El 17 de diciembre del 2019 en la Casa Blanca, se produjo el lanzamiento de una ambiciosa iniciativa del gobierno estadounidense que tiene como nombre «América Crece». Según la Administración Trump, este proyecto garantizará el crecimiento económico en la región y la creación de empleos. Durante su presentación, se enfatizó que también está dirigida a catalizar la inversión del sector privado de Estados Unidos en infraestructuras de América Latina y el Caribe. Realmente esa es la esencia: reforzar el posicionamiento estratégico del capital norteamericano en las economías de nuestra región como un mecanismo efectivo de dominación.

Según los promotores de esta iniciativa, uno de los principales retos que enfrenta América Latina y el Caribe es la falta de inversión en infraestructuras que lastra el creciente económico. Por lo tanto, han concluido que la región necesita entre 100 mil y 150 mil millones de dólares anuales de inversión en infraestructura. Es en este contexto que aparece la «propuesta salvadora» de «América Crece» para «asegurar la diversificación de los mercados, la seguridad energética y el crecimiento». Como es costumbre en este tipo de lanzamientos, se posiciona ante el mundo toda una narrativa edulcorada que busca ser atractiva y ganar receptividad.

De acuerdo a Washington, este nuevo proyecto se centra en la creación de un entorno propicio para la inversión del sector privado en infraestructuras que sea transparente, competitivo y acorde con las mejores prácticas internacionales.  Los sectores a los que va dirigida esta iniciativa son: energía, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y carreteras, lo que abarca toda una gama de lo que se conocen como las infraestructuras críticas de las naciones. Por lo tanto, las inversiones van orientadas a sectores estratégicos que constituyen el núcleo duro del desarrollo socioeconómico de la mayoría de las economías de nuestra región.  

Desde el punto de vista de su concepción organizativa, en este proyecto participan activamente las siguientes estructuras gubernamentales estadounidenses: Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, Departamento de Comercio, Departamento de Energía, la USAID, la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos y la Corporación para la Inversión Privada en el extranjero. Por la designación y funciones que cumplen estas instituciones, estamos en presencia de un andamiaje estructural muy poderoso que está rectorado e impulsado por el gobierno norteamericano que empleará todas sus capacidades e instrumentos para apoyar a los inversionistas estadounidenses, lo que constituye un acompañamiento estratégico.

En este sentido, se aprovecharán y canalizarán los programas, recursos y la experiencia de varias entidades gubernamentales para ayudar a los inversores a relacionarse con los gobiernos de nuestra región, obtener financiamiento, evaluar y mitigar los riesgos y lo que han denominado como el «fortalecimiento de los entornos normativos» que significa la adopción por las naciones de un marco legal que favorezca absolutamente los intereses de Estados Unidos.   

El gobierno estadounidense llevará a vías de hecho este diseño a partir de lo que han denominado el «compromiso diplomático de alto nivel» que se manifiesta con la adopción de memorandos de entendimiento, conversaciones y asistencias técnicas. Hasta el momento, Estados Unidos ha suscrito instrumentos bilaterales sobre «América Crece» con Chile, Jamaica y Panamá. Además tienen previsto realizar mesas redondas empresa-empresa, misiones comerciales, viajes de estudio y exploración de oportunidades lo que presentan como una «gran oportunidad» para realizar evaluaciones integrales de viabilidad comercial, aportar conocimientos técnicos para mejorar el clima de inversión y apoyar la financiación de proyectos. En esencia, todo un recetario para promover las políticas neoliberales en Nuestra América.  

El lanzamiento de esta iniciativa, constituye una evidencia más de la profunda preocupación que prevalece en el gobierno estadounidense sobre su pérdida de influencia en América Latina y el Caribe. En este caso, la propuesta está enfocada en las infraestructuras críticas que también puede interpretarse como una reacción al creciente posicionamiento de China en los últimos años en estas áreas, lo que indica que en este caso la lógica y disputa geopolítica está muy presente.

Según datos del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de México, compañías china habían participado en 91 proyectos de infraestructura en nuestra región entre el 2000 y el 2018. De ellos, 28 proyectos en el área de la generación eléctrica, 17 en telecomunicaciones, 6 en petróleo y refinerías, 15 en puertos, 14 en carreteras y 3 en aeropuertos. Estos números hacia el corto y mediano plazo se perfilan con una tendencia al crecimiento sostenido.