Al cumplirse el cuarto año del asesinato de la luchadora ambientalista hondureña, Berta Cáceres, familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que el Estado de Honduras "sigue en deuda" en este caso.

Pese a que siete de los ocho acusados por el asesinato en marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres han sido condenados, el Estado está en deuda denunció a mediados de febrero la Misión de Observación que ha dado seguimiento al juicio por el crimen de la líder indígena.

El juicio por el caso tuvo numerosas demoras y postergaciones, la Justicia negó la representación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y de la familia Cáceres como querellantes.

Únicamente fueron juzgados los autores materiales, a pesar de que la prueba reunida por Copinh daba cuenta de la participación de varios integrantes de la Junta Directiva de la empresa DESA (en especial miembros de la familia Atala Zablah) en la planificación del crimen.

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpables el 29 de noviembre de 2016 a  Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillos, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte por el asesinato de Berta Cáceres.

Desde la organización indígena recordaron que falta juzgar a autores intelectuales del asesinato, como David Castillo, gerente de DESA e integrantes de la familia Atala Zablah.

Por ello Copinh exhorta al Ministerio Público a dejar de poner excusas para procesar a Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, entre otros, por el femicidio de Berta.

La demora y la falta de justicia es una de las principales deudas que mantiene Honduras con la familia de la defensora ambiental.

De acuerdo al informe  “Una deuda histórica de la justicia” presentado el pasado mes de febrero por la Misión de Observación Calificada ninguno de los sospechosos de la autoría intelectual del crimen de Cáceres ha sido sentenciado a pesar de las pruebas de su participación como el caso del David Castillo.

El abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California, Joseph Berra, afirma que la ambientalista hondureña vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco.

“Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA  el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.” señala el abogado Berra.

“Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra.

“Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos” añadió el abogado.

“La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.” comentó Berra.

En relación a las deudas del Estado hondureño en relación al asesinato el informe de la  Misión de Observación Calificada señala la falta de medidas para asegurar la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

También destaca la violación a las normas internacionales como el Convenio 169, y el desarrollo de un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.

Al cumplirse un nuevo año del asesinato de Berta Cáceres el pedido de justicia y castigo sigue vigente en Honduras.