los prestamistas saben que esa hipoteca es impagable, Argentina ya figura al tope del ranking mundial de economías amenazadas por la cesación de pagos. Los seguros contra esa eventualidad y las tasas de riesgo-país se han disparado.

Los dueños del poder también advierten el posible incumplimiento de las metas acordadas con el FMI. Se perfilan dos escenarios: una regresión controlada o un estallido inmanejable. El primer contexto repetiría lo ocurrido en Grecia y el segundo lo padecido en el 2001.

El espejo griego es estremecedor. Para socorrer a los bancos franceses y alemanes la deuda pública trepó al 178% del PBI. La contracción de los ingresos populares promedia el 38% y un 30% de los negocios bajó las cortinas. El desplome de la inversión supera el 60% y las jubilaciones sufrieron 14 recortes. Para generar los excedentes demandados por los banqueros, Grecia se ha comprometido a continuar esta sangría en los próximos 41 años.

El mismo modelo de esclavización sería repetido en Argentina, en el “escenario favorable” previsto por el FMI. La aceptación del ajuste y la resignación frente a la miseria serían premiadas con el retorno a la financiación privada externa.

Un segundo contexto de estallido dependerá de tres circunstancias: la extensión de la corrida cambiaria a los bancos, el despilfarro del préstamo del Fondo en fugas de capital y el fracaso de la conversión de una bomba en pesos (LEBACS), en otra en dólares (LETES). Esas eventualidades -que rememoran el “blindaje” y el “mega-canje” del 2001- ya son evaluadas por el FMI, en su diseño de mecanismos para proteger a los bancos. Frente a este dramático cuadro los diagnósticos pasan a un segundo plano y se impone el análisis de las propuestas.

FMI, deuda y auditoria

No existe ninguna posibilidad de revertir la crisis sin rechazar el acuerdo con FMI. Esa oposición debe ser explicitada en forma categórica, con impugnaciones en el Parlamento, demandas de plebiscito o pronunciamientos de futuro desconocimiento del convenio.

En la memoria popular el FMI es sinónimo de saqueo. Por eso son tan rotundos los cuestionamientos en las encuestas y en la calle. El mismo malestar se refleja en documentos, consignas, actos masivos e incluso opiniones de políticos benévolos con el gobierno.

El sometimiento al FMI debe ser impedido antes de su afianzamiento como regla de futuros gobiernos. Cualquier diálogo con los funcionarios del Fondo contrasta con el rechazo del acuerdo. De ninguna conversación con Lagarde surgirá una agenda distinta al empobrecimiento popular. En todo caso, esas tratativas pavimentarían un auto-ajuste semejante al perpetrado por el gobierno de SYRIZA en Grecia.

La ilusión de alivianar los recortes aceptando el convenio se verifica en el programa del peronismo renovador. Propone compensaciones para suavizar el ajuste, desconociendo la inviabilidad de esos paliativos bajo las normas del Fondo.

El FMI no ha cambiado. Las fantasías sobre su nueva sensibilidad han sido refutadas en todos los países. Su conducta desató por ejemplo las recientes revueltas en Jordania y Haití. Las migajas de flexibilidad en el gasto social sólo incorporan una cuota de demagogia al convenio. Ilustran una cínica conciencia de los dramáticos efectos de ese acuerdo. Los popes del establishment local conocen perfectamente la tragedia que se avecina y por eso proponen mantener abiertos los comedores escolares durante 24 horas.

La complicidad del “peronismo racional” con esa pauperización salta a la vista. Aceptan negociar los recortes del presupuesto 2019, repitiendo el sostén brindado a las 120 leyes anti-populares concertadas con el oficialismo. Conviene recordar que el aval otorgado al pacto con los fondos buitres desencadenó el alocado endeudamiento del bienio.

Si se quiere evitar los despidos masivos, la pulverización del salario y la contracción del nivel de actividad hay que suspender el pago de la deuda. Esa decisión permitiría transferir el costo de la crisis a sus causantes.

La suspensión de pagos es imprescindible para frenar la hemorragia de divisas. El gasto en intereses ha trepado al segundo lugar de las erogaciones del presupuesto. Se duplicó en el bienio y consume 15 de cada 100 pesos del gasto corriente.

Los pagos de la deuda deben ser también frenados para cortar el festival especulativo con las LEBACS. La bicicleta que enriqueció a los amigos del gobierno se agotó dejando una mecha encendida. El stock de esos títulos iguala la base monetaria y el plan oficial para dolarizarlos mediante LETES conduce al colapso fiscal. La versión que atribuye la autoría de esa aventura a Cavallo es muy creíble. El ex ministro es un experto en rescates de banqueros a costa del erario público.

