Aquel acto de represión se convirtió en un catalizador para la larga lucha por los derechos de las disidencias sexuales y de género en la nación norteamericana, y a su vez influyó en las comunidades LGBTIQ+ de otros países, que cada junio conmemoran el derecho a amar y vivir libremente. 

El término «pride» se le atribuye a la pionera del activismo bisexual Brenda Howard y tiene su origen precisamente en el primer desfile del Orgullo, realizado un año después del levantamiento de Stonewall.

La idea se expandió rápidamente a otras ciudades y con el tiempo se convirtió en una reivindicación global. Aunque en 1969 las exigencias se concentraban en la población homosexual, posteriormente abarcó a las diversas identidades sexuales y de género, marcadas por intersecciones raciales, económicas, sociales y culturales.

Junio es el mes de la bandera multicolor, la celebración de las corporalidades y la libertad sexual, pero al mismo tiempo implica reflexionar sobre los avances y retrocesos en materia de derechos. 

Como apuntó la directora asociada de Equality for All Foundation en Jamaica, Karen Lloyd, en América Latina «la ausencia de leyes antidiscriminatorias, la criminalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la falta de protección contra los despidos laborales discriminatorios y el acceso a la vivienda son solo algunos de los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTIQ+».

Estas poblaciones padecen además el acoso, la discriminación y la violencia en espacios educativos. A dichas problemáticas se suman las altas tasas de desempleo y la falta de acceso a la atención médica. El estigma y los prejuicios, combinados con la ausencia de leyes protectoras, hacen más compleja la situación.

De los 33 países que conforman la región, solo nueve han legalizado el matrimonio igualitario. Cuba fue la última nación en adecuar su marco legislativo, a partir de la aprobación del Código de las Familias en 2022. Antes, Uruguay y Costa Rica fueron pioneros en esta materia y en la adopción por parejas homoparentales. 

Entre los avances identificados en los últimos años sobre las disidencias sexuales y de género en América Latina se encuentra la prohibición de la discriminación en las constituciones de Ecuador, Bolivia y México. Países como Brasil, Chile, Perú y Cuba cuentan con una amplia protección jurídica en este sentido. Sin embargo, Venezuela, México y Paraguay no tienen la agravante de «crímenes de odio» para catalogar los delitos contra la población transgénero y homosexual.

Surinam y la Guyana Francesas, junto a otras cinco naciones, ofrecen una protección contra la discriminación por orientación sexual, que incluye el acceso a bienes y servicios, a la salud, la educación y el empleo. Desde el sector laboral, Nicaragua y Venezuela propician un respaldo legal. 

En nuestra región, 14 países representan el mayor número de femicidios y feminicidios en el mundo, de acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Por otro lado, Brasil posee la tasa más alta de asesinatos de personas travestidas y transexuales a nivel internacional. Las estadísticas públicas no son compatibles con la realidad, porque en muchas naciones no se reconocen los crímenes por orientación sexual e identidad de género y la mayoría de los casos quedan impunes.

Otro aspecto a analizar es la penalización de la homosexualidad en el continente americano. El Caribe es la zona donde aún quedan países que castigan las relaciones homoeróticas. Estas naciones forman parte de las 67 que castigan a las diversidades en el mundo con sentencias que varían entre unos meses de prisión y la pena de muerte.

Como señalaron la Doctora en Ciencias Antropológicas y Estudios Latinoamericanos, Maritza Ruiz Trejo, y el Doctor de Estudios e Intervención Feministas, Tito Mitjans Alayón, desde las últimas décadas del siglo XX, las identidades sexo-genéricas se han enfrentado a distintos procesos sociohistóricos de borramiento, entre ellos la persecución política, las desapariciones, torturas y asesinatos masivos en los gobiernos de facto.

La penalización de la homosexualidad y la criminalización de las identidades trans se agravan con los efectos del neoliberalismo, las migraciones forzadas y la economía de los cuidados. En su artículo Queer/transfobia y racismo. Alternativas desde los activismos en Chiapas, Centroamérica y el Caribe, ambos investigadores trazan caminos para el pleno desarrollo de las disidencias sexuales y de género en la región:

-Erradicar las legislaciones que criminalizan la diversidad y heterogeneidad de identidades de género.

-Castigar el abuso de autoridad, las detenciones ilegales, el hostigamiento, la violación sexual, las amenazas de muerte y la violencia intrafamiliar a estas comunidades.

-Impulsar investigaciones lideradas por activistas, incluidas las visiones afrodescendientes e indígenas, visibilizando sus procesos políticos y sus demandas sociales.

-Establecer metodologías interseccionales de enseñanza educativa.

-Trabajar en la implementación de políticas públicas desde una visión que considere la complejidad entre la heterogeneidad de las formas del género y la sexualidad, así como la diversidad cultural, religiosa y lingüística en América Latina.

El espíritu de protesta que se apoderó de las calles neoyorquinas el 28 de junio de 1969 palpita en Las venas abiertas de América Latina, a las que hizo referencia el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Nuestra historia está tejida con dolores y sangres que siguen corriendo. En esta lucha por los derechos LGBTIQ+, se refleja la resistencia contra las injusticias de nuestro continente. Las cicatrices de la discriminación y el acoso son profundas, pero también lo es la fuerza de estas comunidades que reclaman su espacio.