Desde el inicio era sabido que alcanzar la paz colombiana iba a ser un camino empedrado, fatigoso, a ratos intransitable. Pero incluso sabiéndolo, las instituciones en Colombia pueden sorprender con poderosas jugadas que hacen trizas los pasos más esperanzadores. Cuando el país esperaba ansioso la noticia del desarme, cuando los acuerdos iban implementándose poco a poco, no sin tropiezos, la Corte Constitucional ha puesto en jaque la marcha de la paz. Lo más indignante es que se trata de un golpe disfrazado de democracia, una de las palabras más prostituidas de nuestra lengua española.

El texto negociado en La Habana debía ser traducido en leyes al interior del Congreso para cumplirse efectivamente. Para agilizar tal propósito se aprobó un mecanismo denominado «fast track» que reducía considerablemente los tiempos para las discusiones y anuencias de los proyectos legislativos. Además, lo pactado entre las FARC y los representantes de Juan Manuel Santos debía ser votado en bloque y las modificaciones debían ser avaladas por el gobierno, para ello se había debatido a camisa quitada en Cuba por más de 4 años.

Ahora, de un plumazo, «el fast track» se convirtió en «slow track», es decir, en una especie de cámara lenta con la anulación de dos de los artículos de la llamada vía rápida. Los dos numerales eliminados fueron el H: «Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional» y el J: «En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación».

Lo más peligroso no es que se haga interminable el proceso de aprobación de leyes, sino que los congresistas podrán analizar artículo por artículo, línea por línea, lo ya convenido entre las partes en conflicto y renegociarlo. Y cuando digo que todo esto está disfrazado de democracia, es porque los argumentos para implantarlo fueron los siguientes: se estaba violando la separación de poderes en la nación al limitar la capacidad deliberativa y decisoria del legislativo y supeditarla a la voluntad del ejecutivo.

Por supuesto que detrás de todo esto está el uribismo, pues fue una propuesta del senador opositor de Centro Democrático, Iván Duque, que la Corte acató sin el menor reparo. Luego de la decisión de la Corte, Duque afirmó en su cuenta en Twitter: «Corte valida que Congreso no puede ser notario y en su independencia debe poder hacer los cambios que considere a los proyectos que debate».

De todo este caos, lo positivo es que las leyes ya aprobadas, como es el caso de la Ley de Amnistía, las reformas constitucionales para la Jurisdicción Especial de Paz y para que las FARC se conviertan en partido político legal y el estatuto de la oposición, no serán alteradas. Subsiste la competencia del presidente de adoptar ciertos puntos por decreto con fuerza de ley y además las modificaciones que introduzcan los congresistas deberán tener conexidad con el acuerdo. «Confiamos en que el presidente haga valer las facultades que le otorga la Constitución para sacar adelante este proceso de paz», dijo el jefe negociador guerrillero Iván Márquez.

Esto estaba pasando en Colombia mientras el presidente Santos se encontraba con su par estadounidense en Washington. Un encuentro que las partes quisieron vender como exitoso, de respaldo total el uno con el otro. Lo cierto es que el apoyo de Trump a la paz se redujo a una palmadita en el hombro y frases huecas: «No hay nada más difícil que la paz y queremos hacer la paz en todo el mundo. Ustedes son un gran ejemplo de ello. La de las FARC fue una situación dura y prolongada, pero creo que el presidente (Santos) ha hecho un trabajo magnífico, no un trabajo fácil, pero sí magnífico». No hubo compromiso financiero mayor al ya aprobado que es nada —450 millones— si se compara con los fondos millonarios —10 000 millones en 15 años de Plan Colombia— que abonaba Estados Unidos para la guerra. Se habló más de narcotráfico y de Venezuela que de reconciliación y postconflicto, aun y cuando Santos fue dispuesto a todo tipo de concesiones, incluso aplaudir la incursión militar del Pentágono contra las fuerzas gubernamentales sirias.

El jefe de estado colombiano aún no se pronuncia sobre un plan B, si es que lo tiene ya concebido. Parece mostrarse confiado con la mayoría de escaños a su favor en el Congreso, pero recordemos que es una mayoría que ostenta en coalición y que la oposición se apresta a arremeter con todos los hierros contra los acuerdos. Los plazos siguen siendo camisas de fuerza en todo este proceso porque 2018 es un año electoral tanto presidencial como legislativo. Se conoce además que Santos conversó telefónicamente con el máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, pero ambos necesitan buscar una salida a este momento crítico, el segundo más peligroso después del No en plebiscito de octubre que sometía a refrendación popular el Acuerdo Final de Paz en su versión inicial.

Desde que se conoció la noticia del fallo de la Corte, la insurgencia se declaró en Asamblea Permanente en las zonas veredales donde se encuentran concentradas para el desarme. «No nos enreden la paz», advirtió Timochenko.

Por lo pronto, los senadores estudian el reglamento del legislativo para evitar los largos debates y la lluvia de proposiciones contrarias al espíritu del Acuerdo Final. Parece cumplirse la sentencia que donde se hace la ley, se hace la trampa, y el senador Roy Barreras, un activo negociador en el último período en La Habana, ha encontrado algunas mañas legales para quitarle el freno de mano que la Corte pareció ponerle al fast track.

Los colombianos deberían tener en cuenta que hay momentos excepcionales y/o extremos en los que ponerle la camisa del derecho a la política resulta contraproducente.