Desconcierto, ambivalencia y falta de orientación por un lado, desborde de la corrupción y asesinatos de dirigentes sociales por el otro, marcan los primeros cien días de gobierno del ultraderechista Iván Duque en Colombia, en los que la ciudadanía teme que para sobrevivir apele a dos guerras simultánea: uno interna y otra contra su vecino del norte, Venezuela.

Su bombardeo verborrágico contra el gobierno venezolano, el movimiento de tropas hacia la frontera y el financiamiento a las actividades (políticas y subversivas) de los opositores radicales del país vecino, pone en vilo a la paz en la región, mientras que el estancamiento en la puesta en marcha de los acuerdos de paz con la guerrilla y el asesinato sistemático de dirigentes sociales, junto a la reaparición del paramilitarismo, hace temer un rebote armado en el país.

El fiscal general de Colombia (desde 2016), Néstor Humberto Martínez, quedó este miércoles en el centro de la polémica por una grabación que demostraría que desde 2013 sabía de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagaba al gobierno y no denunció el hecho. Jorge Enrique Pizano testigo en el caso Odebrecht, fue encontrado desmayado en el baño de su casa el jueves pasado; lo llevaron a un hospital, donde fue declarado muerto por un ataque cardiaco. Sus familiares cremaron el cuerpo sin hacerle una autopsia.

Su hijo Alejandro, llegó desde España para su funeral. El domingo bebió un sorbo de agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre. Percibió un sabor extraño, cayó desmayado, murió: la autopsia determinó que el deceso fue provocado por envenenamiento con cianuro.

Al día siguiente, la televisora Noticia Uno reveló una violenta conversación sostenida en 2015 entre el fiscal Martínez (entonces abogado de la empresa Aval) y el ingeniero Pizano, que como auditor de Ruta del Sol II (un proyecto de Odebrecht y Repisol, del grupo colombiano Aval, que nació un tramo de 528 kilómetros de una carreta hacia el Caribe a un costo de más de mil millones de dólares) ayudó a la Fiscalía a investigar sobornos por parte de la trasnacional brasileña, lo que reveló que el ahora fiscal estaba enterado de los pagos ilegales desde 2013.

Como auditor detectó irregularidades sobre pagos realizados por la constructora brasileña y en agosto de 2015 se las comunicó a Martínez personalmente, que entonces era abogado del conglomerado. Durante la grabación, el abogado Martínez cuestiona al ingeniero Pizano: "Hijo de puta, esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto?". Pizano admite que él no está seguro si los pagos eran licitaciones, al insinuar que podría tratarse de gastos para grupos paramilitares.

Pizano ya había sido contactado por la fiscalía para que rindiera testimonio sobre el caso Odebrecht, en el juicio contra Luis Fernando Andrade, ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, uno de los acusados. La diligencia se aplazó por el grave accidente que “casualmente” sufrió en octubre pasado la fiscal del caso durante sus vacaciones en Chile. También negociaba con el FBI estadounidense para declarar como “testigo priotegido”,

¿Mano fuerte contra la corrupción? Queda bien como consigna de campaña. Pero la realidad muestra su protección a dos figuras salpicadas por escándalos como Alberto Carrasquilla (exministro de Hacienda y Crédito Público, involucrado en el escándalo de los Papeles de Panamá: se enriqueció con el endeudamiento de más de 100 municipios en la emisión de bonos de acceso al agua) y Alejandro Ordóñez, embajador ante la Organización de Estados Americanos, y con causas abiertas por tráfico de influencias y cohecho ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

¿Hasta cuándo llegará la impune masacre de líderes sociales y excombatientes en Colombia? La matazón cobró nuevo impulso con la reaparición de grupos paramilitares: a principios de semana asesinaron a Álvaro Gómez Garzón la víctima 39 desde que Iván Duque asumió el gobierno, que se suma a los otras 181 en lo que va del año y a los 385 masacrados desde que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señala que entre enero y agosto de este año aumentaron significativamente las muertes violentas en el país, una cifra que alcanza ya más de 9.384 homicidios, mientras que en el mismo período de 2017, se registraron 8.660 casos.

Todo esto ocurre sin que el Estado colombiano (gobierno, Congreso y tribunales) haga nada por impedirlo, y ante el escandaloso silencio de los organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Unión Europea y los llamados Periodistas Sin Fronteras.

