En 1995 el presidente estadounidense William Clinton instrumentó el primer paquete de ayuda de la USAID para Cuba con el propósito de promover una «transición democrática». Se amparó en la autoridad de la «Ley de Democracia en Cuba» de 1992, la cual autorizaba a Estados Unidos a canalizar recursos a través de ONGs para el apoyo a individuos y organizaciones con el fin de suscitar cambios democráticos no violentos.
El instrumento para tal acto de subversión: la USAID.
En 2002, Adolfo Franco, entonces director para América Latina de la USAID, declaró en audiencia ante el Congreso haber suministrado desde 1997 más de 20 millones de dólares a universidades y ONGs en Estados Unidos —para implementar la sección 109 de la Ley Helms-Burton— traducidos en el envío de más de un millón de libros, boletines, videos y otros materiales informativos para activistas de derechos humanos, periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales.
El 16 de abril de 2003, Karen Harbert, Sub Administradora Adjunta de La USAID para América Latina y el Caribe, testificó ante una audiencia del pleno de la Comisión sobre Cuba en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Abogó por que la USAID acrecentara sus esfuerzos para promover una transición rápida y pacífica a la democracia en Cuba.
El Plan Bush de 2002, fortalecido en 2006, constituyó también un espaldarazo al régimen de actividades subversivas acometido por la USAID. En su Capítulo 1 «Acelerando la transición en Cuba», se recomendó adoptar un fuerte programa de asistencia de Estados Unidos para fortalecer la sociedad civil cubana.
La Comisión Presidencial para la Asistencia a una Cuba Libre[1] recomendó al gobierno de Estados Unidos disponer de 29 millones de dólares adicionales para el Programa Cuba, para uso de la USAID con vistas a:
1. Brindar fondos adicionales a ONGs dispuestas a trabajar en apoyo a actividades de grupos de derechos humanos con el objetivo de financiar un incremento en el flujo de información acerca de las «transiciones», incluyendo las transmisiones de Radio y TV Martí.
2. Apoyar a ONGs involucradas en la asistencia médica, específicamente en la compra y distribución de medicinas, las cuales pueden ser distribuidas a personal médico y de la salud que esté desempleado. Las medicinas sin receta médica, las vitaminas y productos similares pueden ser distribuidos a disidentes y organizaciones de los Derechos Humanos para que estos los hagan llegar a sus comunidades de residencia.
3. Trabajar con países aliados dispuestos a apoyar la creación de un fondo internacional para la protección y desarrollo de la sociedad civil. Este fondo sería utilizado para entrenar y financiar a voluntarios de diversas nacionalidades que viajarían a Cuba por varias semanas para ofrecer asistencia técnica y logística a bibliotecas independientes, organizaciones profesionales, caritativas, periodistas, educadores, enfermeras y médicos que trabajan de forma independiente.
4. Financiar iniciativas para ofrecer programas educacionales a familiares de «opositores políticos», lo cual incluye el establecimiento por parte de la OEA de un programa universitario de becas para niños de los «disidentes cubanos» que estudiarían en universidades latinoamericanas.
5. Financiar programas para apoyar los esfuerzos de las mujeres cubanas para construir la «democracia». Tales programas entrenarían, desarrollarían y organizarían grupos femeninos con el concurso de ONGs de terceros países con experiencia en este tema. Los tópicos principales que pudieran abordar dichos programas serían: educación, seguridad de la familia, salud y turismo sexual.
6. Financiar programas para desarrollar grupúsculos en la comunidad afro-cubana. Los programas pueden involucrar a líderes de ONGs de la comunidad afro-norteamericana y de países africanos, quienes formarían en sus respectivas naciones grupos de trabajo sobre Cuba. En esta recomendación se plantea también financiar transmisiones dirigidas a cubrir las necesidades de la comunidad afro-cubana.
7. Financiar programas para captar jóvenes cubanos «desafectos», para permitirles un mayor accionar civil y político en apoyo a la democracia y los Derechos Humanos. Como parte de estos programas visitarían Cuba organizaciones juveniles de Europa Central y Oriental, especialmente de Polonia, República Checa, Albania, Serbia, entre otros.
8. Financiar programas de entrenamiento de ONGs para promover la construcción de la democracia y la sociedad civil por métodos pacíficos.
El 15 de enero de 2004 la USAID difundió una hoja informativa sobre el Programa Cuba, cuya meta era favorecer una transición rápida y pacífica a la democracia.
Para cumplir ese objetivo, la USAID dijo que el programa hasta ese momento había comprometido un total de 26 millones de dólares en donaciones a 28 ONGs para establecer solidaridad con los activistas en derechos humanos, dar una voz a periodistas independientes, establecer ONGs cubanas independientes, y hacer un plan para la transición a la democracia por medio de donaciones a universidades y ONGs.
Durante los 9 años previos, la USAID había suministrado aproximadamente 34 millones de dólares a unas 28 universidades estadounidenses y ONGs.
El Programa Cuba de la USAID estuvo representado en los cinco grupos de la Comisión Presidencial para la Asistencia a una Cuba Libre y contribuyó en la confección del informe final dado a la publicidad en mayo de 2004.
En septiembre de 2007 se llevó a cabo una auditoria al Programa Cuba de la USAID que reportó que, hasta esa fecha, se habían llevado a cabo alrededor de 40 proyectos, por un monto de 64 millones de dólares asignados a 30 ONGs.
Los fondos totales para el año fiscal 2008 se proyectaron en 45,7 millones y fueron finalmente adjudicados a través de la USAID y al Departamento de Estado.
En 2008, la USAID aprobó continuar el Programa Cuba del Instituto Nacional Demócrata (NDI), y le asignó un presupuesto ascendente a 250 mil dólares, que en parte se dirigió a maniobras con la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), para tratar de potenciar el supuesto poder de convocatoria de la organización.
El 31 de enero de 2008 la USAID había lanzado una convocatoria para el financiamiento de programas subversivos contra Cuba a la que destinó 20 millones de dólares.
A modo de conclusiones se puede afirmar que:
- Desde sus inicios, la USAID ha sido un instrumento gubernamental de Estados Unidos que le ha servido entre otras funciones para legalizar la utilización de fondos con propósitos ilícitos, burlando de esa manera a las instituciones y pueblo estadounidenses en el ejercicio de fomentar causas de oscura moral y al margen de la más elemental decencia en las relaciones internacionales.
- Ha sido un instrumento valioso en el apoyo al espionaje y las operaciones encubiertas de diversas agencias de inteligencia, especialmente la CIA, en la dirección de potenciar los intereses hegemónicos de la política exterior de ese país.
- En el contexto del mundo unipolar que resultó de la descomposición del Sistema Socialista Mundial y la URSS, la USAID fue fortalecida como punta de lanza en la línea subversiva que de manera abierta y descarada se ha venido aplicando durante los últimos años contra la Revolución cubana.
- La filosofía moral de las acciones de la USAID es inaceptable porque socavan la soberanía del país desde el mismo momento en que su efecto inmediato y a mediano y largo plazo es el de tratar de inducir agresivamente cambios políticos e ideológicos internos, en desafío a nuestra constitución y nuestras leyes, que no le incumben a potencia extranjera alguna.
La utilización de otras organizaciones para viabilizar sus políticas, convierte a estas y a sus emisarios, en mercenarios de la USAID, y, por tanto, del gobierno de Estados Unidos, convirtiéndose por ende en violadores de nuestra legalidad socialista y responsables ante el sistema judicial cubano, de las consecuencias de sus acciones.
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