La suspensión de los pagos de la deuda permitiría reducir las altísimas tasas de interés que sofocan la actividad productiva. Contribuiría a utilizar en forma racional los escasos dólares que ingresan al país. No hay que despilfarrar en el casino de la City las divisas requeridas para importar insumos.

Un radical paréntesis en actual des-manejo de la deuda es también necesario para revisar quiénes son los tenedores de los títulos. Urge una detallada auditoria de las operaciones concertadas en los últimos dos años. Caputo, Dujovne y Sturzzeneger deberían desfilar por los Tribunales para explicar el bono de 100 años y las insólitas transacciones del JP Morgan durante corrida cambiaria.

Control de cambios, bancos y fondo de garantía

En 60 días se consumó la salida de 11.000 millones de dólares a la vista de todos los funcionarios. Esa cifra supera con creces los ajustes inmediatos que soportará la población. El dinero que falta en las escuelas y hospitales se esfumó a través de los bancos por la ausencia de protecciones al movimiento de capitales. Para contener esa sangría hay que instaurar el control de cambios, junto a rigurosas disposiciones de supervisión estatal del ingreso y la salida de fondos.

Este elemental cuidado de la economía está explícitamente objetado en el acuerdo con el FMI. Para asegurar el pago de la deuda el convenio prohíbe cualquier interferencia a esos desembolsos. El Fondo no prestará en bloque los 50.000 millones de dólares. Sólo transferirá en cuotas las sumas requeridas para cumplir con los acreedores y esa intermediación elevará adicionalmente el pasivo. Ningún dólar servirá para construir puentes o carreteras. Al contrario, todas las obras serán anuladas o demoradas para enriquecer a los parásitos de Wall Street.

Impedir la introducción del control de cambios es la prioridad de Lagarde. Por eso negoció con un ente de calificación (Morgan Stanley), la tramposa inclusión de Argentina en el casillero de las “economías emergentes”. Se anunció que ese status facilitaría nuevas inversiones financieras, pero las eventuales colocaciones sólo podrán efectivizarse en el exterior. El mismo maquillaje introducido con la “reparación histórica a los jubilados” (para justificar el blanqueo) se repite ahora con la farsa de la “economía emergente” (para impedir el control de cambios).

Sin manejo estatal de las divisas no hay forma de contener realmente las corridas cambiarias. Esos temblores ilustran la inconsistencia de los mitos difundidos para descalificar cualquier “cepo cambiario”. Los dólares no son bienes privados corrientes e irrelevantes para la actividad productiva. Constituyen el principal respaldo de la circulación monetaria. En ausencia de un control estatal sobre esos recursos, la economía navega a la deriva durante los vientos de cola y se estrella en las tempestades.

Hasta los propios funcionarios del macrismo comienzan a barajar eventuales medidas de supervisión. Saben que incontables gobiernos derechistas recurrieron a esas regulaciones en los momentos de crisis. Pero el oficialismo ha desplegado con tanto fanatismo las ingenuas creencias en el libre mercado, que su adopción de cualquier reglamentación carecería de credibilidad. Por eso las versiones de simple regulación del turismo desataron una tormenta. La prédica anti-populista ha estrechado el propio margen de maniobra del gobierno.

En la coyuntura actual no es muy relevante especificar cuál sería la mejor variedad del tipo de cambio controlado (múltiple, unificado, etc). Lo que resulta indispensable explicitar es el principio de soberanía. Aunque parezca insólito, corresponder recordar que el manejo de las reservas debe definirse en el país y no en Washington.

Como el gobierno resignó ese derecho, los funcionarios del Fondo determinan la utilización de las divisas del Banco Central en las transacciones diarias. Han fijado un techo de sostén a la cotización del dólar, para garantizar su libre flotación hasta precios infinitos. Que esa devaluación destruya a las familias argentinas no le quita al sueño a ningún banquero.

La introducción del control de cambios es tan impostergable como la reposición de las regulaciones eliminadas por el oficialismo. La obligatoriedad de liquidar en el país las divisas de exportación debe ser restaurada de inmediato. Si la fuga de capital no es contenida, el desplome de la economía será furibundo. En lo que va del año ese drenaje consumió 13.000 millones de dólares y desde que asumió Macri totalizó 50.000 millones.

