Ha pasado un mes desde que Juan Orlando Hernández fuese extraditado a Estados Unidos. Su investigación por narcotráfico, entre otros delitos asociados, así como las acciones jurídicas en torno al caso han ido particularmente deprisa de la noche a la mañana: prisión preventiva, extradición, primeras audiencias. Aunque ya luce más reposado el cronograma legal que ha reservado el juicio para 2023.

Lo primero fue el aparatoso operativo judicial, grandes titulares y declaraciones sentenciosas provenientes de Washington, desde allí donde lo inculpan y ahora lo enjuician, todo eso en menos de una semana. Pareciera que las 500 toneladas de droga que ahora le están pesando en la imputación, las traficó en los últimos días. ¿Acaso se convirtió en narco de ayer para hoy?

Si se les pregunta a los hondureños, dirán tajantemente que después del golpe de estado de 2009 han vivido en un narcoestado permanente y que los últimos 8 años han sido los más duros, los años correspondientes a las dos gestiones fraudulentas de Hernández, fraudulentas para medio mundo menos para Estados Unidos que reconoció los mandatos, sin que le importaran ni informes de OEA, ni muertos, ni represión, ni protestas multitudinarias. Para entonces, resultaba un aliado muy útil. Razón además por la que evidentemente esos gritos de calle en Honduras tropezaban con montañas de silencio e impunidad.

Cabe otra pregunta, ¿será que las pruebas incriminatorias aparecieron ahora? Tampoco. Desde 2019 en cortes neoyorkinas ya su nombre resonaba con fuerza en voz de capos que lo señalaban sin tapujos de estar metido hasta el cuello en este negocio y luego se estrechó más el cerco de culpabilidad cuando Juan Antonio Hernández, su hermano de sangre y su compinche de partido y congreso fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua por delitos de la misma índole.

También en suelo hondureño, denuncias similares corrían de boca en boca, pero jamás llegar a un sistema de justicia tan puesto a dedo por los mismísimos corruptos. Claro, el hoy expresidente en desgracia se había tomado el trabajo de construirse una fachada impecable: él mismo inventó eso de extraditar narcotraficantes a Estados Unidos, descabezó los clanes más importantes y redujo el tráfico de estupefacientes en un 95%.

Da risa escuchar semejante cifra, lo peor es que Juan Orlando se ufanó de tal «logro» en frente de toda la Asamblea General de Naciones Unidas hace solo ocho meses, y lo que es más descarado aún, tal estadística la avaló como cierta el gobierno de Estados Unidos, el mismo gobierno que ahora revela que desde antes de este discurso, ya había metido al entonces mandatario hondureño en una lista de personas señaladas de corrupción y de socavar la democracia. Pero tan en secreto lo tenían, porque al fin y al cabo, mejor esperar que pasaran las elecciones para que no beneficiara eso a la izquierda. Y nada, que el plan no funcionó del todo bien, porque Xiomara Castro obtuvo una victoria redonda, sin margen a duda ni invento de fraude.

Lo cierto es que este caso demuestra que una misma pieza puede servir a múltiples intereses estadounidenses. Juan Orlando Hernández fue hasta hace poco un presidente con el que fotografiarse, dar palmadas en el hombro, hacer buenos negocios, sumar su voto en las grandes empresas políticas de Washington en América Latina, y ahora es igual de útil porque sirve para vender a la opinión pública la gran batalla de Estados Unidos contra el tráfico de drogas, ellos que no han resuelto el enorme problema del consumo en su propio suelo y prefieren anotarse el punto de cazar narcos de vez en vez para culpar del fenómeno a los países productores.

Esta historia también demuestra esa dependencia crónica que muchos países latinoamericanos y sobre todo centroamericanos, tienen de los caprichos y designios norteamericanos en todos los ámbitos, político, económico, y además judicial. Porque si bien es plausible que se haga justicia en este y otros casos, ¿por qué no fortalecer e independizar los sistemas judiciales nacionales?

Puede que finalmente Juan Orlando Hernández sea juzgado en Estados Unidos por «meterle cocaína a los gringos en sus narices», una de las frases que un testigo ya sentenciado le atribuye al expresidente. Pero ¿y el resto de los delitos que los hondureños conocen bien y han denunciado por años? A esos se les pasará página porque esto no va de justicia y verdad, sino de jugadas políticas que se alimentan de los vestigios del colonialismo, actualizadas con injerencia, disfrazadas de asistencia al desarrollo y liderazgo, que permiten presencia y dominio en esas tierras de América que siempre han querido americanizar.

Todavía falta mucho por ver en el desenlace de esta saga de capos y políticos. Hay una comunidad de judíos allí en Estados Unidos tratando de lavar la imagen de JOH y dispuesta a pagar 3 millones de dólares por su fianza, si finalmente se la concede el juez. Se sabe que es bien robusta la indagatoria que le tiene montada con una carga probatoria extensa y en la que la CIA parece haber aportado una gran tajada. Pero igual ya comienzan a filtrarse elementos de la defensa que podrían oxigenar al exmandatario como testimonios ahora favorables de su propio hermano condenado, del Chapo Guzmán y de otros cabecillas que en el pasado reciente lo han señalado como parte de este lucrativo negocio de los estupefacientes.

Por lo pronto, Hernández se ha declarado inocente y hasta dice que lo que más le preocupa no es pasar tiempo en la cárcel, sino que su temor mayor es «no devolverles la dignidad y orgullo a todos y a cada uno del gran país que es Honduras». Los hondureños, en cambio, sienten alivio porque después de colmar las calles de su país exigiendo el fin de una narcodictadura, ven sus denuncias canalizadas en el juicio que tendría lugar a inicios del próximo año.