Durante la campaña presidencial de 2020, el entonces candidato demócrata Joseph Biden generó muchas expectativas asociadas a una eventual recomposición de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esta percepción estaba sustentada en sus promesas electorales que se centraron en cuatro ejes fundamentales: 1) revertir rápidamente las políticas fallidas de Trump; 2) los estadounidenses, especialmente, los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la «libertad» en Cuba; 3) empoderar al pueblo cubano y 4) los derechos humanos serán una pieza central en las relaciones.

Muchos observadores y analistas interpretaron que estos pronunciamientos eran el preámbulo de una política que se orientaría a dos propósitos fundamentales: desmantelar los elementos más hostiles de la política de máxima presión de Trump y comenzar una etapa similar a la de Obama. Durante este período conocido como la «transición presidencial» que se desarrolló entre noviembre de 2020 y el 19 de enero de 2021, ocurrieron varios procesos vinculados al tema Cuba.

Entre los principales destacan los siguientes: los sectores de la extrema derecha cubanoamericana libraron una fuerte ofensiva orientada a deteriorar al máximo las relaciones entre ambos países; se realizaron acciones para recrudecer la política como la reincorporación a la lista de países patrocinadores del terrorismo; los resultados del voto cubanoamericano evidenciaron la consolidación de posiciones anticubanas y el apoyo a la política de Trump y se promovieron provocaciones hacia lo interno de Cuba con el propósito de construir y proyectar un escenario desestabilizador.

La concurrencia simultánea de estos procesos configuró un ambiente complejo en las relaciones bilaterales que influyó en la posición inicial que adoptó el gobierno de Biden hacia Cuba. A partir del 20 de enero de 2021 comenzó la gestión gubernamental de la Administración Biden y voceros de su gobierno declararon que la política hacia Cuba se encontraba bajo proceso de revisión.

En la práctica, desde que se inició el nuevo gobierno se registraron acciones y declaraciones muy claras que indicaban que la política de máxima de presión contra Cuba continuaría y sus efectos dañinos contra el pueblo cubano se multiplicarían exponencialmente en el contexto de la pandemia. El gobierno de Biden, desde su arrancada y mucho antes del 11 de julio, ya había decidido abrazar la política de Trump hacia la Isla debido a que le era funcional a sus intereses.

En ese sentido, sobresalen cuatro manifestaciones de la política de Biden hacia Cuba que reflejan esta decisión: desaparece por completo en la retórica la «urgencia» de eliminar las políticas fallidas de Trump; los voceros enfocan sus pronunciamientos en la denominada situación de los derechos humanos y fuertes críticas al gobierno; se establece con suficiente claridad que no se retornaría a la política de Obama y la Casa Blanca se niega a realizar flexibilizaciones en la política, por mínimas que sean, atendiendo a razones humanitarias ante la situación compleja de la pandemia.

El gobierno de Biden durante varios meses estuvo observando el severo impacto de la COVID-19 en la Isla y la profundización de la crisis económica con serias implicaciones para la vida social del país. En este contexto se producen los eventos del 11 y 12 de julio. En las horas y días inmediatos después a estos sucesos, el tema Cuba se convirtió en un asunto de la más alta prioridad para los formuladores de política en Washington.

El mandatario estadounidense, en apenas una semana, realizó varios pronunciamientos sobre la Isla que se podrían calificar de erráticos, ambivalentes, inconsistentes, que reflejaban con claridad un mal asesoramiento. En un lapso de pocos días, Biden llegó a calificar a Cuba como estado «fallido»; planteó que enviaría vacunas y afirmó que no autorizaría las remesas a la Isla.

El 22 de julio, la Casa Blanca publicó la denominada «Hoja informativa sobre Cuba», en la que delineaba los pasos que adoptaría empleando los siguientes términos: exigir rendición de cuentas al régimen cubano; involucrar a la comunidad internacional en la condena a Cuba; asegurar que los cubanos tengan acceso a Internet; escuchar a los líderes cubanoamericanos; revisión de la política sobre remesas y reasignación del personal de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Estas manifestaciones, sin precedentes, generaron muchas expectativas y entusiasmo en sectores que, desde sus deseos fervientes de lograr un «cambio de régimen», promovieron las siguientes percepciones: 1) la mayoría del pueblo cubano no apoya sistema socioeconómico y político; 2) el respaldo popular y confianza en el nuevo liderazgo político está erosionado; 3) la política de máxima presión obligará al gobierno cubano a realizar concesiones; 4) determinados actores de la sociedad cubana tienen capacidad de forzar «cambio de régimen» y 5) existen condiciones para avanzar en aislamiento internacional.

Algunos expertos y estudiosos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ante la interrogante de por qué Biden mantenía inamovible la política de Trump acudían a tres argumentos principales: los intereses político electorales del gobierno estadounidense de cara al voto cubanoamericano o lo que han calificado como el «miedo a la Florida»; la capacidad de influencia de los legisladores anticubanos, en especial, el senador Bob Menéndez; y la concepción ideológica conservadora que prevalece en altos funcionarios gubernamentales o lo que podría denominarse como la «mentalidad de Guerra Fría».

Si bien esos argumentos pueden considerarse factores que han incidido en la política de Biden hacia Cuba, consideramos que no son suficientes para explicar la decisión del actual gobierno en continuar el curso hostil y confrontacional de la etapa de Trump. En este sentido, valoramos que el factor decisivo ha sido la percepción que prevalece en el gobierno estadounidense que, ante la compleja situación por la que transita Cuba, existe una oportunidad única para forzar cambios internos. Por lo tanto, hay tres elementos que son necesarios mencionar y que contribuyen a comprender «la lógica desde Washington»:

1) Concluyeron que la política de máxima presión de Trump era funcional a sus intereses. Flexibilizarla sería darle «oxígeno» al gobierno cubano o tirarles una especie de salvavidas.

