Entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2019 se abrió en Bogotá un Refugio Humanitario por la Vida de Líderes y Lideresas Sociales. Este tuvo como objetivo visibilizar la crisis humanitaria y de Derechos Humanos en los territorios de esa nación, especialmente ante la falta de garantías para las organizaciones y comunidades, hombres y mujeres que adelantan labores en defensa de los Derechos Humanos y que lideran las justas reclamaciones ante el Gobierno Nacional.
Cerca de 3 mil líderes, lideresas y personas defensoras de Derechos Humanos del Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo (Norte de Santander), Bajo Cauca (Antioquia), Valle del Cauca, Sur de Bolívar y Arauca participaron en este evento para exigir medidas de protección efectivas al Estado y a la comunidad internacional.
Desde la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional (noviembre de 2016) más de 600 líderes y lideresas sociales han sido sistemáticamente asesinados en un hecho que organismos defensores de Derechos Humanos declaran como un genocidio político. Según ONG’s como la Asociación Minga, el Acuerdo solo cambió el nombre de las personas muertas en Colombia a causa de la guerra: en vez de reportar guerrilleros caídos en combate ahora se reportan asesinatos de personas que defienden y organizan sus territorios.
Por solo mencionar dos ejemplos, en Casanare y Arauca las empresas petroleras (en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y sus Estructuras de Apoyo) han elaborado estrategias encaminadas a enjuiciar a los liderazgos para generar terror con el objetivo de neutralizar la movilización y la protesta en contra de las políticas mineroenergéticas que se desarrollan en el país. Por esta razón se han encarcelado líderes sociales y comunitarios de Trinidad y San Luis de Palenque.
Durante los cinco días de Refugio Humanitario se realizaron diferentes actividades como la visita a embajadas (España, Alemania, Francia y el Consulado de la Unión Europea); la audiencia pública “Implementación de la política pública y los mecanismos de garantías de seguridad para los líderes/as sociales”; la conferencia “Fortalecimiento de mecanismos internacionales de protección”; la participación en la movilización del 1ro. de Mayo y el Encuentro Nacional de Líderes/as por la vida, dignidad y libertad.
Esta actividad se realizó en el marco del Paro Cívico Nacional, acordado en el encuentro de organizaciones sociales y políticas que se llevó a cabo en febrero pasado en Bogotá. La organizaron múltiples plataformas de paz y organizaciones sociales como la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular; el Proceso de Comunidades Negras; Coordinador Nacional Agrario; el Congreso de los Pueblos, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria; la Organización Nacional Indígena de Colombia; el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y la Unión Nacional de Estudiantes de Enseñanza Superior, entre otras.
Las plataformas políticas que organizaron este evento consideran que el mismo es una “alerta para la sociedad y la comunidad internacional sobre el costo que tiene que asumir la defensa de los derechos humanos” en Colombia.
Como resultado, se espera lograr compromisos por parte del Estado para poner en marcha mecanismos eficaces e integrales para la protección de la vida, la dignidad y la libertad de las personas defensoras de Derechos Humanos en los territorios y también trazar agendas de trabajo con países y organismos multilaterales de la comunidad internacional. Según datos de la ACNUR, alrededor de 1,5 millones de colombianos han sido desplazados fuera de su país a causa del conflicto interno.
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