Guatemala ya tiene mandatario electo desde el pasado 20 de agosto, pero gana terreno la criminalización del partido político que se hizo con la jefatura gobierno y que logró posicionarse como tercera fuerza en el Congreso. El movimiento Semilla ha ido de legal a ilegal y ha vuelto de la ilegalidad a la legalidad en un sinfín ya de oportunidades, volviéndose un caótico vaivén y creando un pulso entre jueces, partidos de oposición y el Tribunal Supremo Electoral.

Sin dudas, el punto más controversial de este decidido plan de ataque contra Semilla fue cuando al mismo tiempo que el TSE ratificaba la victoria presidencial de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, su compañera de fórmula, suspendía la personalidad jurídica del movimiento al que pertenecía la dupla ganadora, bajo la acusación de supuestas firmas falsas en el pasado cuando se constituyó. Un verdadero sinsentido que tardó menos de una semana en resolverse toda vez que quedó sin efecto la decisión de inhabilitación política a ese partido.

Esa situación que se vive hoy en la nación centroamericana ratifica una idea que se viene haciendo común en otros escenarios de la región: ganar una elección no basta para poder gobernar. Los ejemplos de fuerzas políticas que llegan a cabeza de estado con ambiciosos planes de gestión y que terminan convirtiéndose en gobiernos paralizados que viven de sortear zancadillas y no de impulsar su agenda, se vuelven tristemente cotidianos.

El presidente Arévalo aún no ha vestido la banda presidencial y ya tiene una batalla que librar para lograr un mínimo de maniobra. Y le faltan 4 meses y medio para asumir, tiempo suficiente para que le aparezcan nuevos escándalos, y todo porque ha decidido hacer suya una bandera que es el talón de Aquiles de ese país: la corrupción.

«Lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción (…). Trabajaremos por garantizar instituciones que ganen su confianza (…). Esta victoria es del pueblo y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción», dijo Arévalo en su primera comparecencia tras conocerse su holgada victoria en segunda vuelta y en la que se refirió a su futuro mandato como «el gobierno de la nueva primavera».

Es cierto que corrupción hay por todos lados, para nada es privativa de un solo territorio, pero Guatemala está en otro nivel en este sentido. Guatemala es el país de donde se expulsó a una comisión internacional anticorrupción porque estaba destapando demasiadas cloacas —investigó más de 100 casos de alto perfil. Esa comisión, a su vez, logró incidir en que la presión aumentara contra el entonces presidente Otto Pérez Molina para que renunciara por estar embarrado hasta el cuello de ilícitos. Molina cumple prisión y no ha sido el único jefe de estado en verse envuelto en estos líos judiciales. Hay una larga lista que incluye al ya fallecido Álvaro Colom, exesposo de la candidata perdedora frente a Arévalo, Sandra Torres, también con una batalla legal y arresto domiciliario en su aval.

Figura además Jimmy Morales, el que se encargó de expulsar a la CICIG, la comisión anticorrupción respaldada por la ONU, y de darle vía libre a la impunidad. E incluso, el actual mandatario, está en el ojo de la justicia por negocios turbios y fue en su gestión que los guatemaltecos le prendieron fuego al Congreso hastiados de leyes que no los benefician y de presupuestos mal repartidos.

Guatemala es el país que persigue, encarcela u obliga al exilio a quien decida señalar a los corruptos. Y es que el poder judicial del país está podrido de raíz. Sus principales rostros tienen un historial repudiable de juzgar a unos y hacer de la vista gorda con otros pejes más pesados. La mayoría forman parte de una lista redactada por el mismísimo Estados Unidos de jueces y funcionarios antidemocráticos y corruptos, porque ni aún por muy de derechas y funcionales a los intereses de Washington en el área, la Casa Blanca ha podido obviar los altos niveles de corrupción de todo su aparato administrativo y de justicia.

Es así que nombres como los del juez Freddy Orellana, el fiscal Rafael Curruchiche y la Fiscal General Consuelo Porras, están ligados a un ejercicio oscuro de sus funciones, y son esos personajes los que han estado detrás de la persecución judicial al Movimiento Semilla. ¿Por qué? Porque ven peligrar su reinado de abuso, si tal y como ha prometido en campaña, Arévalo arremete contra ese mal.

Y eso sucede aún y cuando el presidente electo, presentado como la izquierda guatemalteca, no es la izquierda más estricta o radical que representaría un peligro para la totalidad de los poderes económicos del país. Eso sí, es lo más a la izquierda que ha tenido Guatemala en décadas. Arévalo ha tenido críticas para Nicaragua, por ejemplo, y tiene claro que deberá entablar una relación directa y colaborativa con Estados Unidos, cuyo gobierno ya lo reconoció y dio su visto bueno a la elección. Semilla es entonces un movimiento con propuestas que miran a lo social, progresista, ecologista, que rompe con la derecha tradicional, pero que se ubicaría mucho más al centro del espectro político o esa socialdemocracia que se instaura en otros escenarios.

El desafío es que pueda gobernar, insisto, no basta con haber llegado al poder. El académico y diplomático, hijo de un expresidente guatemalteco, que asumirá el próximo 14 de enero ya ha hecho denuncias de amenazas contra su persona y de un presunto golpe de estado en marcha. Por tanto, el éxito de su gestión depende de que no sea blanco de un atentado, tan de moda para quitar a gente incómoda a poderes fácticos; depende de un congreso que le es adverso, al punto que incluso les quieren quitar las potestades a los legisladores de Semilla; depende de que se concentre en resolver al menos una de las muchas deudas de los guatemaltecos, para que consiga apoyo popular en el camino hacia paliar otras problemáticas tan agudas y antiguas, que necesitan mucho tiempo y constancia, estrategias bien diseñadas y un gabinete intachable que secunde cada iniciativa en la búsqueda de la prometida «nueva primavera».