Era un movimiento predecible. Desde el inicio de la campaña electoral, el candidato a la presidencia de Ecuador por la coalición CREO-SUMA, Guillermo Lasso, intentó poner en entredicho la transparencia del sistema electoral de la nación sudamericana y sembrar la matriz de opinión de que este favorecía al candidato oficialista, Lenín Moreno.

Poco significó que el ente electoral convocase con justeza a una segunda vuelta, luego de que Moreno aventajase con amplitud a todos sus rivales, pero se quedase por debajo del 40% de votos necesarios para proclamarse vencedor en la primera.

El sistema estaba roto, parcializado —según el banquero—, y cualquier resultado final que no le favoreciese lo demostraría, a pesar de que los múltiples mecanismos implementados para garantizar la transparencia del proceso y las aseveraciones de los observadores de varios organismos internacionales, daban fe de la imposibilidad de vulnerar la voluntad popular.

Fiel a sus denuncias, apenas se conocieron los resultados oficiales del balotaje del 2 de abril, en el que la fórmula de Moreno y Jorge Glas se impuso con el 51,16% de los votos, Lasso llamó a sus partidarios a impugnar las elecciones, puesto que se habían producido supuestas inconsistencias en las actas y eso era solo punta del iceberg de un fenómeno ya anticipado por él: el fraude.

Un recurso manido

La alegación de fraude del excandidato derechista no sorprendió; y no sólo porque la haya anunciado desde el comienzo de sus aspiraciones a suceder a Rafael Correa en la presidencia y poner fin a la Revolución Ciudadana. Recursos similares fueron empleados por la derecha en procesos electorales recientes, Argentina y Venezuela, así como en muchos otros en los que la continuidad de los gobiernos progresistas del hemisferio fue sometida a escrutinio popular.

Incluso en trámites, que a la postre le favorecieron, las acusaciones de fraude antes y durante su realización, y las amenazas de no reconocimiento e impugnación de los resultados, se han sucedido unas a otras.

Esto evidencia una curiosa realidad: para la derecha latinoamericana las elecciones solo son transparentes y justas cuando garantizan su acceso al gobierno, como, de forma cómoda a sus intereses y propósitos, ha sucedido casi siempre desde la instauración de sistemas democráticos en la región.

En el caso ecuatoriano, Lasso no desestimó el manido recurso. Aún sin fundamentos, utilizó la agenda del fraude para sembrar la confusión, convocar a movilizaciones y poner en entredicho la legitimidad de un proceso a todas luces limpio y transparente.

La farsa

En declaraciones a la televisora multiestatal Telesur, el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Andrés Mideros, subrayó que el objetivo de Lasso desde que está en campaña ha sido desacreditar el proceso electoral.

Una vez derrotado en los comicios pudo dotar de verosimilitud a su farsa, al menos desde el punto de vista mediático, gracias al hecho de que el primer exit poll (encuestas a boca de urna) lo daba como virtual ganador, con cerca de un 53,02% de los votos.

Sin embargo, los resultados de dicha encuesta se contraponían a los de otras que al final probaron estar más apegadas a la realidad. Frente a la estimación del exit poll de CEDATOS, que favorecía al banquero, la de la encuestadora Perfiles de Opinión dio como probable nuevo presidente al candidato de Alianza País, con un 52,2% de los sufragios.

Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron la razón finalmente a las encuestas que favorecieron a la fórmula oficialista. No obstante, la duda había sido plantada y debía ser continuada para ver hasta dónde podía llegar.

Como parte de la farsa era menester anunciar una impugnación del resultado, exigir un recuento de votos y convocar a la movilización en las calles.

Falto de pruebas para interponer algún mecanismo legal ante el CNE, salvo la apelación y los recursos de inconformidad a los que la ley le da derecho, Lasso basa su puesta en escena en un supuesto fraude informático. Mediante esta figura pretende hacer creer que votos que le favorecían fueron cambiados en las actas, para beneficiar al candidato del Gobierno.

Poca credibilidad

Las acusaciones del derrotado, representante de la clase política y económica que gobernó tradicionalmente en Ecuador antes de la irrupción de Correa, y que sumió al país en una severa crisis con episodios lamentables como el eufemísticamente llamado «feriado bancario»*, no se sostienen por sí mismas.

