Los Pandora Papers, el más reciente escándalo sobre las riquezas disimuladas y delitos financieros de los millonarios y multimillonarios, sacaron del baúl un lugar inesperado como albergue de las violaciones impositivas y de sus chanchullos «legales»: el estado de Dakota del Sur, en el Medio Oeste estadounidense, el territorio original de los menos conocidos Arikara, y los muy conocidos Cheyennes y Sioux, famoso por los filmes de vaqueros y también por los bustos de cuatro presidentes de EE. UU. esculpidos en el Monte Rushmore o Colinas Negras.

El rastro contenido en los casi 12 millones de documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha llevado hasta el estado que una vez fue agrícola y ganadero bajo el dominio de latifundistas, y que en la década de 1980 decidió mejorar su situación económica convirtiéndose en un centro financiero, surtiendo de beneficios fiscales a bancos que estuvieran interesados en instalar allí sus sedes corporativas.

Pequeñas o medianas entidades de la banca se transformaron desde entonces en la principal fuente de renta del estado y en un competidor de Panamá, Islas Caimán, Singapur o Suiza, entre otros paraísos fiscales.

«Multimillonarios turbios de todo el mundo van a Dakota del Sur», dijo Chuck Collins, periodista coeditor de Inequality.org en el Instituto de Estudios Políticos y autor de The Wealth Hoarders: How Billionaires Pay Millions to Hide Trillions (Los acaparadores de riquezas. Cómo los billonarios pagan millones para esconder trillones).

En un artículo publicado en Common Dreams, Collins da ejemplos no solo de los delitos financieros, sino también de violaciones laborales:

El barón brasileño del jugo de naranja Horst Happel fue multado con 88 millones de dólares en 2016 por pagar menos a sus trabajadores, y encontró la solución en 2017, trasladando una riqueza sustancial a un fideicomiso en Dakota del Sur.

Carlos Morales Troncoso, exvicepresidente de la República Dominicana, quien dirigía la empresa azucarera Central Romana, fue acusado de violaciones de derechos humanos y estableció fideicomisos para sus hijas en las Bahamas, que fueron trasladadas, después de su muerte, a Dakota del Sur.

Obvio escoger al estado porque los fideicomisos son permanentemente privados y su existencia no es pública. Es decir: gozan del más estricto secreto, y aunque ahora se habla de que el Congreso de Estados Unidos está valorando una legislación que ponga freno a la evasión fiscal de los multimillonarios, apenas la está considerando el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, y se dice que su alcance no lleva el freno muy lejos.

Las grandes corporaciones han hecho lobby durante décadas, cualquiera que sea el color partidario de quien esté en la Casa Blanca, para reducir sus cargas impositivas; y para nadie es un secreto que no pocas veces se salen con la suya, en detrimento siempre de los gastos públicos en educación, salud pública u otras inversiones esenciales para beneficiar a los estadounidenses menos favorecidos.

Los datos que suministra la Oficina de Administración y Presupuesto de EE. UU. son categóricos: el porcentaje en los ingresos federales totales por impuestos corporativos cayó del 32,1 por ciento en 1952 al 6,6 por ciento en 2019, y una encuesta del Gobierno encontró que las multinacionales pagaron una tasa impositiva promedio de 7,8 por ciento en 2018. Incluso, el Instituto de Impuestos y Política Económica encontró que 55 grandes y rentables corporaciones estadounidenses en realidad pagaron cero impuestos federales sobre la renta el año pasado.

Los cabilderos de esas corporaciones alegan que el pagar menos impuestos incentiva sus inversiones y beneficia a los trabajadores; sin embargo, según la Oficina de Administración y Presupuesto y el Instituto de Política Económica, cuando los ingresos por impuestos corporativos ocuparon el 21,8 por ciento de todos los ingresos federales en 1965, la proporción promedio entre el CEO (sigla para el término en inglés Chief Executive Officer que se traduce al español como director ejecutivo) y el salario medio de los trabajadores fue de 21 a uno.

Pero después de los recortes de impuestos que hicieron fundamentalmente las administraciones republicanas, los ingresos por impuestos corporativos cayeron a solo el 6,6 por ciento de los ingresos federales en 2019, mientras que la relación salarial CEO-empleado promedio aumentó a 320 a uno.

La pandemia de la COVID-19 creó o exacerbó una crisis económica imprevisible, y la agenda Build Back Better que se está negociando en el Congreso ahora, y que pretende una economía más equitativa, sostenible y resiliente ante futuras crisis, tendría que incluir una reforma tributaria que pondría freno al malsano quehacer corporativo con un nuevo impuesto mínimo.

La Build Back Better —que pudiéramos  traducir como Reconstruir Mejor—, es el plan del presidente Joseph Biden para la recuperación económica y laboral tras la pandemia, y los vericuetos que encuentra en su camino son muchos.

Estos son algunos de los entuertos que a nivel global esconden los paraísos fiscales para enriquecer aún más a los más ricos, y Dakota del Sur no es el único lugar en Estados Unidos que engorda a quienes irían al cuarto círculo del Infierno de Dante, condenados a empujar enormes pesos de oro proporcional a las riquezas que acumularon con su avaricia.

Fueron identificados 201 fideicomisos en EE. UU., 81 con sede en Dakota del Sur, donde están depositados 360 000 millones de dólares, cuadruplicados en la última década, según las filtraciones.

También fueron mencionados en los Pandora Papers Delaware, Florida, Nevada y Texas, y aunque las corporaciones estadounidenses apenas asomaron en los 11,9 millones de documentos, el imperio no es ajeno a esa y cualquier otra forma de corrupción, de manera que Estados Unidos aparece registrado por el Tax Justice Network (Red por Justicia Fiscal) como el número dos en la lista de los paraísos fiscales.

Con razón Alex Cobham, jefe ejecutivo de esa coalición de investigadores y activistas preocupados por los efectos dañinos de la evasión de impuestos y los paraísos fiscales, ha sentenciado: «El presidente Biden debe igualar su propia retórica sobre el cierre de las finanzas ilícitas globales y comenzar con el mayor delincuente: su propio país».