Los últimos acuerdos establecidos entre EE. UU. y Brasil en materia de defensa, así como las revelaciones sobre los sesgos políticos de la operación Lava Jato, reflejan la senda de subordinación del país suramericano a los intereses geoestratégicos estadounidenses.

Hace unos días el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comunicó alegremente que Brasil fue aceptado por Estados Unidos (EE. UU.) como aliado extra-OTAN, un estatus especial que posibilita la entrega de artículos excedentes de defensa y la organización de maniobras conjuntas. Ello había sido adelantado durante su visita a Washington a mediados de marzo, cuando Trump afirmó que estaba considerando conceder privilegios militares a Brasil “ya sea en la OTAN o en algo relacionado con una alianza”[1].

Las relaciones de larga data entre Brasil y EE. UU. en el campo militar y de seguridad se han profundizado durante el Gobierno ilegítimo de Michel Temer.[2]De ese periodo destacan el incremento de los intercambios relacionados con la industria de defensa, ejercicios militares de gran envergadura, como la Operación América Unida[3], y un nuevo impulso a las negociaciones para la utilización de la base de Alcántara. Desde antes de ser elegido, Bolsonaro advirtió que priorizaría las relaciones del sector de defensa con EE. UU. (y también con Israel).[4] Este privilegio es un hecho y aparece como marca del quiebre entre un proceso que proyectaba a Brasil como jugador clave en la geopolítica mundial y un proyecto subordinado los intereses del sector público-privado estadounidense.

Utilización de la base de Alcántara

El corolario de la subordinación del gigante suramericano a los lineamientos de seguridad hemisférica estadounidense es la firma del Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas, asociado a la participación de EEUU en lanzamientos espaciales desde la base de Alcántara, garantizando el manejo adecuado de la tecnología sensible de EE. UU. [5] Después de casi dos décadas de negociaciones (iniciadas durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso e interrumpidas en el primer Gobierno de Lula), el acuerdo fue firmado el 18 de marzo en Washington por el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y No Proliferación de EE. UU., Christopher Ford, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo. Está pendiente la aprobación por el Congreso brasileño.

Construida en los años ochenta para impulsar el sector aeroespacial brasileño, la base ubicada en Maranhão tiene una posición geoestratégica fundamental. A sólo 2 grados al sur de la línea del Ecuador y más próxima a la órbita geoestacionaria, garantiza un ahorro de cerca del 30 % en el combustible usado para los lanzamientos. Asimismo, el acceso a la base significa el cierre, desde el Atlántico, del arco de posiciones militares estadounidenses que rodea todo el gran Caribe y la cuenca amazónica.

En  este rubro de uso del espacio hay que destacar que Brasil es el único país de la región que suscribe al acuerdo de SSA que firmaron el Departamento de Defensa de EE. UU. y el Ministerio de Defensa brasileño a través de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en 2018.[6]

La vía judicial

Las revelaciones recientes realizadas por The Intercept Brasil permiten visibilizar una radiografía del lawfare en el caso Lava Jato.[7]En esta coyuntura, no es menor mencionar los acuerdos institucionales establecidos por Sergio Moro (actual ministro de Justicia) en el marco de la visita de Bolsonaro a EE. UU. El acuerdo con el FBI prevé el intercambio de informaciones que permite a las respectivas autoridades del sistema jurídico proporcionar datos sobre huellas dactilares obtenidas legalmente. El acuerdo firmado con el Homeland Security habilita el trueque de oficiales en programas desarrollados por los dos países, principalmente para facilitar la mutua disponibilidad de informaciones sobre amenazas en las fronteras de Brasil y EE. UU.[8]

La vía judicial también viene ganando influencia en el campo estrictamente militar. En marzo de 2018 se realizó un Intercambio entre asesores jurídicos de las Fuerzas Armadas (FF. AA). brasileñas y estadounidenses para tratar temas relacionados con la Justicia Militar, Derecho Administrativo y Derecho Operacional.[9]

Triangulando la subordinación

Brasil también se subordina en términos de seguridad a Israel, Estado satélite de EE. UU. Eso quedó plasmado durante el reciente encuentro entre Bolsonaro y Benjamin Netanyahu, que resultó en la firma de acuerdos en distintas áreas estratégicas, entre ellos, la firma del Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa que proporciona un marco legal para iniciativas militares conjuntas y habilita lazos más estrechos en este campo.[10]

También fue firmado un memorando de entendimiento sobre seguridad cibernética y se habló de posibilidades para el área de satélites.[11] Lo último es fundamental en el marco del acceso de EE. UU. a la base de Alcántara. En lo que se refiere ciberseguridad, hay que aclarar que implica la ampliación del espionaje cibernético y un mayor control en este ámbito (fundamental para la seguridad nacional estadounidense); en este rubro las empresas israelíes están en la vanguardia.[12]

Bolsonaro y Netanyahu también se comprometieron a profundizar la cooperación bilateral en seguridad pública y en el combate al crimen organizado. En dicho ámbito, el entusiasmo sobre el acercamiento con Israel viene tanto del Gobierno federal como del gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quien estuvo en ese país antes de tomar posesión para familiarizarse con productos que podrían ser adoptados por las fuerzas de seguridad fluminenses.[13]

De militar a militar

El adiestramiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas es uno de los brazos fundamentales de la política de seguridad estadounidense hacia la región. Durante su visita a Brasil a inicios de 2019, el comandante del Comando Sur, Craig Faller, mencionó que estaba buscando maneras “pragmáticas y prácticas” de profundizar los tradicionales lazos entre las FF. AA. brasileñas y estadounidenses.[14] Esto podría incluir un mayor intercambio de información e inteligencia, y una participación más robusta en ejercicios militares, así como en intercambios educativos. En esta línea, en lo que va del Gobierno de Bolsonaro, se destacan algunos hitos:

