Desde hace un par de semanas El Salvador vive una crisis de poderes que tuvo su punto detonante en un suceso que le dio la vuelta al mundo: el presidente del país entrando al palacio legislativo escoltado por militares de armas largas, tomando el puesto principal de la Asamblea y emplazando públicamente a los diputados con la frase: «está claro quién tiene el control aquí». Aunque, en honor a la verdad, el tratamiento internacional que recibió Nayib Bukele por escenificar tal atropello a la constitucionalidad, que tenía todas las pintas de un acto despótico, fue tibio, apenas algunas críticas moderadas, advertencias y llamamientos al orden.

Parecería que las aguas tomaron su nivel, porque el mal no llegó a mayores, no se consolidó ningún hecho golpista, teniendo en cuenta que militares y policías desplegados en tono amenazante, como fue el caso, siempre traen consigo una ruptura democrática. Sin embargo, este enfrentamiento de ninguna forma ha finalizado, restan 12 meses para las elecciones de un nuevo congreso en la nación centroamericana, por lo que las diferencias —a todas luces irreconciliables— entre el jefe del ejecutivo y sus parlamentarios se mantendrán durante todo ese tiempo y podrían esperarse incidentes similares o peores, si medimos el temperamento mostrado hasta ahora por el mandatario salvadoreño.

La base de todo es que Bukele gobierna con cero apoyo legislativo. Su partido Nuevas Ideas —el segundo en el que milita, de hecho, este lo creo con fines electoreros pero al final tuvo que buscar un tercero para lograr su propósito presidencial— no tiene ninguna representatividad en el órgano unicameral, si acaso pudiera escudarse en una decena de diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición GANA-dora que lo convirtió en el mandatario más joven de la historia salvadoreña y el primero de una fuerza diferente a los dos históricos que se alternaron el poder en los últimos 30 años: el FMLN y ARENA, pero está por ver la lealtad de esta alianza con su hombre presidencial, dado lo efímero de la relación militante.

Justamente, Bukele logró ponerle fin al bipartidismo en El Salvador, pero solo en lo que al Jefe de Estado respecta, porque los pesos pesados siguen dominando la escena parlamentaria. El FMLN y ARENA tiene en conjunto 60 de los 84 asientos del Congreso, y a pesar de ubicarse en extremos ideológicos, parecen acordar un frente común cuando de frenar al «millennial president» se trata. Tal es así que ambos se negaron a apoyar a Bukele en su propuesta de pedir un préstamo para implementar una de las fases de su plan «Control Territorial» contra la violencia. Y esta negativa fue la que desencadenó la militarización del recinto asambleario el pasado 9 de febrero.

Y aquí se complica la cosa. Resulta que «la causa» de Bukele parece noble. Si se describe a grandes rasgos, el presidente quiere desterrar para siempre la violencia pandillera del país y se ha propuesto un plan «sanador» —hay que recordar su metáfora de El Salvador como un niño enfermo— que necesita ser financiado y le pide la venia a los diputados para que den luz verde a los fondos. Los legisladores se niegan y se convierten en los malos de la película que no quieren ayudar al presidente a hacer del estado centroamericano un sitio menos inseguro. Así lo ve una parte considerable de su ciudadanía, la misma que lo ha catapultado a ser uno de los presidentes mejor evaluados a nivel global y el de mayor índice de respaldo popular en América Latina, con números por encima del 80%.

Pero eso una lectura parcial o lo que es lo mismo, un relato de medias verdades. La única realidad verídica es el altísimo nivel de violencia que sufre hace décadas el país, al punto de ubicarse no pocas veces, como fue el caso del año 2015 por hablar del más cercano en el tiempo, como el más violento del mundo, con más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, o para que se entienda mejor, más de 6 mil 600 muertes violentas en el año.

Bukele ha hecho del tema seguridad una bandera de gobierno, que antes fue de campaña. Bienvenido sea. Pero no hay novedad en el caso. Político que no ponga el asunto, junto a los de lucha contra la corrupción y la pobreza, en su agenda, difícilmente llegue a cabeza de estado. Son las deudas eternas de esa nación y algunas vecinas que se utilizan indiscriminadamente para captar votos y una vez investido el personaje de turno, la vida sigue igual. Lo que importa es el cómo afrontar tales emergencias y si son eficaces las propuestas. Aquí tampoco hay ningún aporte por parte del joven presidente. Más bien ha tenido ideas encontradas y no muy claras. Dijo durante el proceso electoral que iba a cambiar el enfoque de mano dura de sus predecesores y ahora se baja con un programa que contempla aumento de fuerzas militares en el terreno y bien apertrechadas. Para comprar la indumentaria es que necesita el dinero. Y no sin faltar a la razón le reprochan los congresistas que pida prestado para chalecos y armamento policial cuando el 34 por ciento de la población o lo que es lo mismo, 2.5 millones de personas de poco más de 6 millones de habitantes, sufre una pobreza multidimensional, de acuerdo con sondeos estatales, y hay muchas más urgencias sociales, carestía que a su vez alimenta la violencia en un círculo de muerte.