No hay hoja de ruta en el gobierno de Duque, prima el desconcierto y la desorientación, mientras se desconocen los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y se desarticulan las negociaciones con el otro grupo armado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La sensación es que Duque preside, pero no gobierna, y su popularidad, en apenas tres meses, ha decaído más de diez puntos porcentuales.

Para Jerónimo Ríos Sierra, son tres los atributos que mejor definen los primeros cien días del nuevo mandatario colombiano: incumplimiento de sus promesas electorales, inacción por la carencia de nuevos proyectos y desconcierto porque la ambivalencia y la falta de hoja de ruta lastran cualquier proyección futura que permita dilucidar cuál puede ser la senda del nuevo presidente.

En su campaña insistió que en Colombia no se podían subir los impuestos, pero bajo la eufemística denominación de “Ley de financiamiento”, impuso una reforma tributaria de estricto cariz regresivo que lo que hace es gravar incluso la canasta familiar en todos sus bienes con un tipo del 18%, haciendo caso omiso a la precariedad salarial y la informalidad que definen una de las sociedades más desiguales del mundo y, por extensión, de mayor concentración del ingreso per cápita del país.

Duque, ahijado político del presidente ultraderechista y genocida Álvaro Uribe, abrió la prerrogativa para que el Congreso –en manos de la ultraderecha- controle el 20% del presupuesto nacional, lo que estimula las redes clientelares, mientras se abstuvo de atender el mandato popular en la lucha contra la corrupción.

En su campaña habló de sostenibilidad ambiental y de la importancia de lo que llamó la economía naranja, pero estimula el fracking como forma de extracción de petróleo y se han comprometido esfuerzos con Estados Unidos por retornar a la aspersión con glifosato con la excusa de mitigar el auge de la superficie cocalera cultivada, que conlleva el deterioro de los cultivos convencionales y suma al desplazamiento forzado que este tipo de prácticas ha dejado: más de ocho millones de desplazados internos.

Queda en el humo su promesa electoral de que para 2030 la mayoría del parque automotor lo constituyan los coches eléctricos. En lugar de estimular a estos vehículos no contaminantes, a la cual no ayuda el hecho de haber incrementado de un 5% a un 18% los impuestos al empleo a este tipo de sector automovilístico.

También señaló en su campaña que educación y cultura eran el binomio nuclear de cualquier progreso social, pero con la reforma tributaria, el material escolar o los libros casi cuadruplican el impuesto de consumo, a lo que se suma la creciente desinversión en la educación pública universitaria, en huelga indefinida (recibe un 90% menos de recursos de lo que lo hacía hace tan solo dos décadas), en un proceso dirigido a la pauperización y precarización de la educación… y su mercantilización.

Un grupo de universitarios ingresó de forma pacífica a la sede administrativa del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá, este miércoles para exigir al Gobierno que escuche a los estudiantes, el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, aclarar la presunta desaparición de un joven dentro de las marchas estudiantiles y la revisión del proyecto de la Ley de financiamiento.

En definitiva, y por todo lo anterior, la agenda de los primeros 100 días está marcada por promesas desatendidas y por la inacción, sobre la base de una agenda de mínimos, poco comprometida y carente de orientación. La luna de miel que acompaña a los cambios de gobierno, y en donde, se anuncian medidas -generalmente de inversión social- que garanticen victorias tempranas, son inexistentes. Pero en los gobiernos anteriores sólo lo hizo el socialdemócrata Ernesto Samper.

Ante las duras críticas recibidas por su actitud ambivalente, Duque anunció que en febrero de 2019 presentará al Congreso un difuso plan de desarrollo –¿su hoja de ruta faltante?- en el que el 47 % de las inversiones estará concentrado en la “equidad”. El problema es que ya perdió la confianza del ciudadano y le será difícil recuperarla: vilipendió su período de gracia y, desorientado, continúa con el mismo discurso.

El miércoles repitió lo mismo que en su campaña: desarrollar políticas encaminadas a mejorar la eficiencia y la transparencia en la justicia, a combatir la informalidad en todas sus expresiones, a eliminar las trabas tributarias a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo de promover la llamada economía naranja, la tecnología financiera, los servicios digitales y las industrias creativas y a reducir las desigualdad con metas precisas sobre la diminución de la pobreza monetaria y multidimensional. Amén.