La experiencia también indica que cualquier medida de protección de los recursos financieros exigirá nacionalizar el sistema bancario, o al menos establecer un riguroso control estatal de los préstamos y depósitos. A través de esas redes se consuman todas las operaciones que atormentan a la economía.

El control de los bancos es particularmente urgente. En su desorientación el gobierno ha comenzado a traspasar la insolvencia fiscal a las entidades, colocando bonos de dudosa cobrabilidad. No sólo la mitad de las LEBACS está en manos de los bancos. Dujovne les ofrece LETES en dólares a un tipo de cambio preferencial, sin explicar quién pagará esos títulos en el futuro. Adquirir papeles en dólares e integrarlos al encaje puede ser buen negocio inmediato, pero amenaza la solvencia de las entidades.

El control estatal de los bancos es la única forma de contrarrestar esas aventuras protegiendo al pequeño ahorrista. Argentina acumula un récord de canjes compulsivos y corralitos, que irrumpen para transferir el muerto de los bonos públicos desvalorizados. Sólo mediante un manejo estatal a tiempo se puede descargar esa cuenta sobre los financistas.

La misma urgencia presenta la recuperación del Fondo de Garantía del ANSES, que es el principal botín del FMI. Perdió 20.000 millones de dólares en la corrida porque sus administradores adquirieron bonos depreciados, mientras el gobierno utilizaba los dólares de las reservas para financiar la fuga de capital.

La letra chica del acuerdo con el FMI confirma el inminente intento de liquidar el Fondo de Garantía. Es la joya de la abuela que intentan rematar con los mismos procedimientos utilizados por Menen. No sólo es una gran caja apetecida por los acreedores. También los grandes grupos nacionales impulsan esa liquidación para recuperar las acciones que tienen en el ANSES. De esa forma esperan enterrar cualquier resabio de participación estatal en sus compañías.

El FMI exige que se afronte el gasto corriente de las jubilaciones con los recursos del Fondo de Garantía. Con esa decisión la reserva se extinguiría en poco tiempo y quedaría abierto el camino para reintroducir los fondos privados de pensión. Por eso en la carta de intención se incluyó el término “incautación” para denominar la nacionalización de las AFJP.

Los ex dueños de esas firmas buscan reabrir los juicios internacionales contra el estado para preparar su retorno. Esos estafadores se desempeñan actualmente como directores del ANSES. Para frenar el despojo es imprescindible exigir la renuncia y el enjuiciamiento de las autoridades del ANSES.

Impuestos, regulaciones y precios

El gobierno pretende circunscribir la crisis actual a un problema fiscal derivado de la historia, la idiosincrasia o el comportamiento de los argentinos. De esa forma descarga sobre la sociedad la responsabilidad del desastre que ha generado. Pero la ciudadanía no es culpable de esos desequilibrios. El bache de las cuentas públicas fue provocado por los funcionarios y sus socios capitalistas. Con su des-manejo transformaron el agudo problema precedente en una crisis fiscal.

Tampoco es cierto que todos “gastamos más de lo ingresado”. La habitual analogía del estado con cualquier familia es una falacia. Ese organismo administra las principales variables de la economía y cuenta con recursos, instrumentos y políticas ajenos a cualquier grupo familiar.

Para favorecer a los acaudalados el gobierno eliminó las retenciones al agro y la minería. También redujo otros gravámenes a los enriquecidos. Es impostergable la reimplantación de esas cargas para alivianar el agujero de las cuentas públicas. Se estima que la reducción de las retenciones sustrajo al fisco 66.000 millones de pesos, lo que representa una porción muy significativa del recorte acordado con el FMI.

Como la mega-devaluación mejoró sustancialmente las ganancias de los exportadores, el propio Fondo sugiere la reimplantación de ese impuesto. Esa eventualidad ha hecho tronar a los ministros de la Sociedad Rural.

Junto a esa reintroducción correspondería restaurar los gravámenes a los bienes suntuarios, ampliando las escalas de Bienes Personales y Ganancias. El mismo principio debería regir el reordenamiento del Monotributo y la reimplantación de los aportes patronales que financiaban la seguridad social.

Para comenzar a revertir el ensanchamiento de desigualdad social que generó el macrismo se impone, además, la adopción de un impuesto extraordinario a los ganadores del modelo (Mindlin, Lewis, Caputo, etc). Es falso que “no hay plata” porque ahora “los argentinos somos pobres”. Basta con mirar el patrimonio de 70.000 millones de dólares de las 50 familias más ricas. Gran parte de ese dinero está localizado en los paraísos fiscales del exterior frecuentados por el gabinete.

