Los primeros días del 2019 han sido testigos de la creciente escalada imperialista contra Venezuela, lo que se ha materializado en una ofensiva político-diplomática encabezada por Washington al emplear sus dos mecanismos preferidos para intentar legitimar sus acciones: el Grupo de Lima y la OEA. El gobierno estadounidense está desplegando con mayor fuerza contra Caracas uno de los componentes esenciales de la doctrina de la guerra no convencional: el intento de aislamiento internacional, lo que se inscribe dentro de la preparación de condiciones y articulación de pretextos para adoptar medidas más ofensivas sin descartar el empleo de la fuerza militar.

La visita del Secretario de Estado Mike Pompeo a Brasil y Colombia entre el 31 de diciembre y el 2 de enero de este año, la reunión del Grupo de Lima el día 4 y la declaración de la OEA el 10 de enero constituyeron una secuencia de acciones dirigidas a intentar aislar a Venezuela no solo en el contexto regional sino a nivel internacional. Estas maniobras han sido reforzadas con el llamamiento del Departamento de Estado a comenzar la transición de un nuevo gobierno en Venezuela y por las recientes amenazas injerencistas lanzadas el 11 de enero por el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. 

El contenido y tono de los pronunciamientos del alto funcionario estadounidense durante su periplo, los documentos emitidos en las reuniones de los mecanismos hemisféricos mencionados y las declaraciones sistemáticas desde Washington, evidencian el despliegue de un agresivo y peligroso plan que tiene como objetivo inicial el derrocamiento del gobierno venezolano, lo que sería el primer paso dentro de una estrategia de mayor alcance que tendrá implicaciones para Cuba y Nicaragua. Atendiendo al ritmo, contenido y alcance de estas acciones, Estados Unidos está tratando de forzar aceleradamente un «cambio de régimen» en Venezuela, lo que podría conducir a desenlaces de alto riesgo para la seguridad regional.

La visita de Pompeo a Brasil y Colombia fue precedida de un incremento en la retórica del gobierno estadounidense contra Venezuela imponiendo como matriz fundamental la necesidad de establecer un «esfuerzo conjunto internacional» para desconocer el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, quien tomó posesión el 10 de enero. Estos pronunciamientos fueron acompañados de una ofensiva de los medios de derecha en la región que difundieron y magnificaron los mensajes de Estados Unidos.  

Según las declaraciones de prensa del Departamento de Estado, los encuentros de Pompeo con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro y su canciller Ernesto Araujo estuvieron enfocados en «destacar la importancia de trabajar juntos para manejar los desafíos regionales entre los que se incluyen los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua». Durante el encuentro con el presidente colombiano se insistió también en la supuesta gravedad de la situación venezolana y sus implicaciones para la estabilidad regional. Después de estos intercambios que se centraron en la coordinación de acciones, se imponía ejecutar los próximos pasos previstos para el 4 y 10 de enero, respectivamente.

Los miembros del Grupo de Lima, con excepción de México, emitieron una declaración que, en esencia, se pronuncia por los siguientes aspectos: no reconocer la legitimidad del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro; condenar la supuesta ruptura del «orden constitucional y el estado de derecho»; instar a la celebración de un nuevo proceso electoral y promover la presentación de iniciativas en foros multilaterales para coadyuvar al restablecimiento de la «democracia» en Venezuela. Toda esta retórica infundada solo esconde la profunda frustración de ser incapaces de haber logrado el mandato que le encomendó el gobierno estadounidense a ese mecanismo: derrocar la Revolución Bolivariana.

El informe finaliza con un grupo de medidas que evidencian concretamente en qué consiste el plan: revaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela; impedir la entrada de altos funcionarios venezolanos al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades bancarias y financieras de esas naciones no podrán operar; restringir el otorgamiento de créditos por parte de los organismos internacionales; suspender la cooperación militar con Caracas; instar a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela y promover que la comunidad internacional adopte medidas semejantes.

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA divulgó el 10 de enero una declaración sobre la situación en Venezuela que «coincidentemente» se enfoca en los mismos aspectos que el pronunciamiento del Grupo de Lima. Destaca en el texto el manejo y la presentación de los argumentos de por qué es necesario «democratizar» a Caracas, lo que resulta de interés atendiendo a que constituyen los pretextos aplicables a cualquiera de las naciones que el gobierno estadounidense pretende «cambiar su régimen» como los casos de Cuba y Nicaragua.

Los pretextos son los siguientes: el proceso electoral realizado en Venezuela carece de legitimidad por no ajustarse a los estándares internacionales; empeoramiento de la crisis política, social y humanitaria; reaparición de enfermedades infecciosas previamente erradicadas en Venezuela, así como en países fronterizos y de la región como resultado del colapso del sistema de salud venezolano y el éxodo de ciudadanos de Venezuela está planteando desafíos a la seguridad hemisférica al rebasar la capacidad de las naciones del área para cubrir sus necesidades básicas.

Este enfoque distorsionado de la situación de Venezuela que se está promoviendo ante el mundo y la aplicación de un régimen de sanciones como el que proponen el Grupo de Lima y la OEA constituyen una escalada muy peligrosa contra la nación bolivariana. En la concepción e implementación de este plan es evidente que existe un sentido de urgencia en lograr el objetivo fundamental, lo que implicaría la generación de focos de tensión por parte de Estados Unidos y sus aliados que sería la «chispa que pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos» como afirmó el 2 de enero el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En la evaluación de esta ofensiva imperialista debemos estar conscientes que las pretensiones van más allá de intentar derrocar el proceso bolivariano, es evidente el propósito de acelerar también la implementación del denominado «cambio de régimen» contra Cuba y Nicaragua, lo que fue públicamente reconocido el 1 de noviembre por John Bolton cuando afirmó que Caracas, La Habana y Managua conforman un «triángulo del terror» que Estados Unidos está ansioso por derrotar.

La convergencia de una visión extremista en las estructuras de poder en Washington con la consolidación de los gobiernos de derecha en la región, configuran un escenario que promueve y alienta en los sectores más recalcitrantes de Estados Unidos y las oligarquías nacionales en América Latina la percepción que este es el momento más favorable que han tenido en los últimos años para borrar del mapa político latinoamericano cualquier vestigio de naciones, mecanismos, procesos y movimientos que luchen, se resistan y denuncien el modelo político neoliberal que solo alimenta al capitalismo salvaje y pone en peligro la existencia humana.

El 10 de enero, Bolton emitió una declaración oficial en la que afirmó: «Usaremos toda la fuerza del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela», lo que constituye no solo una amenaza sino que el objetivo fundamental es promover la desestabilización interna en la nación bolivariana y crear una situación de crisis incontrolable que les permita justificar el empleo del poder militar que siempre ha estado sobre la mesa como ha confirmado el propio Donald Trump.

Ante este complejo escenario, todas las fuerzas de izquierda y progresistas del mundo deben hacer suyo el llamado de la Red en Defensa de la Humanidad a respetar la soberanía del pueblo de Venezuela, lo que implica denunciar y combatir permanentemente las intenciones, los planes y las agresiones del gobierno estadounidense y sus aliados, quienes han demostrado que no pueden derrotar el espíritu de lucha y la fuerza de las ideas que defienden los pueblos de Nuestra América que están junto a Venezuela.