De repente se instala una idea: circula la noticia de que habrá una liberación masiva de presos, que implica una amenaza para la población.

Los grandes medios de comunicación, particularmente aquellos que se encuentran “engrietados” con el gobierno, levantan la versión, mandan al freezer cualquier chequeo propio del profesionalismo periodístico, y ayudan a que se instale. Funcionarios claves del elenco gobernante nacional y de la Provincia de Buenos Aires, aportan lo suyo. El efecto es inmediato: miedo. Y luego el hermano mayor de ese sentimiento: el odio.

El Estado, habilitado por la irrupción de lo desconocido, se blinda. Sectores de la sociedad que piden un Estado “mínimo” en la intervención económica, paradójicamente se muestran como una minoría intensa que aboga por un Estado fuerte en el terreno de la represión. Pero hay más, con esta muletilla: sectores que ven sus condiciones de vida empeorar día a día, son buscados para dar cuerpo social a una campaña así. Buscan desviar de ese la bronca por una situación social que tiene responsabilidades más grandes que el invisible Covid-19: los grandes empresarios y los bancos, con complicidad estatal. La discusión sobre “los presos”, en este sentido, tiene una funcionalidad concreta y peligrosa que hay que discutir y combatir.

Las cárceles

La discusión sobre los presos se suscitó a partir de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal (acompañada luego de otras de tribunales y cortes provinciales), que instaba a habilitar prisiones domiciliarias monitoreadas a detenidos por delitos no violentos, a las mujeres embarazadas o con hijos, a los que estén a punto de tener salidas transitorias y a los mayores de 60 años con riesgos de salud, fundamentalmente.

La resolución partió originalmente de recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericada de los DD. HH., de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, a partir de la grave crisis sanitaria que abrió el coronavirus en las unidades carcelarias. Fue, de hecho, la misma directiva que se aplicó en numerosos países, con gobiernos de signos políticos disímiles como Estados Unidos, China, Italia, España o Francia. Esa crucial información fue oportunamente silenciada en buena parte de los medios de comunicación.

La situación de riesgo de los presos, que están naturalmente imposibilitados de cumplir con el aislamiento recomendado, no la describe solo la izquierda, ni siquiera el progresismo. El diario The New York Times, que a todas luces no es trotskista, planteó que “las cárceles de todo el mundo se han convertido en potentes zonas de transmisión del coronavirus, lo que ha obligado a que algunos gobiernos tengan que liberar a cientos de miles de presos en una lucha por frenar la propagación del contagio tras las rejas”. Como veremos, acá hablamos de un número muy, pero muy menor.

Lo que no se dice (y lo que se dice mal) sobre la supuesta “liberación” de presos

Las fake news fueron, como suele suceder, la artillería para esa batalla de una “multipartidaria y multisectorial” punitivista. Se mintió sobre absolutamente todo. Se dijo que estaba en discusión una liberación masiva. Pero no se discutió la liberación. Solamente fueron beneficiados por la prisión domiciliaria 320 presos de los 12.600 alojados en el Servicio Penitenciario Federal, según cifras oficiales. ¿Pero a quién le importan los números al momento de instalar una mentira?

En su intervención en una sesión de la Legislatura porteña, por ello mismo, hicimos algo que no suelen hacer los portavoces de campañas envenenadas: arrojar cifras. Así, dejamos en claro que “un 40 % presos que ocupan las cárceles federales están detenidos por violación a la legislación que tiene que ver con las drogas”, la mayoría de ellos por narcomenudeo, es decir, no jefes narcos. Presos por homicidios hay 6 %, una cifra similar a la de detenidos por delitos contra la integridad física. Y lo más importante: más de la mitad de los detenidos no tienen condena, por lo que según la propia legislación penal, se trata de personas inocentes “hasta que se demuestre lo contario”.

La otra cifra que no se menciona la arroja la periodista Irina Hauser: la discusión, que ganó todos los medios de comunicación durante días se refiere exclusivamente a 480 personas. Entre el 17 de marzo y el 17 de abril hubo 2.200 egresos del servicio penitenciario bonaerense: 1.601 tenían la pena cumplida, o les correspondía la libertad condicional o asistida; 599 fueron prisiones domiciliarias ligadas a factores de riesgo de contraer coronavirus. En el mismo período el año pasado salieron de las cárceles 1.720 personas. La diferencia interanual es de 480 presos. Menos de 500 personas sobre una población nacional de 45 millones. Y sin embargo se habilita esta campaña ponzoñosa. ¿Por qué será?

