El gobierno estadounidense anunció el 16 de enero que suspendería por 45 días la aplicación del Título III de la Ley Helms – Burton. Esta disposición permite a sus ciudadanos presentar demandas ante tribunales de Estados Unidos contra compañías de terceros países que han invertido en las propiedades nacionalizadas por la Revolución cubana. La decisión adoptada por el Departamento de Estado indica que están replanteándose seriamente romper con la práctica establecida desde 1996, lo que implicó suspender la aplicación de este Título por motivos de seguridad nacional atendiendo a que su carácter extraterritorial le podría generar contradicciones con aliados y socios del entorno internacional.

Este anuncio constituye el resultado de un proceso que viene decursando desde hace algunos meses a instancias de los legisladores anticubanos encabezados por el senador Marco Rubio, lo que se evidenció el 1 de noviembre del 2018 cuando el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, confirmó públicamente que el gobierno estadounidense «estaba revisando muy seriamente este tema» por solicitud de miembros del Congreso.

Aunque la divulgación de esta decisión no sea sorprendente, existen interrogantes como: ¿Cuál es su significado? ¿Qué pasará durante el período de 45 días? ¿Qué objetivos persigue este anuncio y cuál es su impacto práctico?. El primer paso es evaluar cómo el Departamento de Estado presentó esta decisión y cuál fue su contenido, lo que nos permitirá aproximarnos a descifrar sus objetivos y alcance. El segundo paso sería precisar cómo reaccionó Marco Rubio. Por último, sería útil analizar cómo se podría interpretar esta acción en el contexto actual y perspectivo de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

El Departamento de Estado realizó el anuncio a través de una nota de prensa de la Oficina del Vocero aclarando que el período de 45 días que se contaría a partir del 1ro de febrero, les permitiría «llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a la aplicación del Título III a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba».

En la declaración también se hace referencia con un lenguaje ofensivo a la situación de los derechos humanos en la Isla y se acusa al gobierno cubano de apoyar a los «regímenes crecientemente corruptos y autoritarios en Venezuela y Nicaragua». El texto termina con un tono amenazante exhortando a cualquier persona que tenga negocios en Cuba reconsiderar si tienen intereses en propiedades que fueron confiscadas y apoyan al «régimen».

El contenido del anuncio evidencia que el término de 45 días, es el tiempo prudencial que requiere el gobierno estadounidense para evaluar integralmente los costos e implicaciones políticas ante terceros países que conllevaría la aplicación del Título III, así como decidir la forma en que se implementará esta decisión. Por lo tanto, es casi un hecho que se aplicará por primera vez esta disposición, lo que está en debate es el cómo se ejecutará.

Los argumentos empleados en la nota de prensa y el tono agresivo indican que el mensaje que quieren trasladar es que Cuba «debe ser castigada» empleando el gobierno estadounidense su principal y más efectivo instrumento de hostilidad: el bloqueo económico, comercial y financiero. Esta nueva acción tiene el claro propósito de obstaculizar de manera significativa el desarrollo socioeconómico del país al estar orientada a evitar el cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos: potenciar la participación de la inversión extranjera, que en las circunstancias actuales constituye no un complemento sino un elemento fundamental para la prosperidad de la nación. 

En el anuncio se puede inferir que el gobierno estadounidense considera que una eventual aplicación del Título III contribuiría a «acelerar una transición hacia la democracia en Cuba», lo que constituye un enfoque peligroso debido a que incorpora un factor temporal de urgencia en las acciones contra la Isla atendiendo a que se busca que la pretendida transición sea «rápida y acelerada». Esta visión no es novedosa debido a que retoma una concepción confrontacional que fue elaborada como parte del denominado Plan Bush, específicamente, en su primer capítulo titulado: «Aceleración de la Transición en Cuba» en el que se explicaban las medidas que se ejecutarían para intentar destruir el proceso revolucionario cubano. Es decir, se continúa estableciendo y profundizando la tendencia hacia la confrontación bilateral.

El impacto práctico en lo inmediato es que este tipo de pronunciamiento contribuye a promover la inseguridad, la falta de confianza, la confusión y el desinterés de los inversionistas extranjeros que se encuentran en la actualidad en el país, y en especial, sus implicaciones de mayor envergadura recaen sobre los posibles inversionistas en el mediano y largo plazo que ante este tipo de medidas que generan incertidumbre y eventuales riesgos para su capital, la tendencia es a desestimar o aplazar sus intenciones de invertir en Cuba. Constituye una acción pensada y diseñada para comprometer potencialidades que tiene la nación en esta área de cara al futuro.   

Esta decisión que evidentemente fue coordinada con Marco Rubio, quien debe estar incidiendo directamente en el proceso de análisis sobre su implementación, fue acogida con mucho entusiasmo por el legislador anticubano. A través de las redes sociales afirmó: «la suspensión de la aplicación del Título III por solo 45 días en vez de los acostumbrados 180 días y el aviso que lo acompaña es una fuerte señal de lo que vendrá después». Rubio en correspondencia con su comportamiento abiertamente hostil hacia todo lo que concierne a Cuba, trasladó un mensaje a los que tienen intereses en las propiedades nacionalizadas: «si tiene negocios en las propiedades, ahora sería un buen momento para irse». 

Es evidente que sus demandas están encontrando ahora oídos más receptivos en la burocracia gubernamental comparado con meses atrás cuando la criticó fuertemente por supuestamente obstaculizar sus propósitos de construir el camino acelerado hacia la confrontación. Con el establecimiento de la Troika «Bolton-Pompeo-Mauricio Claver» en el gobierno estadounidense, Marco Rubio ha encontrado aliados y una convergencia de intereses en el tema Cuba, lo que constituye un factor que explica el acelerado proceso de deterioro en los vínculos bilaterales.

Este reciente anuncio de la Administración Trump implica un retroceso en las relaciones bilaterales y cuando comience a implementarse la decisión constituirá una de las medidas que expresará con mayor fuerza el recrudecimiento del bloqueo, lo que profundizará la confrontación bilateral y es previsible que el gobierno estadounidense adopte un curso de acción de mayor hostilidad. Por lo tanto, en los próximos meses no es descartable que se valoren la implementación de las otras propuestas por las que ha abogado Marco Rubio: reincorporar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, retornar a que la sede estadounidense en la Isla sea Sección de Intereses y aplicar el Título IV de la Helms – Burton.