• En febrero es ratificado un plan quinquenal entre las Marinas de ambos países en el marco de los Comités Operacionales de Infantería Naval. El general de División y comandante de Desarrollo Doctrinario del Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil, Nélio de Almeida, afirma que la institución tiene intercambios organizados con otros países, “pero no están tan bien estructurados como con los estadounidenses”.[15]

• Por primera vez en la historia, un militar brasileño ocupará una posición de relevancia en el Comando Sur. En febrero, el Ejército brasileño designó al general Alcides Valeriano de Faria Júnior para operar como vicecomandante de interoperabilidad.[16]

• En marzo se firmó una declaración conjunta entre la Guardia Nacional de Nueva York y las FF. AA. de Brasil para establecer el Programa de Asociación Estatal que forma parte del programa que une a las guardias nacionales estadounidenses y a las fuerzas armadas de las consideradas “naciones socias”.[17]

• En abril se realizó un intercambio de expertos en operaciones psicológicas de unidades de operaciones especiales de los ejércitos de ambos países para compartir mejores prácticas.[18]

En un contexto de cerco militar permanente hacia Venezuela (establecimiento de posiciones militares con bases, ejercicios, etc.) y amenaza de intervención humanitaria, el rol que viene jugando Brasil es fundamental, aunque las autoridades nieguen una participación directa del país en una posible intervención. Por ejemplo, en los últimos 12 meses se han destinado 67 millones de dólares para apoyar las medidas militares de la Operación Acogida en el estado de Roraima, frontera con Venezuela, que comenzó en marzo de 2018 con la meta de recibir a los “refugiados” venezolanos que llegan a Brasil. Estos gastos han superado lo que las FF. AA. brasileñas han invertido en ayuda humanitaria en Haití (la misión más larga que desarrolló Brasil, que duró 13 años).[19]

Seguridad y recursos naturales

Las políticas de seguridad de EE. UU. hacia América Latina y el Caribe están, desde hace décadas, orientadas a garantizar el acceso y control de los recursos naturales. En el caso brasileño, la profundización de los vínculos en materia de defensa y seguridad con el país del norte va de la mano con la apertura de los mercados a las empresas estadounidenses, en especial del sector de hidrocarburos. Ese paralelismo está expresado de forma evidente en los objetivos y recomendaciones del Brazil-U.S. Business Council, la principal organización de lobby empresarial dedicada al fortalecimiento de la relación económica y comercial entre Brasil y EE.UU.

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BRAZIL-U.S. BUSINESS COUNCIL

Grupo de Trabajo de Defensa y Seguridad

Patrocinado por Lockheed Martin y Bae Systems

Objetivo: Fomentar mejores relaciones entre Brasil y los Estados Unidos para ayudar a garantizar el crecimiento de las capacidades de defensa y seguridad de Brasil, creando oportunidades para las empresas estadounidenses.

Recomendaciones:

• Aprovechar el Diálogo de la Industria de la Defensa (DID) como una plataforma para promover las prioridades del sector privado y las oportunidades comerciales en las áreas de:

• Sociedad comercial e industrial.

• Reconocimiento mutuo de la certificación de producción militar.

• Política reguladora e industrial.

• Respaldar la revisión de la Ley 12.598/2012, específicamente la definición de una empresa de defensa estratégica, para permitir que las empresas estadounidenses participen mejor en las licitaciones públicas para la compra y/o desarrollo de productos y sistemas de defensa.

• Apoyar la aprobación en el Congreso Nacional de Brasil de PDC 424/2016, del Acuerdo de Transporte Aéreo (ASA o Open Skies).

• Apoyar el avance de las discusiones sobre un Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas (TSA) como un paso preliminar hacia una sólida agenda de cooperación espacial bilateral.

• Promover la flexibilización de las medidas de control de exportaciones de Estados Unidos para productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso que se exportan a Brasil.

• Aplaudir a los gobiernos de Brasil y EE. UU. por comprometerse a promover la Asociación de Aviación y los esfuerzos para alinear la experiencia del sector privado con las oportunidades de inversión.

• Apoyar la reanudación del Diálogo de Cooperación para la Defensa, que sirve como plataforma para que ambos gobiernos aumenten su participación en temas de defensa y seguridad en el más alto nivel político.

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BRAZIL-U.S. BUSINESS COUNCIL

Grupo de Trabajo de Petróleo y Gas

Patrocinado por Chevron y General Electric

Recomendaciones:

• Alentar a los gobiernos federal, estatal y municipal de Brasil a simplificar el proceso de licencias ambientales, adoptando criterios claros para evitar riesgos innecesarios, retrasos significativos e incertidumbre para los inversores.

• Apoyar más discreción para las empresas con respecto al requisito de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de Brasil de que inviertan en Investigación, Desarrollo e Innovación (PD&I) con universidades acreditadas o instituciones nacionales de investigación y desarrollo.

• Apoyar a que el Gobierno brasileño adapte las actividades del sector del gas natural al nuevo mercado y promover la apertura del mercado a inversionistas privados extranjeros y nacionales.

• Promover la manera más efectiva de desarrollar las reservas brasileñas de Pre-Sal y permitir que inversionistas privados de cualquier origen operen proyectos con hasta el 100% de participación en la inversión.

• Apoyar la renovación del Régimen Aduanero Especial para la exportación e importación de productos de petróleo y gas (REPETRO) en Brasil, lo que permite reducir la carga fiscal para una exploración y producción más rentable de petróleo y gas. (Realizado en 2017)

• Oponerse a dos iniciativas del estado de Río de Janeiro, que crean un impuesto de monitoreo ambiental y un impuesto al valor agregado en los sectores de petróleo y gas natural.

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