En la Colombia de las últimas dos décadas un nombre se impone a la hora de abordar cualquier acontecimiento político: Álvaro Uribe Vélez. Durante sus dos mandados presidenciales (2002-2006, 2006-2010) y después de abandonar la cabeza de Estado generó una polarización extrema, que rebasó la vieja dicotomía ideológica de izquierda-derecha para definirse en torno a su persona: los que estaban con Uribe y los que estaban contra Uribe. El uribismo se convirtió en una corriente más poderosa que cualquier otra y su figura principal, un personaje altamente controvertido; aunque en medio del amor-odio, se percibiese a lo interno del país mayor seducción que rechazo, cuya mejor evidencia pudo apreciarse en la popularidad que le hizo ser el senador más votado en los comicios legislativos de 2018.

Y de político popular pasó a convertirse en el primer expresidente en ser apresado y enjuiciado, un suceso impensable para quien se creía intocable; sobre todo en un país con un sistema judicial bastante comprometido. Tuvieron que pasar demasiados años, pensarán las víctimas, y faltan muchos más para materializar una sentencia firme, si se logra, pues el proceso hoy en curso comenzó a removerse en el 2012 y no fue hasta 2018 que se hizo el llamado a indagatoria y sólo a mediados de 2020 se dictaminó la prisión domiciliaria. Justicia lenta y repleta de rifirrafes que hace mucho más trascendente el hito de haber levantado el dedo acusador contra un personaje de la talla de Uribe.

Baste decir que Álvaro Uribe albergaba causas pendientes de larga data tanto en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes como en la mismísima Corte Suprema; su nombre era el más repetido en los expedientes y, aun así, jamás se le había molestado o señalado formalmente. Las imputaciones le llovían pero cargaba siempre con un paraguas de impunidad que se había comprado en los tiempos de mandatario por los muchos «favores» a funcionarios, magistrados y entes oscuros de una Colombia en guerra, en la que el río revuelto de sangre dejaba muchas ganancias a los pescadores de gran anzuelo.

¿Por qué esa especie de endiosamiento a alguien que se le responsabilizaba a los cuatro vientos de esparcir por toda la nación a esa plaga infernal conocida como el paramilitarismo? La respuesta era compleja y llena de matices pero partía de una acción puntual: haberle devuelto cierta seguridad -justificando los medios- a Bogotá durante su gestión presidencial y haber descabezado a las guerrillas, menguado sus filas, flanqueado sus fuerzas, reducido sus zonas de influencia y minimizado sus operaciones de combate.

Algunos suman a esta «mano dura» un pequeño esplendor económico que no es demasiado mérito propio si se recuerda que coincidió con una bonaza latinoamericana a partir de favorables precios de las materias primas y del petróleo, es decir, un contexto oportuno del cual sacar provecho sin demasiado esfuerzo.

Para rematar, consolidó como ningún otro la eterna relación de lealtad hacia Estados Unidos, al punto de ser condecorado por el entonces presidente George W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción de ese gobierno hacia personas del ámbito civil.

Si bien no fue Uribe quien adoptó junto a Washington el Plan Colombia, la estrategia encubierta en una plan antidrogas pero cuya finalidad real era cazar insurgentes, se tomó como tarea de primer orden llevarlo al terreno y solicitar nuevos y cada vez más millonarios financiamientos para su ejecución.

En sus dos administraciones, posibles porque también se dio a la tarea de reformar la Constitución para viabilizar la reelección consecutiva de dos mandatos y hasta le apostó a un tercero sin éxito, se ganó a golpe de «premios» la confianza de las Fuerzas Militares y de la Policía. Esas dádivas que pretendían incentivar la ofensiva contrainsurgente conllevarían a perpetrar asesinatos sistemáticos contra gente inocente, lo que se conoció después como «ejecuciones extrajudiciales».  La práctica consistía en matar a jóvenes campesinos y arroparlos con uniformes e insignias de las FARC o el ELN y darlos como muertos en combate. Quien más bajas presentase se llevaría mejores recompensas y así se consumó un verdadero genocidio descubierto tiempo después cuando comenzaron a salir a la luz pública las fosas comunes.

En su currículo presidencial cuenta además con haber aislado a Colombia del resto de las naciones de Sudamérica. Mientras más se acercaba a Estados Unidos más se alejaba de sus vecinos en la región provocando rupturas diplomáticas de gran envergadura con la Venezuela chavista y el Ecuador correísta, que a su vez le hacían ganar mayor simpatía desde la Casa Blanca.

