A menos de 10 días de que Donald Trump abandone definitivamente la presidencia de Estados Unidos sin dar la cara, pues ha dicho que no participará en la toma de posesión de su sucesor, sigue dejando una estela de rencor y odio. A sus decisiones de castigo para todo el que ha definido como su enemigo desde el primer momento, sumó la de incluir nuevamente a La Habana en la lista de países terroristas. Como antecedente más cercano dentro de su propia administración, el 12 de mayo de 2020, el Departamento de Estado anunciaba a modo de entrante en el menú que la isla caribeña «no cooperaba plenamente con la lucha antiterrorista». Se trataba de otra etiqueta un tanto menos agresiva en términos prácticos que la de «Estado patrocinador del terrorismo internacional», que pretendía allanar el camino para el escalón superior. Ninguna de estas calificaciones, que para ser estrictos con la palabra funcionan como descalificaciones, sorprenden demasiado a Cuba, que estuvo anteriormente por 33 años ininterrumpidos, de 1982 a 2015, en esos listados unilaterales, arbitrarios y altamente politizados. 

Los cubanos han sido blanco de centenares de actos terroristas que acabaron con la vida de unas 3 mil 400 personas. El abanico de agresiones ha comprendido desde incursiones militares, medidas de coerción económica hasta guerras biológica psicológica y mediática, pasando por la ejecución de actos de sabotaje e intentos de asesinato a sus principales líderes, así como también atentados contra su personal diplomático en el exterior, y todas estas acciones violentas han tenido en los distintos gobiernos de Estados Unidos  al responsable máximo, bien como financiador, organizador, incitador, incluso por omisión en aquellos casos en que pudo parar a los perpetradores y se lavó las manos. En cambio, no existe evidencia alguna de que la isla haya organizado, auspiciado o colaborado con ningún acto de terror hacia otro país. Todo lo cual deja sin sustento las nomenclaturas que el equipo de Trump rescató del pasado.

La reciente inclusión en la lista negra se produjo en las postrimerías del gobierno trumpista, como parte de la pataleta del prepotente en jefe por sentirse perdedor: perdedor de las elecciones y perdedor en su guerra contra Nicaragua, Venezuela y Cuba, a quienes llama «troika del mal» en América Latina. También la designación anterior de mayo pasado, una de tantas que se inventan los que se turnan la Oficina Oval, tuvo un efecto reacción, pues se dio a conocer públicamente el mismo día, apenas unas horas después que el canciller cubano emplazara al gobierno estadounidense a pronunciarse por el ataque terrorista a la embajada cubana en Washington, ocurrido el 30 de abril de 2020.

Haciendo cada vez más evidente el doble discurso, el gobierno de Estados Unidos silenciaba el ataque terrorista en su propio suelo a la sede diplomática cubana y, mientras, se sacaba de debajo de la manga un pretexto para tildar de terrorista a La Habana. La excusa se la sirvió en bandeja de plata el aliado más leal en Latinoamérica, Colombia. «He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura de los 10 miembros del ELN que integraban la mesa de negociación con ese grupo en Cuba», afirmó el presidente colombiano Iván Duque a inicios del 2019.

Duque dictó esa orden en respuesta a un atentado con coche bomba a la academia militar General Santander, en Bogotá, que se produjo el 17 de enero de ese año y que desencadenó posteriormente una escalada de cuestionamientos contra Cuba. Cuatro días después, el Ejército de Liberación Nacional reivindicó el ataque, en el que perdió la vida una veintena de jóvenes cadetes, pero desde antes ya Duque había responsabilizado al ELN por el siniestro y tildado de terrorista a toda la organización insurgente con énfasis particular en los negociadores guerrilleros de paz que se encontraban en La Habana. Inmediatamente, los pidió en extradición.

La isla, en su condición de garante del proceso de diálogo político para la pacificación de Colombia, se negó a la petición del mandatario Duque, alegando la existencia de un protocolo de ruptura de las conversaciones, firmado el 5 de abril de 2016 en Caracas por el Estado colombiano, el ELN y otros 5 países, amparado además en el derecho internacional y de obligatorio cumplimiento.

Esta fue la coyuntura que aprovechó convenientemente Estados Unidos para intentar justificar antes y ahora su trama condenatoria contra Cuba, sólo que tuvo que rescatar los argumentos de enero de 2019 para traerlos a mayo de 2020 y más recientemente a enero de 2021, cuando necesitaba con urgencia lanzar su lista terrorista, bien a modo de cortina de humo, bien a modo de castigo.

«Sería demasiada ingenuidad pensar que es una simple coincidencia que Colombia pide a los negociadores como terrorista y Estados Unidos apoya su decisión catalogando a Cuba como país amigo del terrorismo internacional, basado en que Cuba se niega a extraditar a los negociadores», expresó en su momento el expresidente colombiano Ernesto Samper. Y agregó: «se tenía que negar porque si Cuba no se niega, si los hubiera extraditado, en este momento habrían perdido toda su legitimidad los procesos, 80 o 90 procesos de paz que están teniendo curso en el mundo. Quién va a querer ir a otro país a hacer la paz si sabe que, si no está de acuerdo con su contraparte, lo devuelven al país a una cárcel o a ser víctima de un sistema de justicia injusto».