De lo que tampoco se habló es que el motivo por el que en varios países se liberaron presos, no fue por humanitarismo, sino por las consecuencias que puede tener a nivel estatal la crisis sanitaria en las prisiones. Las poblaciones carcelarias son focos de cultivo por estar forzosamente confinadas en condiciones de hacinamiento y con nulas medidas de higiene, por lo que vienen siendo a nivel mundial uno de los sectores con mayores índices de propagación del virus, infecciones y muertes. Eso implica no solamente que se infecten los propios reclusos, tema que muchos desdeñan, sino también que el coronavirus se expanda veloz y ferozmente al conjunto del tejido social. Los portavoces contra la campaña de la “liberación de los presos” no se detienen en estos detalles.

Luego, claro, llegan los burdos contornos que asume la utilización política del tema. El propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentaba la afable fábula sobre presos paseando por las calles mientras “la gente” está encerrada. Una ex Jugate Conmigo en funciones de diputada nacional macrista, Felicitas Beccar Varela, lo elevó a distopía de Ray Bradbury y habló de “brigadas de presos que salen a apretar jueces”.

La lógica es clara: se exagera y se tuerce una realidad que es convertida en amenazante ficción, mientras se ignora la resolución de problemas verdaderamente acuciantes, como la crisis habitacional y sanitaria en los barrios de emergencia, como la Villa 31, donde crecen contagios y muertes, pero sí se cuestionan los presuntos beneficios de los detenidos que son considerados un despojo social, que no merecen derechos de ninguna índole. No se habla de poblaciones que a veces duplican la capacidad, no se menciona la comida podrida, se omite hablar de las plagas que asolan los penales. Nada.

Así, la psicosis fue dada a luz. Sin embargo el bloque ideológico antiliberación de presos, padre de dos cacerolazos, es muy plural. Va desde el macrismo, a los grandes medios. Desde Patricia Bullrich, a Sergio Berni y Sergio Massa. La mano dura tiende puentes por encima de la grieta. Tan considerable fue el impacto de la campaña, que el propio gobierno evitó quedar avalando el planteo de las prisiones domiciliarias, haciéndose eco del tañer de las cacerolas y quitando sustento, al mismo tiempo, a los cacerolazos, que se fueron pinchando.

Fake news, miedo social y unidad nacional

Campañas políticas como esta contra “la liberación de presos” son siempre acompañadas por medios de comunicación que se ubican a un lado y otro de la “grieta”. La operación es sencilla. Se parte de una media verdad para torcerla, exagerarla, inflarla, opacarla y, finalmente, convertirla en una flagrante mentira. Pero una mentira que reviste forma de verdad y que se convierte en un acto político. Y un acto político que tiene un objetivo movilizador: dar cuerpo y alma a una base social para políticas reaccionarias. El lado B de la “unidad nacional” contra la pandemia, es la búsqueda de una “unidad” contra enemigos que, esta vez, no son invisibles.

Para ese fin la verdad no interesa. Un diario publicó la brutal noticia de un femicidio, contando que el preso salió de su detención y salió a matar a su ex pareja. La noticia no tenía nada que ver con esta discusión: era de octubre. ¿Pero esos detalles qué importan? Así arranca un lavarropas de mentiras y medias verdades. Se dice que “se liberan presos” cuando se discute prisión domiciliaria. Se mezcla a ladrones de celulares con asesinos. A personas condenadas por delitos contra la propiedad con “los corruptos”, entre ellos personas condenadas por sus responsabilidades políticas en horrendos crímenes sociales, como Ricardo Jaime en la Masacre de Once. Se oculta, de paso, que esas personas tienen condiciones de detención muy diferentes a los reos comunes, que son los más afectados por detenciones penosas. Y se silencia, no casualmente, que detenidos por crímenes de lesa humanidad también se vieron beneficiados, sin que se echen ríos de tinta o golpes a las cacerolas como contra “los chorros” o los violadores (que no debieron ser beneficiados por esta medida). Las cacerolas son inmunes a esas noticias.

