A partir de hoy entrarán en vigor nuevas medidas anticubanas que tienen como propósito recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero. El contenido y alcance de estas sanciones constituyen una evidencia que el gobierno estadounidense está buscando con desesperación la asfixia económica del pueblo cubano. Están calculando con profundo odio y crueldad los pasos que adoptarán para entorpecer el desarrollo socioeconómico de la nación cubana. Es un comportamiento obsesivo que devela la esencia inhumana de los diseñadores e implementadores de esta embestida que también afecta al pueblo estadounidense.

El viernes 18 de octubre, el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos divulgó a través de una nota de prensa que se implementarían nuevas sanciones económicas contra Cuba. Argumentaron las dos razones fundamentales que se han erigido como los pretextos que el gobierno de Trump ha empleado para justificar su política de hostilidad: la «situación de los derechos humanos» en la Isla y el apoyo a Venezuela.

Las medidas tienen el propósito de afectar cuatro áreas fundamentales: el arrendamiento de aeronaves por las autoridades cubanas, la importación de mercancías con componentes de fabricación estadounidense, las donaciones provenientes de Estados Unidos y la importación de equipos en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, se trata de una escalada dirigida esencialmente a dañar la capacidad importadora del país, lo que tiene un impacto en los programas que garantizan el desarrollo de los sectores estratégicos.

Según las regulaciones publicadas, el gobierno estadounidense aplicará una «política general de negación de licencias» a aquellas entidades que soliciten permiso para fungir como arrendadores de medios aéreos ante las aerolíneas del Estado cubano. En la práctica, las compañías de terceros países que arrendaban aviones, bajo la jurisdicción de Estados Unidos, a su contraparte cubana ya no podrán hacerlo. De hecho, el documento del Departamento de Comercio señala que serán revocadas todas las licencias que han sido concedidas y se les informará a los afectados en un plazo de siete días. En la argumentación, se afirma que esta decisión está orientada a dañar el flujo de turistas a la Isla.

Con relación a la importación de mercancías con componentes de fabricación estadounidense, se impuso nuevamente la regla del 10% a las reexportaciones, lo que tiene serias implicaciones para el comercio debido a que a partir de ahora los suministradores de mercancías a Cuba deben velar porque sus productos no tengan más de un 10% de componentes producidos en Estados Unidos. Esta medida tiene un claro propósito de limitar significativamente las capacidades de la Isla para importar cualquier tipo de artículos. La acción constituye una violación de las normas que rigen el comercio internacional entre las naciones.

Sobre las donaciones provenientes de territorio estadounidense, se eliminan las licencias generales de artículos con fines científicos, arqueológicos, culturales, ecológicos, educacionales, de preservación histórica y actividades deportivas. Las regulaciones establecen que se prohíben que las donaciones tengan como destinatario al gobierno cubano o al Partido Comunista de Cuba. Señalan que las entidades de Estados Unidos que quieran efectuar donaciones tendrán que realizar una solicitud y el Departamento de Comercio determinará su aceptación o no sobre la base de garantizar que no sean para entidades oficiales cubanas. En la práctica, esta medida privará a múltiples organizaciones norteamericanas de realizar este tipo de donaciones que constituyen una contribución para el desarrollo de programas científicos, investigativos y de diversa índole en la Isla.

Con relación a la importación de equipos de telecomunicaciones, las nuevas medidas estipulan que solo se permitirán que se exporten aquellos dispositivos que son empleados para lo que denominan el «libre flujo de información» y para facilitar la conexión entre personas. Las regulaciones señalan explícitamente que no se autorizarán equipamientos dirigidos a promover la conectividad de instituciones del gobierno cubano, compañías estatales u hoteles vinculados al Estado. Por lo tanto, la finalidad es aprobar solamente aquellas solicitudes que estén dirigidas a impulsar el empleo de plataformas digitales fuera del control de las autoridades cubanas, lo que forma parte del diseño subversivo a través del empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Todas estas medidas están dirigidas a afectar directamente al pueblo cubano como parte de la estrategia de generar el descontento y crear las condiciones para fracturar la legitimidad de nuestro proceso revolucionario. En la actualidad, se impone el enfoque más agresivo en la política hacia Cuba que combina motivaciones electorales con proyecciones ideológicas que encierran una profunda crueldad que se desata contra una Isla rebelde que no se deja someter por un gobierno que ha convertido la promoción del odio en política de estado.