“Hola a todos y todas el próximo 6 de junio recordamos la detención y montaje judicial de nuestro compañero Julián Andrés Gil Reyes, por tal motivo desde el proceso Quinua estamos organizando vídeo para rotar en las redes sociales con la frase #DespuesDeUnAño. La idea es que cada persona que halla conocido a Julián y quiera enviarle un mensaje de apoyo, grabe en su celular un vídeo de 30 segundos con la frase: DESPUÉS DE UN AÑO JULI y el mensaje que desee enviarle”. Esta frase abrió la semana del 3 al 7 de junio de 2019. Durante estos días, se realizará en Colombia y todo el continente una campaña para conmemorar el año de injusto encarcelamiento de Julián Andrés Gil, militante del Movimiento Quinua y Secretario Técnico de la organización política y social colombiana Congreso de los Pueblos (CdP).

Juli, como lo llama quien lo conoce, fue detenido arbitrariamente el 6 de junio de 2018 (http://www.colombiainforma.info/detienen-arbitrariamente-a-secretario-tecnico-del-congreso-de-los-pueblos/) mientras salía de la sede del CdP, en Bogotá. Ese día se denunció que: “Aproximadamente a las 2:15 pm, del día de hoy, miércoles 6 de junio de 2018, fue detenido en Bogotá DC, nuestro compañero y colaborador Julián Andrés Gil Reyes (…). Julián detectó extraños seguimientos de sujetos de civil, desde días anteriores haciendo registro fotográfico y monitoreo de las actividades de la sede del Congreso de los Pueblos (…). Cuando se disponía a salir de la sede, justo en la entrada, fue abordado por cinco sujetos de civil y dos uniformados al parecer de la policía nacional, quienes lo introdujeron en un vehículo (…). Exigimos a las autoridades, en especial a la fiscalía general de la Nación brindar todas las garantías procesales constitucionales y legales al ciudadano Julián Andrés Gil Reyes, y parar de manera inmediata la persecución contra los líderes y lideresas sociales en Colombia”.

Este 4 de junio, casi un año después, se espera que finalmente se realice la audiencia de prolongación de la medida de aseguramiento intramuros. Es decir, puede estar entre uno o cuatro años más en prisión sin que haya comenzado un juicio para analizar los cargos en su contra.

El derecho a organizarse

En Colombia, las personas que defienden su territorio no son bien vistas por el poder (sea el Gobierno o los que mandan desde hace más de 200 años). Se les persigue, amenaza, judicializa, encarcela y asesina sistemáticamente frente a los ojos de todas y todos, sin que se tomen las medidas de protección necesarias. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano tiene un lugar en el plan de dominación de Estados Unidos en el continente: ser su portaviones. Y eso conlleva eliminar cualquier organización social que “amenace” los planes del imperio.

Así lo han afirmado los diversos informes en los que el mismo ejército colombiano relata su doctrina militar, llamada Damasco (http://misionverdad.com/trama-global/damasco-en-nuestramerica-i). Ideada por “profesionales militares apoyados por las principales universidades” y producto de un plan macro llamado Minerva, esta Doctrina Damasco fue lanzada oficialmente en agosto del 2016. Además de las grandes inversiones para la actualización tecnológica de las fuerzas armadas colombianas, Damasco plantea fórmulas para controlar los territorios -tanto urbanos como campesinos-. Y la judicialización de las personas que se organizan junto a las comunidades para defender su tierra y su vida de las grandes trasnacionales, es parte de la doctrina que la fuerza militar gringa a creado en conjunto con los israelitas para Colombia y el resto de Nuestramérica. Que Damasco sea una hija de Minerva no es casualidad.

