Al inicio de la pandemia de la COVID-19 mucho se hablaba que la enfermedad no distinguía entre clases sociales, ni fronteras, y podía padecerla cualquier persona: presidentes, celebridades, reclusos, amas de casa, niños, abuelos de hogares de ancianos, personas sin techo, habitantes de pueblos originarios. Vimos como la padeció sin grandes sustos el mismísimo Donald Trump, que se creía amo del mundo, y como murió recientemente, víctima del virus, el último varón del pueblo indígena Juma, en la amazonía brasileña.

Es muy cierto, entonces, eso de que nadie está a salvo de padecerla, pero prevenirla o curarse sí puede convertirse en privilegio de pocos. Por ejemplo, el estatus, el poder o el dinero pueden determinar si un ciudadano estaría en condiciones de cumplir con una cuarentena estricta, o sea, no salir de casa y vivir de sus ahorros. En cambio, los trabajadores informales o los que viven al día, difícilmente logren sobrevivir a un duro confinamiento. De ahí las protestas sociales contra tales medidas que se dieron en las primeras oleadas infecciosas.

Solo gobiernos con sistemas de redistribución social bien engranados pudieron sortear el golpe que significaba el parón de fábricas, comercios y servicios para la clase media y baja sin grandes cuentas bancarias. Algunos optaron por dar bonos de emergencia y otros por sacar de sus arcas estatales porcentajes salariales para sus empleados cesados, pero esto no fue regla para todos.

Después vino el asunto asistencial y hospitalario y con él, el dilema de quiénes podían acceder a una cama de cuidados intensivos, quiénes podían costearse los tratamientos, incluso había quienes no podían ni pagar por un examen de COVID, los famosos PCR u otros test alternativos menos sofisticados. Pasamos por la guerra de insumos que llegó hasta el secuestro de mascarillas.

Ahora, cuando el tema del momento es la vacuna salvadora de este infierno de contagios, muertes o secuelas, salen a relucir los contrastes, esos que parecían no importar en un inicio a la hora de enfermar. Primero, la batalla por la hegemonía en la fabricación de vacunas. Están quienes pueden fabricarlas a gran escala porque les sobra de todo, quienes pueden fabricarlas con mucho sacrificio porque tienen talento, pero le escasean o les privan de los recursos, y quienes ni siquiera soñarlo.

Luego, las peores prácticas de corrupción y las bajezas de algunos seres no tan humanos terminan de ilustrar y acentuar que la brecha social sí marca la diferencia a la hora de sanar.

En Perú, Argentina y Ecuador, se dieron hace poco y con escasos días de diferencia entre uno y otro, escándalos asociados a la vacunación o, mejor dicho, a prácticas irregulares y vergonzosas de vacunación, que salpicaron las altas esferas de gobierno. Los titulares de salud de estos tres países, más la canciller peruana, han estado entre los máximos implicados, con renuncias estrepitosas que se dieron casi al unísono. Dos de ellos se vacunaron en secreto, uno privilegió a la elite política, otro inyectó a su mamá y otro a amigos cercanos.

Algunos como el expresidente peruano Martín Vizcarra —uno de los privilegiados— se atrevieron a justificarse con que se habían sometido y arriesgado a un prospecto vacunal que no estaba del todo probado, algo así como los catadores de alimentos de los reyes que el pasado los salvaban de morir envenenados. Y no fue el único en aventurarse con pretextos. Al ya exministro ecuatoriano de la cartera sanitaria, su querido presidente Lenín Moreno le tendió su mano en señal de apoyo y restó importancia al «error». Es entendible tal complicidad porque el propio Moreno ha tenido un pésimo manejo de la crisis sanitaria en su país al ser el máximo responsable político; es de suponer que entre inescrupulosos se entiendan y exoneren mutuamente.

Pero esto de las listas de vacunación VIP no ha sido exclusivo de estos tres estados con sus respectivos explotes ministeriales. Ha habido de todo en la región, aunque el fenómeno es mundial, pero vuelve América Latina a remarcar, como se ha dicho hasta el cansancio, que es la región más desigual del planeta.

En Brasil, se han dado casos de vacunaciones simuladas, o sea, enfermeras que no presionan la jeringuilla en el brazo de la persona que debe recibir el inmunógeno y también de jeringuillas sin ningún contenido que ya trascienden como «las vacunas de aire». En Colombia, se ha dado el caso de tráfico de vacunas, unas adquiridas «por la izquierda» y otras falsas; y en la mismísima Bogotá, se destapó otro caso de fraude en las listas de vacunación, en las que debería estar únicamente el personal de salud y han aparecido personas ajenas a este gremio y nuevamente el privilegio de familiares y amigos, así como aquellos que puedan sobornar. Se conoció de una situación similar de uso discrecional de vacunas en Veraguas, Panamá, que también le costó el puesto a un funcionario público. Y la cosa no ha terminado allí.

En Chile, país que otra vez ha querido presumir de ir a la vanguardia en las estadísticas de vacunación, se se habla de unos 37 mil colados, es decir, 37 mil chilenos que se vacunaron por delante de personas vulnerables que les correspondía ser priorizados. ¡Ah! Y de los millones ya vacunados, se cumple la regla de otras naciones: la vacunación se da en mayor número en los barrios pudientes y muy distinta es la realidad en las barriadas marginales.

Mientras estos son los escándalos del momento, el trasfondo sigue siendo la dura realidad de que no hay vacunas para todos, ni todos los países están en capacidad de comprar todas las dosis que necesitan ni la posibilidad de almacenarlas o gestionar otros gastos en insumos que derivan del proceso de vacunación. Por lo que, la pandemia alcanza y sobra para todos, sin embargo, la cura pasa por muchas causales, y el bolsillo es una de las mayores condicionantes.