Argentina ocupa el quinto lugar del mundo en el ranking de depósitos off shore. Se estima que los capitales radicados en el exterior totalizan unos 280.000 millones de dólares. Esas tenencias deberían ser la principal fuente de recaudación adicional. Contienen dinero generado en el país con beneficiarios radicados en nuestras fronteras. Luego del último blanqueo resulta posible utilizar los archivos de la AFIP para instrumentar esa medida.

El oficialismo focaliza la crisis en el desbalance fiscal para ocultar la gravedad del desequilibrio externo. Con desgastados pretextos de eficiencia facilitó el indiscriminado ingreso de importaciones, generando el mayor déficit comercial de la historia, El fomento de la especulación financiera condujo, además, a una apreciación cambiaria que deterioró las exportaciones. El resultado está a la vista, en la total ausencia de dólares genuinos para sostener el nivel de actividad.

El macrismo también desguarneció a la economía frente a las adversidades externas. Por eso el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y las pugnas de aranceles entre las grandes potencias impactan en forma tan severa sobre el país. Sin administración del comercio es imposible revertir esos desatinos. Pero medidas más drásticas de control estatal de las importaciones y exportaciones son también necesarias para rehabilitar la economía.

Esas iniciativas deberían facilitar la recomposición del tejido social. La terrorífica escalada de carestía ya obliga a instrumentar una distribución gratuita de alimentos entre los sectores empobrecidos.

El incremento del 100% de los precios en el último trienio ha colocado al país en el ranking internacional de los afectados por la hiperinflación. Esa pesadilla se agravará en el 2018 con el esperado piso del 30%. El control estatal de los precios es la única forma de frenar ese desmadre. La efectividad de esa regulación depende de la firmeza en su aplicación. Frecuentemente se olvida que las normas vigentes permiten penalizar las remarcaciones y el desabastecimiento.

Los neoliberales y sus comunicadores suelen repetir que “esos controles fracasaron”, como si la receta opuesta hubiera dado excelentes resultados. ¿Acaso la plena libertad de precios redujo la inflación? ¿En algún lugar, producto o momento se verificaron reducciones de precios por la simple competencia entre firmas? El mercado no es un fantasma. Está dominado por formadores de precios que gestionan una ley de la selva contra la población. Ese atropello debe ser contrarrestado con el severo control del estado. El éxito de esa iniciativa depende de la participación de los usuarios.

Salarios, tarifas y reactivación

La demolición del salario ha sido detalladamente programada con el FMI. Pretenden una poda de 10 o 20 puntos en el 2018 y un techo del 8% sin paritarias el año que viene. Este nuevo sablazo puede ser evitado con aumentos de emergencia y reapertura de las paritarias.

Dujovne concertó también con Lagarde el despido de empleados públicos. Oculta las cifras pero el objetivo es dejar en la calle a 200.000 trabajadores, comenzando por drásticas reestructuraciones en Aerolíneas, Ferrocarriles y el Correo. Pretende generalizar el pánico al desempleo para debilitar la resistencia social. El ejército de parados fue la receta que introdujo Menem en los 90. Macri ensaya la misma estrategia con cesantías puntuales en lugares emblemáticos (Inti, Telam, Posadas) y una gran limpieza de contratados. Pero dosifica los atropellos en función de la reacción que provocan (“si pasa, pasa”).

Una ley prohibiendo los despidos y suspensiones durante dos años es la única forma de cortar esa andanada, que asumirá mayores proporciones con el inicio de la recesión en el sector privado. Como Macri es un experto en vetar iniciativas favorables a los trabajadores, la vigencia de esas acciones dependerá del clamor en la calle.

Entre sus múltiples agresiones el gobierno no olvida los tarifazos, que asfixian a las familias y quebrantan a las pequeñas empresas. Su justificación inicial en futuras inversiones es insostenible. Los balances de las firmas retratan enormes ganancias, que no se traducen en mejoras del servicio. Para encubrir el desfalco a los usuarios, los costos de las empresas se mantienen en un invariable secreto.

Los tarifazos son tan inadmisibles como la denigración de los subsidios. Se oculta que estas subvenciones existen en todos los países y cumplen una estratégica función de apuntalar el consumo y la producción. Con esos argumentos hay que retrotraer las tarifas a noviembre pasado y suspender los aumentos mientras dure la crisis. Posteriormente deberá discutirse una evolución acorde al incremento del salario.