La democracia tiene sus trampas. La historia cambia en función de quien la cuente y, como reza el refrán, la versión que trasciende casi siempre es la de los vencedores. Es así que el domingo 11 de junio los resultados numéricos de un plebiscito en Puerto Rico sobre el estatus de la isla arrojaron lo siguiente: la mayoría de los votantes, el 97%, decidió apostarle a la anexión a Estados Unidos, la llamada opción de la «estatidad».

Y es que así en frío es una cosa y visto desde todas las aristas, otra bien distinta. Desde que se conocieron los datos de la consulta, la primera conclusión sensata es que la gran ganadora fue la abstención. Con una participación del 23% del padrón electoral, podría decirse que solo salieron a votar las 500 mil personas que desean que su territorio se convierta en el estado 51 de los Estados Unidos de América. Por tanto, el 97% se convierte en nada frente al casi 80% que no hizo parte del sufragio y se quedó en casa, una especie de huelga de brazos caídos o boicot consensuado. Porque los soberanistas expresaron su rechazo al anexionismo desde la inacción, sobre todo cuando estaban conscientes de que el plebiscito no era vinculante, apenas consultivo, y como tal, caso omiso le hace Washington.

Claro que si el proceso hubiese logrado el aval federal norteamericano, aun con sus exiguas cifras, la adhesión hubiese triunfado, porque así funciona la democracia, un punto es un punto, de ahí que comenzara hablando de sus engaños. Pero igual creo que otra bien distinta hubiese sido la afluencia de saberse verdaderamente decisiva la consulta, y no una más —la quinta para ser más exactos— desde que se iniciara el debate en profundidad del estatus de la isla caribeña.

Aun así, el actual gobernador del hoy Estado Libre Asociado, Ricardo Roselló, sigue siendo el más esperanzado en hacer valer el resultado de la consulta. Insiste en que «Nos corresponde ahora llevar esos resultados a Washington con la fuerza que representa el cumplimiento de un ejercicio democrático, supervisado por una Misión de Observadores Nacionales e Internacionales, que han validado el proceso como uno debidamente organizado, justo y democrático. Dicha misión estará rindiendo un informe al Congreso y al Gobierno federal sobre esta histórica elección».

Y es lógica la desesperación de Roselló. No es que sea más anexionista que todos sino que necesita una salida urgente a la crisis económica que tiene entre sus manos, que más que crisis, es la total bancarrota del país.

No son tiempos en que la isla era codiciada, ahora Estados Unidos tiene sus propios problemas domésticos como para asumir una carga pesada que no le aporta dividendos. Si en su momento apoyaba la anexión, era en busca de la explotación de los recursos naturales del Caribe y las jugosas tajadas. Ahora fue la propia Norteamérica —el año 2005 Estados Unidos eliminó las exenciones tributarias que beneficiaban a empresas que se establecieran en Puerto Rico— quien creó el caos fiscal actual y el responsable directo de la millonaria e impagable deuda de 73 mil millones de dólares.

Y para complejizar el escenario, San Juan vive desde entonces bajo los designios de una Junta de Supervisión Fiscal, claro está, estadounidense, encargada de reestructurar los compromisos financieros. Es decir, pagar primero y sobrevivir después, aunque ello implique la consabida asfixia al bienestar ciudadano.

Es, por tanto, la apretada situación económica la que un cambio de condición podría aliviar, según el gobernador. De ahí que orquestara su proclamada campaña proanexión como anticolonial, para pasarle la bola a los de arriba porque para él se ha vuelto insostenible. Se apropia así e intenta resemantizar una palabra sagrada para el movimiento independentista, menguado y maltratado con el paso delos años pero revitalizado ahora luego de la liberación de unos de sus símbolos: el luchador Oscar López Rivera.

Pero si bien Washington no quiere a Puerto Rico como parte de su territorio con iguales derechos, ceder a su independencia tampoco es una opción y aquí actúa como el perro del hortelano. Por ello, no hace caso a los plebiscito ni tampoco al comité de descolonización de Naciones Unidas que insiste en reivindicar el estatus de soberanía para la isla.

Mientras tanto, los boricuas son y no son estadounidenses. La condición de Libre Asociado les resta libertad y les da una asociación bastante selectiva. No tienen derecho a votar en las elecciones de su socia, la metrópolis, y no cuentan con ayudas o asignaciones directas de los fondos federales como el resto de los estados norteamericanos. Sin embargo, a la vez que se les niega la mayor cantidad de privilegios, se les ata desde el punto de vista constitucional a los designios de la Casa Blanca. Por eso, peor que los extremos son aquellos que insisten en esta farsa circunstancia actual.