2) Fue una decisión deliberada y meditada para generar un deterioro sustancial e insostenible de la situación interna en Cuba orientado a generar irritación en amplios sectores poblacionales.

3) Emplear la COVID-19 como un instrumento para provocar un escenario de confrontación entre el gobierno cubano y la población que tiene un efecto dañino multiplicador en un contexto agravado por pico pandémico.

Después de varias semanas, este entusiasmo y creencias fueron debilitándose a medida que la situación en la Isla era evidente que no se convertiría en lo que varios deseaban: una espiral indetenible de manifestaciones y protestas contra el gobierno cubano. En este contexto, a finales de 2021, comenzó a experimentarse un incremento del flujo de emigrantes cubanos hacia la frontera sur de Estados Unidos.

De acuerdo a la agencia de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, entre octubre del 2021 y abril del 2022, arribaron a territorio estadounidense por la frontera con México 113 735 cubanos. Solamente en el mes de marzo, llegaron a los puntos fronterizos más de 32 000 cubanos, lo que duplicó el dato de febrero que ascendió a 16 500.

De esta manera, el factor migratorio condicionó que el gobierno de Biden sostuviera este tipo de encuentro el 21 de abril. Fue necesario dialogar con el gobierno cubano de manera directa en una reunión de alto nivel y dejar a un lado las presiones de los que se oponen a este tipo de intercambios entre Washington y La Habana, así como pasar por alto la decisión de no establecer ni retomar mecanismos de diálogo oficiales con Cuba.

La decisión de incumplir con las 20 000 visas, la cancelación de los servicios consulares en La Habana, la prohibición de los vuelos a provincias y determinadas categorías de viajes de estadounidenses, así como la eliminación del mecanismo oficial en virtud del cual se enviaban más de 3 000 millones de dólares en remesas a Cuba anualmente, constituyeron algunas de las medidas que impactaron decisivamente en la compleja situación económica y migratoria cubana agudizada por los efectos globales de la pandemia.

En este contexto, el gobierno estadounidense realizó los anuncios del 16 de mayo de 2022 que abarcaron cuatro áreas fundamentales: asuntos migratorios; viajes e intercambios entre ambos pueblos; el sector privado cubano y remesas. A la administración Biden le tomó 16 meses realizar flexibilizaciones mínimas y de alcance limitado en la política de máxima presión hacia Cuba.

Estos anuncios, no modifican los principales elementos que sustentan la política de confrontación y hostilidad que todavía prevalece. La nación cubana se mantiene en la lista de países patrocinadores del terrorismo; están intactas las listas de entidades restringidas y de alojamientos prohibidos; prevalece la persecución financiera y petrolera; continúa en vigor la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton; se prohíben las importaciones y exportaciones entre ambos países y la parte cubana no puede adquirir ningún producto que contenga 10% de tecnología estadounidense.

No obstante, se produjeron algunos ajustes como: la autorización de los vuelos a provincias; el envío de remesas; la emisión de visas para emigrantes en la Embajada de Estados Unidos en La Habana; la implementación del Programa de Parole Humanitario; así como se retoman determinados mecanismos de intercambio bilateral en temas de seguridad nacional como las conversaciones migratorias, el diálogo de aplicación y cumplimiento de la ley y los encuentros técnicos entre las Tropas Guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas estadounidense.

Teniendo en cuenta la evolución actual de las relaciones bilaterales, las prioridades del gobierno de Biden hacia la Isla se centran en las siguientes líneas de acción estratégica: controlar el flujo de emigrantes cubanos hacia Estados Unidos; privar y obstaculizar al gobierno cubano de sus principales fuentes de ingresos; socavar aceleradamente el consenso interno y el apoyo al liderazgo político; estimular el empoderamiento del sector privado de la economía y mantener espacios de diálogo y cooperación en temas de aplicación de la ley.

Con relación a las perspectivas de la política estadounidense hacia Cuba, consideramos que es previsible la manifestación de los siguientes rasgos: se  mantendrá como prioridad en la agenda estadounidense el tema de los derechos humanos; prevalecerá la confrontación en las relaciones gobierno-gobierno; el diálogo bilateral se ampliará a temáticas vinculadas a la seguridad nacional; la embajada de Estados Unidos en La Habana jugará un papel más activo en sus intercambios con las instituciones cubanas y es probable que se autoricen visados de no inmigrantes a cubanos que deseen viajar a territorio estadounidense. 

A partir de la prioridad otorgada al desarrollo del sector privado en Cuba, deben adoptarse varias medidas enfocadas en: autorizar transacciones entre instituciones financieras estadounidenses y bancos cubanos; establecer una licencia que permita que bancos estadounidenses proporcionen servicios financieros al sector privado cubano; facilitar el acceso al comercio electrónico y plataformas de pago digital; permitir a compañías estadounidenses proveer los servicios de tecnología en la nube y banca digital en Cuba, así como   incrementar el apoyo directo a los empresarios privados cubanos a través de licencias generales que permitan el microfinanciamiento, los préstamos y las inversiones.

El reto fundamental será en el contenido y alcance de los pasos que se adoptarán. En cualquier escenario, la parte estadounidense tratará de buscar un enfoque que no pueda ser presentado como que el gobierno cubano está siendo beneficiado. Esa posiblemente sea la línea roja que no cruzarán.