Apareció Iván Márquez. Quien fuera uno de los dos rostros más conocidos de la paz colombiana, el jefe negociador de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, y cuyo paradero era desconocido desde hace al menos 2 meses, dio noticias sobre su persona junto a otro desaparecido, el ex insurgente Óscar Montero, más conocido por su nombre de guerra, El Paisa.

Aunque sigue sin saberse con exactitud la localización de ambos —y pudiera haber un tercero con ellos pero sin confirmar, Henry Castellanos, alias Romaña— sobre la que mucho se ha especulado, incluyendo voces que lo ubicaban en Venezuela, otras en la espesa selva colombiana donde combatieron por más de medio siglo y que conocen al dedillo, lo cierto es que haber dado señales echa por tierra todas las teorías de que habían traicionado su compromiso con la paz, de que se habían pasado a las filas de la disidencia o que simplemente huían de sus deudas con la justicia. Este último continúa siendo el punto más polémico por la presunta implicación en asuntos de tráfico de estupefacientes que refirió el diario estadounidense The New York Times, a partir de declaraciones de un sobrino del exguerrillero, a quien el senador colombiano Roy Barreras tildó de delincuente común que jamás participó en la búsqueda de la paz y que debe ser juzgado por la justicia ordinaria sin atizar el fuego contra el proceso de reconciliación.

Se supo de ellos —de Iván y Óscar— por una carta fechada el 22 de septiembre del presente año, firmada de su puño y letra, que enviaron a la Comisión de Paz del Senado y en la cual afirman que el Acuerdo de La Habana fue traicionado. Explican uno por uno los aspectos que consideran fallidos, deformados al punto de calificar el resultado de «horroroso Frankenstein». Entonces sí puede decirse, que Márquez y el Paisa son ahora la clara disidencia de la fuerza política que surgió de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No aquella que jamás decidió sumarse a la desmovilización y tránsito a la vida civil para seguir haciendo de la guerra y sus conexo más cercano: el narcotráfico, un modo de vida; sino a ese grupo de decepcionados con la paz, que ha sufrido una metamorfosis más que kafkiana del papel a la implementación práctica. Aunque en la concreta, a pesar de rumores sobre una eventual expulsión de las filas del partido de la rosa roja, la organización no ha declarado una ruptura oficial con sus miembros desaparecidos y, en especial, con su figura más votada en el congreso constitutivo, el brazo derecho de Timochenko durante las distintas fases exploratoria, secreta y pública de la salida diplomática a la confrontación armada en Colombia.

¿Qué señalan como «fallas estructurales» los escindidos en medio de su indignación? Lo primero es que denuncian que, tras la entrega de las armas, hubo «conejo», en la jerga colombiana, eso es hacer trampa, cometer perfidia. Acusan al Congreso de la República y a la Fiscalía de fabricar mentiras para encarcelar a los guerrilleros desarmados y describen lo que llaman «tres actos de insensatez» que destrozaron lo negociado por 4 años en la capital cubana. Esos tres actos son: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento a los aspectos esenciales del Acuerdo.

Como ejemplo del primero de estos elementos ponen la detención de un compañero de causa, plenipotenciario en La Habana por demás, Jesús Santrich, elegido como senador para la presente legislatura al igual que el mismísimo Márquez, pero ahora tras las rejas y con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, hace menos de una semana que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que en sus miles de expedientes no tiene pruebas de audio ni videos que sustenten el caso contra Santrich, que en todo caso, las supuestas evidencias, están en poder de la justicia norteamericana.

De las modificaciones a las más de 300 páginas suscritas en primera instancia por Iván Márquez y Humberto de la Calle, antes que por Santos y Timochenko, el número dos de las FARC dijo que «personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser negociadores de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor».

Hasta este minuto, dos años después de pactada la versión inicial del Acuerdo, a poco de cumplirse igual lapso para el texto definitivo, no se ha cumplido al 100% con la Ley de Amnistía —sigue habiendo no pocos guerrilleros en prisión sin esperanzas de ver la luz del día en libertad—, no ha comenzado la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos parece cuento de hadas y las transformaciones al sistema judicial, electoral y político están congeladas. Para ir a lo más elemental, ni siquiera se ha garantizado a la gruesa masa de alrededor de 10 mil hombres que integraban las FARC su reincorporación a la vida económica y social del país. Las deserciones han tenido que ver fundamentalmente con el fiasco del gobierno en este aspecto. A lo que se suma la matanza de exintegrantes de la guerrilla o de sus familiares más cercanos a la par que el asesinato de los líderes sociales. Una realidad que seguirá repitiéndose mientras el Estado y sus principales figuras, en este caso el propio presidente Iván Duque, no asuma la sistematicidad y selectividad de tales crímenes y dejen de verlo como hechos aislados, inconexos, perpetrados por bandas criminales.

Es la Jurisdicción Especial de Paz, a juicio de Iván Márquez, el punto más desfigurado. Y hay que recordar que fue el que más tiempo de discusión llevó a las partes en La Habana, donde más encontronazos hubo, el que costó más desvelo y desasosiego, aun con la ayuda de expertos en la materia colombianos y europeos. El entramado legal que devino de la JEP definida en la letra chica del acuerdo dejó por fuera a una parte de los implicados en el conflicto y se ensañó con los insurgentes como los únicos culpables, al punto de buscar subterfugios para someterlos a las penas máximas, desproveerlos de sus facultades políticas, incluso, ponerlos en la mira de la extradición.

Ciertamente se pasó por alto que ese acuerdo de paz, vendido al mundo como histórico y merecible de un Nobel, está radicado en Naciones Unidas con rango de Documento Oficial, por lo cual no podía ser alterado en su contenido y forma por los sucesivos gobiernos. Pero eso a esta altura, es cosa del pasado y el futuro depara más frustraciones.