La activista Sonia Pierre murió sin que el racismo, la xenofobia y la explotación hacia los migrantes haitianos desapareciera de la sociedad dominicana.

Sonia Pierre tenía 13 años cuando lideró su primera manifestación y fue arrestada por exigir, durante cinco días, mejores condiciones para los trabajadores cañeros. Aquel mundo lo conoció a través de sus padres, dos cortadores que emigraron de Haití a República Dominicana y la concibieron en un batey de Villa Alta Gracia. Ese lugar y otros acogen actualmente entre 500 000 y un millón de desplazados del país más pobre de América Latina y El Caribe.

A lo largo de su vida Solain Pie, como la registraron en el acta de nacimiento, denunció la vulnerabilidad de la población haitiana en esa nación. Junto a Liliana Dolis y Lecedy Luis fundó el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) en 1983, destinado a implementar programas de salud, asistencia legal y derechos civiles en aquellos parajes donde la violencia, la explotación y la xenofobia eran dominantes.

La organización sin fines de lucro tomó como principio que la dominicidad no tiene un solo rostro. Más que un lugar, «es un mosaico de identidades construidas a través del tiempo y el movimiento de personas». Sonia encaminó la lucha también hacia la integración social de las personas dominicanas con ascendencia haitiana. Para ampararlos legalmente y conseguirles documentos de identidad, los responsables de MUDHA trabajaron en diversos bateyes y brindaron acompañamiento a miles de «apátridas», como los reconoció el Estado.

Cuarenta y un años más tarde la situación es similar. El punto de partida de la travesía se caracteriza por el hambre. La Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que uno de cada cuatro niños padece desnutrición crónica en Haití. Más de la mitad de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida apenas supera los 64 años, en parte por la fragilidad de su sistema de salud.

La violencia del país se refleja en las más de 5 000 violaciones a mujeres, registradas en 2023, las cuales son efectuada por bandas que siembran el miedo, retienen el combustible y los suministros necesarios para los hospitales. El 80% de la capital, Puerto Príncipe, está sometida por aproximadamente 200 grupos criminales.

Dicho panorama aumenta la violencia y agudiza las consecuencias de los desastres naturales. Quienes crucen la frontera hacia República Dominicana deben superar los controles migratorios de las mafias y, algunos, pagar las altas sumas que exigen a cambio de una falsa promesa: la documentación.

Por otro lado, el destino de los desplazados es igualmente escabroso en el país ubicado al este de la isla. Una parte de la ciudadanía culpa a los haitianos de las problemáticas de República Dominicana. Por eso, las políticas migratorias se tornan cada vez más estrictas y el presidente, Luis Abinader, incluye entre sus promesas electorales la construcción de un muro fronterizo y la colocación de puestos de control estratégicos, para evitar «la avalancha de extranjeros ilegales». De hecho, en abril de 2024 se deportaron más de 16 000 haitianos, obligados a atravesar el río Masacre de regreso a su país de origen.

La orfandad jurídica se evidencia en la historia de la migración entre ambas naciones. Una primera ley que definió la ciudadanía dominicana, basada en el derecho de sangre, se promulgó en 1939, convirtiendo en apátridas a muchos hijos de trabajadores haitianos concebidos en el país.

Posteriormente, las enmiendas constitucionales aprobadas en 2013, impidieron optar por la ciudadanía dominicana a los descendientes de emigrantes nacidos entre 1929 y 2010. Dicha medida restringió además el acceso de 200 000 personas a servicios públicos como la salud o la educación.  Aunque la sentencia fue matizada luego, en la actualidad miles de haitianos nunca llegan a conseguir la documentación legal debido a los largos procesos administrativos y la falta de recursos. 

Los defensores de los derechos humanos critican el trato inhumano a los haitianos, el uso de fuerza excesiva en las redadas, las persecuciones mortales y las separaciones de padres e hijos.

«Algún día, tarde o temprano, el Estado tendrá que reconocer a estas ciudadanas y ciudadanos que crecen aquí apátridas, sin nacionalidad, sin un nombre, para que sean incluidas en esta sociedad dominicana», afirmó Sonia Pierre, consciente que la lucha continuaría después de su muerte el 4 de diciembre de 2011. Durante las concentraciones masivas, realizadas en su honor ante la Corte Suprema, miles de manifestantes gritaron al unísono: ¡Todas somos dominicanas! ¡Todos somos dominicanos!