En el caso de Cuba, la última “Estrategia Integrada” se aprobó el 27 de mayo del 2022 y está en pleno vigor. Es un documento poco conocido y divulgado que está disponible en el sitio web del Departamento de Estado. La versión que se puede consultar dice claramente para “conocimiento público”, lo que indica su intencionalidad de posicionar mensajes hacia determinadas audiencias. No obstante, resulta útil conocer la manera en que formulan las metas y objetivos que pretenden alcanzar con su política hacia Cuba y, en especial, su orden de prioridades.

De acuerdo al documento, existen tres prioridades fundamentales en la proyección hacia la Isla: 1) promover los derechos humanos; 2) proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y sus ciudadanos, así como 3) potenciar una sociedad cubana empoderada, innovadora e inclusiva. De esta manera, el gobierno estadounidense está confiriéndole mayor prioridad en la relación con Cuba a la confrontación que a la cooperación al poner el tema de los derechos humanos como su máxima prioridad. Esencialmente, está trasladando que resulta más relevante para Washington promover la subversión interna que cooperar sobre temas de interés común.

En el texto, la meta 1 se formula de la siguiente forma: “Hacer avanzar los derechos humanos y la democracia en Cuba”. Desde el punto de vista práctico, conciben alcanzarla a partir de dos objetivos fundamentales: promover el respeto por los derechos humanos y apoyar a los activistas, así como identificar y comprometerse con la nueva generación de líderes de la sociedad civil cubana en sus aspiraciones democráticas. En ese sentido, afirman: “el futuro de Cuba estará determinado por su juventud. Para construir un futuro con mayor libertad política y económica, ellos necesitan permanecer conectados con el mundo exterior”. Es una narrativa engañosa y cargada de palabras símbolos de acuerdo a los valores estadounidenses que en la práctica se materializa con fondos millonarios orientados a promover el denominado “cambio de régimen”.

La meta 2 se enuncia de la siguiente manera: “proteger la seguridad nacional estadounidense y sus ciudadanos a través de un intercambio apropiado en materia de aplicación de la ley, seguridad fronteriza y respuesta a emergencias”. En función de ese propósito, se delinean cuatro objetivos fundamentales: promover la comunicación y coordinación efectiva entre las agencias de seguridad y aplicación de la ley de Cuba y Estados Unidos; facilitar viajes seguros de ciudadanos cubanos a territorio estadounidense; proveer servicios de emergencias para asegurar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que residen y visitan Cuba; así como mejorar la cooperación en materia de rescate y salvamento, respuesta a desastres medioambientales y otras situaciones de crisis. 

Esta meta está enfocada en temas estratégicos vinculados a las amenazas compartidas entre ambos países que requieren necesariamente de la cooperación bilateral para su prevención y enfrentamiento. Si el gobierno estadounidense aplicara en su proyección hacia Cuba la lógica de los intereses nacionales, estos asuntos estarían por encima del manipulada “situación de los derechos humanos”. 

La mayor inconsistencia de este acápite es cuando se hace referencia a las preocupaciones de Estados Unidos con el flujo migratorio de cubanos y su interés en garantizar una emigración legal, segura y ordenada. Realmente, el enfoque de política de máxima presión que sigue el actual gobierno lo que ha provocado es la profundización de la grave crisis económica y el empobrecimiento del pueblo cubano que ha constituido el principal factor que ha condiciona la emigración masiva que se desarrolla. 

La meta 3 está delineada fundamentalmente para el sector privado de la economía cubana al plantear: “promover el crecimiento de una sociedad cubana empoderada, innovadora e inclusiva”. Como objetivo principal a alcanzar se proyecta apoyar el desarrollo de la actividad económica privada e impulsar una economía más abierta a través del intercambio con empresarios y negocios privados. Desde la lógica estadounidense, en el documento se refiere que el camino hacia una Cuba más próspera en el futuro descansa en la innovación de este sector. Por lo tanto, enfatiza que Estados Unidos debe empoderar a los innovadores dentro del empresariado privado a través de programas que contribuyan a construir sus capacidades y que los conecten con la economía global.     

       

El texto constituye un reflejo de lo que gradualmente se está implementado en la política estadounidense hacia Cuba y deja claro que la prioridad fundamental está enfocada en el tema de los derechos humanos, lo que evidencia que la voluntad política que prevalece está apostando a forzar cambios internos en el país y coloca los temas de interés común en un segundo plano subordinado a la politización de la agenda bilateral. Esta visión de la proyección hacia la Isla es la que debe perdurar en el corto y mediano plazo.