Casi al unísono se alzaba la voz del exmandatario Juan Manuel Santos, quien consideró muy injusta la inclusión de Cuba como un país que cobija o defiende el terrorismo. «Si los negociadores del ELN están allá (en La Habana) es porque el gobierno colombiano le pidió Cuba que lo ayudara en esas negociaciones. El actual gobierno colombiano los considera terroristas, pero eso no quiere decir que el gobierno cubano esté defendiendo el terrorismo, sino que el gobierno cubano tiene que cumplir con los protocolos que se firmaron, precisamente, para que los del ELN pudiesen viajar a Cuba o a cualquier otro país. Lo que está haciendo Cuba es cumplir con los protocolos», enfatizó con total conocimiento de causa Santos.

Poco le importó a Estados Unidos que dos expresidentes de Colombia, entre ellos el que firmó la paz, y no pocos congresistas de ese país; varios líderes de la Unión Europea y Naciones Unidas hayan exaltado en múltiples ocasiones el papel impecable de Cuba como garante de la paz colombiana y su estricto apego a la normativa internacional.

A Estados Unidos esto de confeccionar listas le ha servido como instrumento de coacción adicional. Tiene listados de todo tipo, en los que incluye a países a los que quiere castigar: Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán, Venezuela… Y para ellos se escuda en leyes llenas de zonas grises como la Ley de Administración de Exportaciones de 1979, la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 o la Ley de Control de Exportación de Armas de 1968, entre otras.

En el caso de las listas negras relacionadas con el terrorismo, Cuba sólo ha estado ausente de ellas entre 2015 y 2020, por iniciativa del entonces presidente norteamericano Barack Obama, quien decidió, negociación mediante, quitarle ese castigo a La Habana como uno de los gestos del deshielo en las relaciones bilaterales y posterior acercamiento diplomático.

Los argumentos para mantener a la isla por más de tres décadas como país terrorista fueron mutando de acuerdo al contexto. A falta de actos de terrorismo real, Estados Unidos escudriñó las simpatías ideológicas de la isla. Es así que se responsabilizó a Cuba por apoyar los movimientos revolucionarios de la región que tenían inspiración en los barbudos liderados por Fidel Castro. Luego se le satanizó por dar albergue a guerrilleros colombianos de las FARC y el ELN, y a subversivos del grupo independentista ETA. También se ha usado como excusa el refugio a fugitivos estadounidenses. Y después del 11 de septiembre de 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, el discurso y la acción de las administraciones norteamericanas se han endurecido en materia de terrorismo y el blanco ha seguido recayendo en los enemigos de siempre.

Las listas negras de Estados Unidos tienen consecuencias reales para las naciones que enumeran más allá de lo político. Hay limitaciones a las importaciones, a las exportaciones y también al acceso a financiación. La severidad de las sanciones varía en dependencia de la categoría de turno que se le imponga al adversario.

Sin embargo, para Cuba es llover sobre mojado, porque hay un castigo mucho mayor y de más vieja data que las calificaciones unilaterales de la Casa Blanca: el bloqueo. Por lo que, en la práctica, estar en la lista de países más o menos terroristas trae limitaciones económicas que de por sí ya están definidas en el cuerpo legislativo de lo que ellos llaman embargo, en un intento por ocultar las consecuencias sociales que la persecución financiera y las prohibiciones al comercio acarrean para la sociedad cubana. La etiqueta de país terrorista, más que todo, cala profundamente en el orden moral de una isla que ha sufrido el terrorismo en carne propia.

Los conocidos internacionalmente como los Cinco dedicaron los mejores años de su vida a tratar de frustrar actos terroristas en la mismísima base de operaciones de los perpetradores: Miami. Hoy son héroes para Cuba por infiltrar los grupos anticastristas violentos de la Florida, y su heroicidad ha llegado a la gran pantalla de la mano de una coproducción cinematográfica internacional que, sin ningún tipo de compromiso ideológico con Cuba, reconoce y pone en blanco y negro el hecho de que Estados Unidos organizó y ejecutó, durante décadas, actos terroristas contra la isla.

Que la película «La Red Avispa» hablara de terrorismo con todas sus letras y no simplemente de «acciones para derrocar al régimen» ha sido el gran hito y el porqué de la rabia miamense que se propuso boicotear la proyección de la cinta.

Y es que se atribuye gran poder a los medios de comunicación; en una de esas escalas que se hacen para simplificar la vida, la prensa ocupa el cuarto poder. Mas lo cierto es que, dentro de ese conglomerado comunicativo, no se jala parejo, como se dice en buen cubano, y los medios tienen credibilidad para las audiencias en función de su color político y cargan además la limitante de que los jóvenes, por lo general, no consumen noticieros o diarios. Pero si viene de la industria del entretenimiento, y en particular de Netflix, la productora de moda, la cosa cambia.

Definitivamente el cine tiene muchísima influencia. Aunque «La Red Avispa» cuente solo una parte no tan ajustada a la verdad de la historia, fue tras su exhibición en la gran pantalla que el tema de los Cinco, se posicionó muchísimo más a nivel global que toda la campaña internacional que se produjo para reivindicar la imagen de estos cubanos, espías para Washington, héroes para La Habana. 

Cuba ha ratificado las 12 convenciones internacionales sobre terrorismo. Le ha propuesto a Estados Unidos una y otra vez firmar un acuerdo de cooperación en la materia. El gobierno de la isla condena cada hecho terrorista que se produce a nivel global. Fue en La Habana, en 2014, que el entonces presidente cubano Raúl Castro proclamara a América Latina como zona de paz.

Como expresara el expresidente Samper: «la única explicación que hay es que Estados Unidos saca todas esas «certificaciones» sobre narcotráfico, derechos humanos, sobre países terroristas, simplemente, para dividir el mundo entre sus amigos y sus enemigos. Y los que no piensan como ellos, por fortuna para muchos de nosotros, como el caso de Cuba, pues simplemente son considerados como enemigos».