En lo que marca un antes y un después en la política migratoria cubana, acaba de anunciarse que los residentes en el exterior podrán participar en el proceso de consulta respecto a la futura Constitución del país.
Desde 1978, el gobierno cubano ha promovido reuniones con grupos de emigrados para discutir asuntos que les atañen de manera específica. También se han tomado decisiones que abarcan a toda la emigración, como la autorización de las visitas en 1979, o a una parte de ella, como la reforma migratoria de 2013, que modificó el estatus de los migrantes a partir de esa fecha. Sin embargo, por primera vez se toma una decisión que comprende a todos los emigrados sin distinción y está referida a asuntos esenciales de toda la nación, como es el caso de la Constitución.
Tal gesto tiene un valor político enorme, en tanto refleja la voluntad del Estado cubano por conectar a los emigrados de una manera más amplia con la vida nacional. Pero también establece precedentes legales, ya que se reconocen derechos en asuntos fundamentales, lo que les abre el camino para incidir o ser reconocidos en las normativas legales que se adopten en el futuro.
Está claro que no basta participar para que las recomendaciones de cada cual sean incluidas en el texto constitucional, pero eso vale igual para los cubanos que residen en el país. Lo más importante es que al equiparar a unos y otros en derecho, se ha dado un paso hacia la inclusión que difícilmente podrá tener vuelta atrás.
Será importante el número de emigrados que participen, pero, igual que hacia lo interno, lo más relevante será la calidad de los análisis y propuestas. En todo caso, una vez finalizado el proceso, se contará con un material de una riqueza incalculable para comprender los puntos de encuentro de todos los cubanos, no importa dónde vivan, así como las políticas que más se avienen a sus criterios e intereses. Es un paso hacia la perfección de la democracia y eso nos beneficia a todos.
Aunque esta decisión del gobierno cubano refleja un consenso nacional mayoritario, expresado de diversas maneras tanto en Cuba como en el exterior, no deja de ser una decisión valiente, toda vez que tampoco estamos hablando de un apoyo unánime a gestos como éste.
La existencia de una ultraderecha cubanoamericana muy activa en contra de cualquier arreglo con Cuba, alimentada por la permanencia de políticas norteamericanas encaminadas a continuar utilizando a la emigración como base social de la contrarrevolución, así como la existencia de un núcleo minoritario, pero influyente, de emigrados portadores de una ideología de la confrontación, genera reacciones similares en sectores de la sociedad cubana, que tienen un peso nada despreciable en el debate político nacional.
Ninguna Constitución, por sí sola, asegura el buen funcionamiento de la estructura legal de un país. Es un proceso que incluye el diseño de las leyes complementarias que garanticen no solo la letra sino el espíritu constitucional, así como su justa aplicación en la práctica.
El debate constitucional que se ha iniciado en Cuba es solo un primer paso en el complejo proceso de ampliar los consensos que requiere la nación de cara al futuro. Lo trascendente, no importa los escollos que aparezcan en el camino, es que la emigración ha sido asumida como parte de este futuro y eso implica el crecimiento de la patria cubana.
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