El presunto fraude informático, además de falso, es una infamia y un imposible. Así lo aseguró públicamente el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, quien afirmó que, de haber habido un fraude, fue uno moral debido a «tanta infamia y tanta mentira» por parte de la derecha.

Pozo ratificó lo que ya habían observado miembros de organismos internacionales que testificaron el proceso. El CNE es un ente imparcial e independiente del Ejecutivo, cuyo propósito fundamental es reflejar y hacer respetar la decisión del pueblo en los procesos electorales.

Muestra de su transparencia, así como la del proceso que guio, fue su disposición de que en el 97% de las Juntas Receptoras del Voto estuviesen presentes delegados de las dos organizaciones políticas que se dirimían la presidencia. Por si fuera poco, su buen obrar también estuvo avalado por los observadores externos, que en sus informes señalaron la imposibilidad de un fraude y la limpidez del proceso.

A pesar de todo ello, las disposiciones vigentes le dan a la coalición CREO-SUMA, y de paso a la derecha regional, la posibilidad de validar su teoría de fraude a favor de la izquierda. En ese empeño cuenta con el respaldo de Alianza País, que sin nada que temer anunció su adhesión a las impugnaciones de los derrotados.

Eso sí, una vez que se demuestre que todo ha sido una farsa y se reafirme la voluntad de la mayoría del pueblo ecuatoriano que votó, Lasso y compañía deberán, cuando menos, disculparse públicamente y aceptar que han atentado contra la fe pública.

Quizás su altura ética les impida hacerlo, pero ya la secretaria ejecutiva del movimiento ganador de las elecciones, Doris Soliz, advirtió que cuando todo se revise y Lenín Moreno sea ratificado como nuevo presidente de Ecuador, exigirán la tramitación de tan bajas acciones por canales judiciales.

Para la derecha ecuatoriana y los agoreros del fin de ciclo progresista en Latinoamérica, la victoria de los seguidores de Correa es un duro golpe. Tan seguros estaban de que las tradicionales campañas sucias y técnicas mediáticas de desinformación les volverían a dar buenos resultados, que como siempre también acudieron a un cuento de poca credibilidad.

La izquierda basa su continuidad en logros sociales y conquistas justas de gran beneficio para la mayoría, que en la Revolución Ciudadana de Ecuador tienen una gran expresión. No está exenta de la corrupción ni de otras malas prácticas asociadas al ejercicio del poder, pero, desde una perspectiva histórica, no es quien ha debido apelar con frecuencia a recursos poco transparentes y éticos para mantenerse.

Los ejemplos de fraude electoral a lo largo de la historia tocan a la mayor parte de los países. Sin embargo, un rápido repaso evidencia que estos escándalos en Latinoamérica están asociados en su casi totalidad a la continuidad en el poder de gobiernos e institucionalidades radicados a la derecha del espectro político, razón por la que pregonar un fraude a la izquierda, aun cuando se haga desenfrenadamente, no pasa de ser un cuento poco creíble.

*El denominado «Feriado Bancario» en Ecuador ocurrió el 8 de marzo de 1999. Fue uno de los episodios de la crisis financiera que sufrió el país por ese entonces, la peor de su historia. En esencia, fue una medida del Gobierno y la Banca, mediante la que se estableció un congelamiento masivo de depósitos y un salvataje bancario. El objetivo era evitar los retiros masivos de ahorros que se producían tras los primeros síntomas de la crisis y, aunque la disposición fue anunciada para 24 horas, se extendió por cinco días. Como consecuencia del feriado, miles de ecuatorianos perdieron todo el dinero ahorrado, las deudas de muchos se volvieron impagables y más de dos millones de ciudadanos se vieron obligados a migrar. Testimonios tristes de la época narran que varios se suicidaron o enfermaron. Mientras, los banqueros ideólogos de la medida protegieron sus fortunas y la desviaron a paraísos fiscales. Muchos de ellos, responsables de la crisis y autores de ilícitos económicos, permanecen prófugos de la justicia ecuatoriana.