Se pone el eje en la falsa liberación masiva de presos para no discutir que hay sistemas carcelarios degradantes, una situación social que se vuelve cada día más acuciante y, más en general, un sistema social que no tiene ninguna salida de fondo para ofrecer, ni cambios estructurales favorables a las masas.

Bonapartismo: “moda” mundial y producto nacional

La discusión en torno a las cárceles en nuestro país es un capítulo, uno nuevo, en el que se discute un endurecimiento del Estado. Hay que decir que este no es solo un producto regional “autóctono” de Argentina. En todo el mundo, los mismos gobiernos que actuaron con absoluta desidia al comienzo de la crisis del coronavirus, aprovechan la conmoción para “administrar sus propias crisis políticas”, colocar a las Fuerzas Armadas en las calles, relegitimar a sus aparatos represivos, cerrar los parlamentos, declarar toques de queda, entre otras medidas autoritarias y centralistas. Se restringen las libertades democráticas, se empodera a un Estado con sus fierros represivos al frente, y se busca una base social para ello. Lo que algunos llamaron “la tentación autoritaria ”.

En nuestro país, en un contexto de crisis económica que golpea con brutalidad creciente sobre trabajadores, monotributistas y desocupados pero también sobre comerciantes y sectores medios, el mismo Estado que no presenta un plan sanitario acabado frente a la gravedad de un escenario de pandemia mundial, y que menos ofrece medidas para enfrentar el hundimiento económico de grandes mayorías sociales, también dio curso a medidas de este tipo. El plan parece ser cuarentena, tibias medidas sociales, despliegue de la policía y el ejército, y una hipertrofia de la figura presidencial.

La virtual clausura del Congreso como lugar central donde se expresen las posturas y se presenten alternativas a la salida de la crisis en curso, coronada con un curioso ensayo fallido de reunión virtual, luego de casi de 50 días de cuarentena (!); la búsqueda de relegitimar a las Fuerzas Armadas, poniéndolas en el rol de reparto de alimentos en lugar de apelar a sindicatos y movimientos sociales; la saturación policial en los barrios populares (con el consiguiente salto en denuncias de brutalidad); el discurso donde el presidente en persona “reta” a la población, instando a “los vecinos” a que pongan en caja a todos los que no se “queden en casa”, no son hechos caóticos que meramente ocurren, sino que son parte de un plan para remachar un aparato estatal que, en última instancia, sigue relamiendo las heridas abiertas en el 2001. Hay crisis social y sanitaria, pero en lugar de invertir en subsidios de 30 mil pesos para los desocupados, o realizar testeos masivos, se hace un costoso despliegue de policías y militares.

Frente a la crisis, frente a lo excepcional, se fortalecen los aspectos bonapartistas, autoritarios del Estado: se concentra poder en pocas personas. Y se apela a la población como base de sustento de este blindaje estatal.

Nuevas excusas para eternas causas

Hace un tiempo dijimos que un brutal crimen ocurrido en el ámbito privado, el de los rugbiers contra Fernando Baéz Sosa fue usado por algunos sectores para contrabandear un discurso punitivista apuntado hacia la juventud como responsable de la violencia social y reivindicando, como corolario, la brutalidad carcelaria como salida “correctiva”. Antes fue la “amenaza mapuche”, eufemismo para llamar a la defensa de las tierras de latifundistas, que sirvió para encubrir los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel e inflamar a la Gendarmería.

Ahora “un revoltijo de carne con madera” sirvió para que, en dos cacerolazos, se cuele un discurso punitivista. Parafraseando al jurista alemán Günther Jakobs y su derecho penal del enemigo, se busca incesantemente la creación de un enemigo interno cambiante, mutante, ante el cual, la fórmula secreta es siempre, indefectiblemente, fortalecer al aparato represivo del Estado, en cada una de sus subdivisiones. De paso, en este contexto de crisis social naciente, se perfila la estrategia verdadera: mejorar los dispositivos de control social frente a un escenario de eventual levantamiento del enemigo real, los trabajadores y los sectores populares. El fantasma de la lucha de clases.