Por otro lado, y tampoco le falta razón, Bukele denuncia que hay complicidad de líderes políticos posicionados en la Asamblea Legislativa con las mafias locales. El más reciente explote involucra a Norman Quijano, excandidato presidencial de ARENA y expresidente de esa misma Asamblea que ahora se opone a la voluntad ejecutiva, a quien la Fiscalía le imputa cargos de fraude electoral y asociación ilícita con pandilleros de la Mara Salvatrucha, una de las dos principales bandas criminales que operan y prácticamente dominan el territorio salvadoreño.

La otra verdad no contada es que los diputados no se niegan de un tajo al préstamo que pretende solicitar el presidente. Exigen mayor transparencia en el manejo de los dólares y tiempo para estudiar el plan, porque se sospecha de negocios turbios con esa plata. Lo de siempre, favorecer unas empresas por encima de otras a cambio de favores políticos, el mismo brete de Odebrecht y el nunca acabar en América Latina.

Por lo pronto, Bukele prefiere arremeter contra su Legislativo y justificar su mega proyecto anticrimen. Ni siquiera se ha disculpado por la irrupción militar a la sede del Congreso y ya insiste en apuntarse el crédito de la baja en las tasas de asesinatos del último año y primer mes del presente. Cierto que las estadísticas nacionales son favorables a una disminución en las muertes si se compara con 2018 pero los entendidos en la materia no creen que se deba ciento por ciento a la estrategia de gobierno. La tendencia en el último lustro es descendiente, o sea, la curva comenzó antes de que Nayib Bukele asumiera las riendas. También hay reservas acerca de si ha existido o no una negociación oculta con los pandilleros, quienes dicen tener el barómetro de muerte.

Pactar con las pandillas es visto como acto de traición en El Salvador. Algunos presidentes lo han hecho, pero tras bambalinas. No obstante, plantearse un diálogo serio, sin concesiones baratas y sí objetivos claros de erradicación de la criminalidad tendría que ser el complemento de un plan mayor, cuya única carta de triunfo sería la integralidad en el abordaje del fenómeno: ir a las razones estructurales del surgimiento de las pandillas y la persistencia de la violencia, plantearse un desarrollo social a la par de la severidad en el combate a estos grupos delincuenciales y no descartar la opción del diálogo sin que medie la impunidad. Las políticas anteriores han demostrado sobradamente que no basta la mano dura o las medidas extremas de manera puntual, si no se acompañan de reconstrucción del tejido social, dígase, identificar y solucionar las condiciones de marginalidad y pobreza que obligan a subsistir de la peor y jamás justificable de las maneras.

Y como detalle final, Nayib Bukele, quien insiste en volcar cada día más militares a las calles con o sin autorización del parlamento, ha decidido calmar a la opinión pública internacional con un editorial en un periódico extranjero, curiosamente estadounidense, y en perfecto inglés, como si el único interlocutor válido a su entender estuviera en el hemisferio norte. Es evidente que quería calmar a su aliado fundamental. Washington no puede permitirse que uno de los suyos haga de caudillo irreverente de la democracia en sus narices, después que fustiga a todo el que no sigue al pie de la letra su «receta democrática», esa misma que también se basa en la sabia popular de «haz lo que yo digo y no lo que yo hago».

Así llega el joven que gusta gobernar desde las redes y por eso trina las órdenes en Twitter, con mucho de narcisismo y prepotencia, a creerse que su palabra es ley y que puede domesticar a sus ciervos y vasallos, con la autorización divina, porque mete a «Dios» en todos sus asuntos oficiales. Todavía no cumple su primer año como Jefe de Estado y ya acumula controversias, no solo le apunta con fusiles a los legisladores, sino que los llama «sinvergüenzas» y más recientemente veta una propuesta parlamentaria para que los salvadoreños en el exterior pudiesen votar en las venideras elecciones. Con estos truenos, todo apunta a que la guerra de poderes está apenas comenzando.