Según afirma la escritora y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, María Fernanda Barreto, “Minerva es una iniciativa del Pentágono a través de la cual se vinculan la academia y el ejército norteamericano con el fin de mantener la noción imperialista de paz, es decir, el dominio incuestionado de los Estados Unidos sobre el mundo. Esta iniciativa puede explicar el porqué universidades latinoamericanas -como en este caso, la Universidad de Los Andes de Colombia- participan activamente en la elaboración de la nueva doctrina militar del ejército colombiano, en abierta colaboración con la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y el Ejército de los EEUU”.

Pero estas doctrinas no son simples juegos de guerra de militares descolocados que solo saben hablar de armas. No. Esta doctrina está intrínsecamente ligada a los planes de expansión y dominación política y económica sobre lo que el mismo Gobierno de Estados Unidos considera su patio trasero: América Latina y el Caribe.

El proceso de paz desarrollado en Colombia durante los dos períodos presidenciales de Juan Manuel Santos proyectó a esta nación suramericana -la más biodiversa del continente- como el escenario propicio para todas las explotaciones pensables y no en sus zonas rurales. Dichas zonas, hasta ese entonces lejos del alcance de algunas trasnacionales a causa del conflicto armado, han pasado a ser la moneda de pago para países como Estados Unidos, Noruega, Canadá y otros miembros de la Unión Europea por sus “buenos servicios” prestados en el desarme de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-. Al Estado colombiano no le interesa la Paz, sino que el campo esté libre de organización popular para poder explotarlo.

Ser líder social No es delito

Los montajes judiciales tienen por objetivo principal a lideresas y líderes sociales y políticos así como a defensores de Derechos Humanos. Están dirigidos a mostrar una efectividad del sistema de justicia a la hora de judicializar crímenes de alto impacto. Tienen una gran difusión mediática con la que imponen ciertas presiones a los jueces de la República y afectan las garantías de las personas que están siendo procesadas al debido proceso legal.

Casi siempre se les acusa a los líderes o liderezas de un cargo que no tiene fundamentación legal. Se hace una captura escandalosa para infringir miedo en la persona apresada y en su círculo de personas cercanas. Y se le “guarda” en un establecimiento de máxima seguridad.

Pero eso no es todo. Los medios hacen su propio juicio: en la mayoría de los casos, el Ministro de Defensa o el Fiscal General de la Nación sale en cadena nacional a contar la captura de un miembro de alguna organización armada, y los periódicos nacionales y locales se llenan con las noticias que obtienen de sus “fuentes oficales”. Sin embargo, es mucho ruido y pocas nueces. Porque nunca hablan del caso real sino que ya juzgan y sentencian a la persona apresada, sin que ni siquiera se haya desarrollado el juicio legal.

Esta prensa es lo que leen, escuchan y conocen los familiares, amigos, compañeros y vecinos de la persona que fue capturada. Es decir, comienzan a romper el tejido de relaciones y afectos.

Juli, como tantos otros líderes y lideresas sociales colombianas, es víctima de un montaje judicial que busca desarticular los procesos a los que pertenece, desde el Congreso de los Pueblos hasta su núcleo familiar. Porque Julián Gil no es un joven cualquiera. Juli es filósofo, enamorado de los movimientos juveniles en todo el continente, un eficaz organizador y planificador de estrategias de trabajo, lector profundo, defensor de los Derechos Humanos y cristiano revolucionario. Es decir, es todo lo que no le gusta a los gobernantes.

Sin embargo, aunque por ahora parece que ser como Julián Gil o defender el territorio es un delito, en Colombia y en toda Nuestramérica siguen forjándose líderes y lideresas de la vida digna.

Desde el 3 de junio circula un audio que el propio Julián Gil ha hecho volar desde el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá. En él afirma que “a un año de estar privado de la libertad, sigo convencido que luchar por la justicia y la libertad es un imperativo que dignifica nuestra existencia. He aprendido que a los opresores no les ha quedado otra distinta que eliminar a los que se oponen a los proyectos de devastación. Ya sea con la muerte, la cárcel o el exilio. Por eso se hace urgente y necesario trabajar por la defensa de la democracia, por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Como también avanzar en construir organización popular”.