El pasado 6 de septiembre, el gobierno estadounidense decidió divulgar que a inicios de octubre comenzarían a implementarse un grupo de medidas anticubanas vinculadas al envío de remesas y a las transacciones financieras con la Isla, lo que implica un reforzamiento del bloqueo económico. En el anuncio se explica que los cubanos que residen en Estados Unidos solo podrán enviar 1 000 dólares por trimestre a sus familiares en Cuba, se elimina la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses envíen donaciones de dinero a través de las remesas, se prohíbe el envío de remesas a familiares de militantes del Partido Comunista de Cuba y se impide que los bancos estadounidenses procesen transacciones relacionadas con la Isla a través de terceros países.
En la lógica estadounidense para este tipo de anuncios vinculados a medidas coercitivas unilaterales es necesario exponer cuáles son sus objetivos y qué fundamentos lo justifican. En ese sentido, el secretario del Tesoro en su narrativa sobre este asunto dijo textualmente que el propósito es «aislar financieramente al régimen cubano» y acudió una vez más a los pretextos que han manejado para argumentar la actual escalada contra Cuba: la supuesta violación de los derecho humanos y el apoyo a Venezuela.
Por lo tanto, Washington presenta estas acciones como un castigo al gobierno cubano, e incluso, se muestra «benévolo» al contemplar determinadas excepciones al permitir que se envíen remesas de manera ilimitada al sector privado y a organizaciones no gubernamentales, lo que evidencia sus propósitos subversivos al preservar un canal de financiamiento para continuar promoviendo la desestabilización interna. Es decir, esta denominada excepción está orientada a garantizar que continúe el flujo de dinero para el desarrollo de los proyectos de «cambio de régimen».
La manera en que el gobierno de Trump ha diseñado y está implementando el cerco económico contra Cuba con mayor fuerza a partir de enero del 2019, constituye una muestra de profunda perversidad y cálculo político sin escrúpulos. En primer lugar, están actuando bajo un enfoque gradual al anunciar un grupo de sanciones con sistematicidad, lo que tiene el propósito estratégico de crear la percepción de que están en condiciones de generar una «asfixia económica» paso a paso. La idea es administrar puntualmente las medidas para lograr un efecto psicológico de frustración, desespero y ansiedad.
Existe una marcada intencionalidad de evitar el flujo de dinero hacia el gobierno cubano con el objetivo de entorpecer el cumplimiento de la política económica y social que está enfocada en el bienestar del pueblo. En la proyección de Washington está muy claro su interés de contraponer a los individuos con el Estado y crear un ambiente de distanciamiento. Están apostando a construir en el imaginario popular de que el gobierno cubano es el principal responsable de la compleja situación económica que vive el país. Además, tratan de colocar a nivel social el mensaje de que el problema de Estados Unidos no es con el pueblo cubano sino con los funcionarios del gobierno.
En segundo lugar, están tratando de proyectar a nivel internacional que Cuba es un país de riesgo para cualquier inversionista extranjero debido a que bajo las condiciones de cerco económico impuestas por Estados Unidos no sería factible ni siquiera evaluar la posibilidad de explorar negocios en la Isla. La aplicación del Título III de la Ley Helms – Burton es el ejemplo más ilustrativo de la presión a terceros y es una muestra del empleo del chantaje político como uno de sus instrumentos privilegiados para satisfacer sus intereses imperiales.
En tercer lugar, están atacando de manera violenta en todos los ámbitos posibles desde el financiero hasta el comercial, lo que indica la agresividad que le están imprimiendo a su accionar para tratar de lograr objetivos en el corto plazo. En ese sentido, la grotesca manipulación de la cooperación médica cubana en múltiples naciones también tiene un componente económico debido a que tiene la finalidad de comprometer una de las principales fuentes de ingreso del país.
Estos anuncios constituyen una expresión más de la frustración y el odio de un reducido grupo de personas que ya conocemos sus nombres y de lo que son capaces. No obstante, este cerco económico contra Cuba tiene varias grietas y vulnerabilidades que se muestran cuando representantes de la propia sociedad estadounidense manifiestan su desacuerdo con sanciones similares como lo expresó el senador demócrata Patrick Leahy en el pleno de la Cámara Alta estadounidense en abril de este año. El legislador dijo que su gobierno no tiene derecho a decidir dónde viajan sus ciudadanos y en que gastan su dinero y enfatizó que «la política hacia Cuba es dirigida por un par de personas en el Consejo de Seguridad Nacional que nunca han puesto un pie en la Isla, pero están encabezando una cruzada para presionar por cambios internos que ha sido un enfoque fracasado». Con estas palabras recogió el sentir de amplios sectores de la sociedad norteamericana que se oponen a la política confrontacional del gobierno de Donald Trump.
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