Un historial de endurecimiento estatal: de la bonanza a los períodos de sequía

Esta campaña es hija legítima de la lucha “contra la inseguridad” que es la ignífuga insignia de las derechas en Argentina y en todo el mundo. Juntos por el Cambio, con el emblema de Patricia Bullrich a la cabeza, ha usado esa política como estandarte identitario. Pero sería injusto achacarle solo a ese colectivo de la derecha esta línea. Eso puede verse, en primer lugar, con las llamadas Leyes Blumberg. En abril del año 2004, Juan Carlos Blumberg encabezó una movilización multitudinaria exigiendo un endurecimiento de las penas, luego del secuestro y brutal asesinato de su hijo.

A pesar de que en el asesinato de Axel Blumberg se probó la participación de policías, como en la enorme mayoría de casos de secuestros, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una serie de medidas para endurecer el Código Penal y darle más atributos a las policías. El perro se mordía la cola.

¿Sirvió el blindaje de la normativa para “combatir el delito”? Investigaciones relevantes para el caso demuestran que no, más bien a lo que dio aumento es únicamente al encarcelamiento preventivo mientras que las condenas se mantuvieron en estadísitcas similares [1]. En criollo, las leyes Blumberg solo llevaron a detenciones por portación de cara.

Durante los gobiernos kirchneristas no solo se modificaron leyes penales sino que también se aumentó como nunca antes los presupuestos en seguridad. En el 2016, ya bajo el macrismo, se modificó el procedimiento judicial para los casos de flagrancia, con militancia y votos del peronismo. Esta ley permite a las fuerzas de seguridad determinar si pueden detener o no a alguien que interprete que estaba cometiendo un delito, aplicarle un juicio express y detenerlo de manera sumaria. De más está decir que esa medida no afecta a los sectores pudientes, sino a pobres y jóvenes de los barrios populares. No por nada fue el respaldo normativo para irrumpir en la Pu Lof de Cushamen para reprimir y asesinar a Santiago Maldonado.

Una amenaza que el pueblo trabajador debe enfrentar

La inseguridad, la juventud presuntamente descarriada, la insubordinación mapuche y, ahora, la farsa de la liberación masiva de presos va dragando el camino para que pase el barco del endurecimiento estatal. Si en momentos de bonanza económica y baja lucha de clases esto ya funciona, cuando los nubarrones espesos de la crisis social amenazan el firmamento, esta realidad se refuerza.

Y esta no es una definición especulativa. La represión que sufrieron los trabajadores del frigorífico Penta, la dispersión policial contra repartidores de Pedidos YA en las calles de Rosario, y el operativo de Gendarmería contra los mineros de Andacollo en Neuquén, además de las detenciones a miembros del Polo Obrero, muestran que siempre la “hipótesis de conflicto” para el Estado, son los trabajadores y el pueblo pobre. En una situación en la que los empresarios han decidido (¡oh novedad!) resolver la crisis con despidos, suspensiones, rebajas de sueldo y represión, el gobierno y sus mecanismos de control social son imprescindibles para que se imponga con la suprema voluntad de “los dueños de la pelota”.

Del “quedate en casa” al “morite en cana”, las notas de esta canción no se refieren, en realidad, ni a los que violan la cuarentena, ni a los presos, ni a la amenaza de la suelta de delincuentes, como nos recitan las campañas securitistas. La hipótesis es el eventual levantamiento de los sectores populares y de trabajadores, y del “mundo precario” frente a una crisis social que, más temprano que tarde, va a dar bronca, hartazgo, hastío. Esa música también empezó. Por eso los trabajadores deben tener voz y voto en esta discusión sobre la tentación autoritaria que, a no dudarlo, será usada contra ellos. Contra nosotros.

Nota

1] Así lo graficaba Mariano Gutiérrez, investigador del Instituto Gino Germani, en una nota en el 2014: “En cifras, el sistema penal condena de un 2 a un 4 por ciento de los delitos que detecta. Ese número habitual no cambia con las leyes Blumberg, que lo que favorecen es una mayor tasa de encarcelamiento preventivo capaz de llevar un empeoramiento, porque lo que se expande es la cultura carcelaria, que es violenta. Es un efecto criminógeno pero no de control del delito. El endurecimiento no tiene efecto sobre las conductas sociales”.

Myriam Bregman es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Fue diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda.

Octavio Crivaro, es sociólogo, dirigente del PTS y candidato nacional por el Frente de Izquierda-Unidad en Santa Fe.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Carceles-fake-news-y-la-pandemia-del-endurecimiento-estatal