Cuando el «no aguanto más» supera el miedo, se producen brotes de cólera social que superan en magnitud el brote epidémico. Es lo que ha vivido Colombia en el mes de septiembre. Las cifras de contagio por la COVID-19 ubican al país en el sexto lugar del funesto ranking con más de 770 mil casos; por día, el promedio ha llegado a superar los 5 mil infectados. Aun así, el hastío por la dureza de la vida más allá de la pandemia ha lanzado a la gente a la calle sin pensar, o conscientemente a pesar, del virus mortífero.

Han salido también sin temerle a morir víctima del abuso policial. Un abogado muerto —al que en evidencia consta electrocución y golpiza que le provocó numerosas fracturas de cráneo— es el más reciente ejemplo de tal brutalidad, a la que le siguió más de una decena de víctimas fatales, casi todas jóvenes, que expresaron su indignación con la prepotencia de las fuerzas de seguridad.

Lo lastimoso es que los hechos tienen eco solo cuando se ensangrienta Bogotá. Las masacres de las zonas no tan citadinas o completamente rurales quedan reflejadas en las estadísticas pero rara vez alcanzan repercusión de proporciones capitalinas. Solamente este fin de semana hubo un enfrentamiento entre guerrillas disidentes y grupos de narcotraficantes que provocó al menos 6 personas muertas, y entre los heridos, hay niños. Pero eso suele presentarse como más de lo mismo que trae la guerra.

Pero una vez que la masa enojada se echa a las grandes avenidas, todo sirve como causa o bandera, también los muertos de la periferia. Claro que los reclamos son tantos y de tan vieja data que se diluyen los menos urgentes —si se compara con la falta de empleo que impide poner la comida en la mesa— a la hora de las soluciones exprés que suele inventarse el gobierno.

Lo peligroso del momento es que parece haber una conexión con el estallido de noviembre pasado. Desde entonces algo cambió, ya no son marchas o paros como antaño, de pocos días y menor alcance, de gremios que se contentan con migajas. Lo único capaz de frenar la rebelión de fines de 2019, y no sólo en Colombia, sino en Latinoamérica, fue la pandemia y sus insoportables cuarentenas o confinamientos, según cada caso. «Bendita pandemia» se dirían a sí mismos algunos gobernantes del área, que veían hasta peligrar su alta investidura con semejante furia humana, por aquello de que «de dos males, el menor».

A diferencia de las protestas pre-covid en las que Colombia se sumó tardíamente a la efervescencia regional, ahora parece llevar la delantera, iniciando tempranamente, cuando aún la enfermedad es una realidad dura y cruda, la ola de manifestaciones. Las convocadas por el Día Internacional de la Paz, el pasado 21 de septiembre,  fueron pacíficas en su gran mayoría, pero le precedieron jornadas de una violencia atroz donde las balas llovieron contra manifestantes e inocentes que ni la debían siquiera, y que en este minuto las autoridades buscan hacer pasar por indisciplinados para justificar lo injustificable con el desgastado recurso del vandalismo.

La policía en Colombia no es un órgano de garantía del orden ciudadano —aunque se defina como cuerpo armado de naturaleza civil— como suele ser en naciones pacíficas del resto del mundo. La persistencia de un conflicto armado por seis décadas hizo que se mezclaran las funciones de policía y ejército, y que en lugar de cuidar la seguridad pública, el uno, y las fronteras, el otro, ambos fungieran como un mismo aparato represivo y tratasen con la misma ferocidad a grupos guerrilleros al margen de la ley, capos de las drogas o civiles descontentos. De hecho, esta especie de policía militar se subordina al Ministerio de Defensa, no al de Interior como se acostumbra, y que en el caso colombiano se ocupa de dictar políticas públicas de seguridad y estructuras menos conflictivas. Mucho han pedido los colombianos que se reforme todo este entramado, y la exigencia cobra más sentido después que, supuestamente, se atraviesa el postconflicto, se construye la paz y se recompone el tejido social a través de la reconciliación de los adversarios. Pura oratoria de cara a la comunidad internacional.

Para más complejidad, existe un especie de sucursal del terror como parte del ya bastante militarizado cuerpo policial. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, mejor conocido por sus siglas ESMAD, viene a ejecutar el linchamiento social contra toda persona o grupo que intente desentonar la pasividad del día a día. Y sobre sus espaldas cargan montones de crímenes sin que su disolución esté a la vista pues sus distintos comandantes supremos, esos que pasan cada 4 años por el Palacio de Nariño, ven en ellos a verdaderos héroes de una tranquilidad que no se traduce en concordia ni armonía, y sí, sobrado dolor entre familias enlutadas por las balas de goma, las bombas aturdidoras, las tanquetas de agua a presión que a veces, sobre todo cuando el uso es desproporcionado, llegan a ser tan mortíferas como la munición real que tampoco han dudado en usar contra sus coterráneos.

Solo que parece haber pasado la época donde todas esas razones que «distinguen» a Colombia, frenaban las ansias de expresión popular. Los asesinatos por el mero hecho de disentir, la criminalización de la protesta incluso desde antes que se intente producir a base de intimidación, dejaron de ser resortes de contención para los colombianos de Bogotá, los de Antioquia o los de más adentro en la geografía. Y la gente sin miedo sí que da pánico, sobre todo cuando descubren el poder que pueden llegar a tener.

Mientras, el actual presidente colombiano, Iván Duque, aún no se da cuenta de la bomba de tiempo que tiene en sus narices. Prefiere engañar a los miembros de Naciones Unidas describiendo un país que sus súbditos se cuestionan si es el mismo que ellos habitan. O gusta mejor de preparar grandes recibimientos a los enviados de la Casa Blanca para seguir «en buena» con el que reparte el pastel. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, y todos los de su estirpe, deberán pensar «bendita droga colombiana» que permite enmascarar los dólares en una ayuda que después no beneficia a ninguno de los destinatarios originales; porque es poner un pie algún funcionario estadounidense en Colombia y agradecer el «gran trabajo» en la lucha contra el narcotráfico que «hemos hecho». Eso y despotricar del vecino venezolano sin mirar la paja en el ojo propio; en este mismo instante esa paja está teñida por la sangre de colombianos y estadounidenses que han sido violentados, precisamente, por quienes tienen la misión de cuidarlos.