Y así, entre escándalos que no pasaban a mayores y muy buena gestión de marketing hacia su figura, dejó Uribe Nariño pero siguió siendo un líder fuerte que mediaba en todo proceso político colombiano.

Creó un nuevo partido, el Centro Democrático, que en poquísimo tiempo dominó la escena parlamentaria y se convirtió en el contendiente por excelencia de las elecciones posteriores a su salida de la jefatura de Estado. De hecho, el uribismo se hubiese perpetuado en el poder de no ser por el divorcio en pésimos términos entre Uribe y su alguna vez mano derecha, Juan Manuel Santos, el Ministro de Defensa que ejecutó la dureza de su jefe y que después que vistió la banda tricolor, prácticamente por herencia de su antecesor, cambió el plomo por la diplomacia y traicionó la misión encomendada.

El viraje de Santos fue el primer gran revés que acentuó aún más la polarización llevada al plano del enfrentamiento voraz: uribistas vs. santistas, traducido posteriormente en amigos y enemigos de la paz.

Reza el refrán que no van lejos los de adelante si los de atrás marchan bien, y es así que Uribe esperó paciente pero activo el término de las gestiones de su adversario para despedazarle en su cara su carta de triunfo llamada Acuerdo de Paz de La Habana. Posicionó en el Palacio de Gobierno a otro hijo político, Iván Duque, que aún no le decepciona pues cumple a cabalidad sus indicaciones y le deja fungir como mandatario en la sombra. Desde antes, ya preparó el terreno para sabotear el pacto de paz y lograr un impensable No en el plebiscito de 2016. Desde entonces a la fecha, ha perseverado en el esfuerzo de envenenar la opinión pública, tergiversando y manipulado punto por punto lo consensuado en materia de paz y reconciliación.

Ahora, Uribe está preso, en casa pero con número que lo reseña como prisionero -número que por esos caprichos y juegos del destino salió ganador en el Premio Mayor de la Lotería del Valle y nadie compró el billete- y toda la limitación que la medida impone. Se construye una imagen de víctima y perseguido político, se consagra a sus seguidores y se pinta fiel a su legado que cree un gran obra al servicio de Colombia. Ayudó en el panegírico padecer hasta el COVID-19, de la cual también salió airoso.

Si bien es un signo de que la moribunda y podrida justicia colombiana aún respira, hay que aclarar que, de los múltiples crímenes que se le han atribuido a Uribe apenas si está acusado por manipulación de testigos y obstrucción a la justicia.

La pieza clave para lograr sentarlo en el banquillo ha sido el Senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien Uribe intentó quitar de en medio acusándolo ante la Corte de Justicia por los mismos cargos que ahora enfrenta. Resultado: la Corte engavetó el caso contra Cepeda y le abrió causa a Uribe quien pasó de acusador a acusado.

Muchos nombres han caído en este proceso y todos pueden salpicarlo: Juan Guillermo Monsalve, administrador de una hacienda propiedad de Uribe, devenido jefe paramilitar que ya fue procesado es la clave más importante en toda la historia; pero le siguen Diego Cadena, abogado de Uribe también con deudas judiciales y otros excongresistas y políticos que han ido cayendo en la trama de corrupción y parapolítica.

De las muchas soluciones habilidosas para despojarse de los barrotes verdaderos, Álvaro Uribe ya ha optado por la primera: renunció a su puesto de Senador de la República, una vieja estrategia que ya adelantó hace dos años cuando la llamada a indagatoria pero que entonces no concretó. Abandonar su escaño en el Congreso le permite evadir ser procesado por la Corte Suprema, que hasta hora es el único ente judicial que se ha atrevido con el todopoderoso expresidente, y ponerse en manos de la Fiscalía donde se siente «cómodo», dígase con oportunidad de tener o agenciarse aliados salvadores.

Por lo pronto, ya está fijada para esta semana una audiencia por su equipo de defensa para levantarle la medida de arresto domiciliario. Hay posibilidades de que siga respondiendo al proceso en libertad, ahora que la Fiscalía es la que decide.

Uribe es un político experimentado que ha sabido comprar lealtades en las altas esferas e incluso entre la gente común; en pocas palabras: un hueso duro de roer.