El pasado 16 de mayo, el gobierno estadounidense anunció un grupo de medidas con relación a la política hacia Cuba en cuatro áreas fundamentales: asuntos migratorios; viajes e intercambios entre ambos pueblos; financiamiento al sector privado cubano y remesas. A la administración Biden, le tomó 16 meses realizar flexibilizaciones mínimas y de alcance muy limitado en la política de máxima presión hacia Cuba.

Estos anuncios, no modifican los principales elementos que sustentan la política de confrontación y hostilidad que todavía prevalece. La nación cubana se mantiene en la lista de países patrocinadores del terrorismo; están intactas las listas de entidades restringidas y de alojamientos prohibidos; continúa en vigor la aplicación del título III de la Ley Helms – Burton; se prohíben las importaciones y exportaciones entre ambos países; la parte cubana no puede adquirir ningún producto que contenga 10% de tecnología estadounidense y el gobierno de Biden no ha declarado su disposición a retomar la cooperación en temas de interés común.

Por lo tanto, el clima político bilateral entre ambos gobiernos continúa siendo complejo y tenso con muy poca voluntad por parte de Estados Unidos de avanzar hacia un proceso serio y sustantivo de recomposición de las relaciones. No obstante, determinadas circunstancias especiales los obligaron a sostener conversaciones migratorias con el gobierno cubano el 21 de abril y más recientemente, sustentado en la misma lógica, a realizar los anuncios que se mencionaron anteriormente.

Aunque la política hacia Cuba de cualquier gobierno estadounidense es un resultado de la compleja interacción de múltiples factores, las recientes medidas responden esencialmente al comportamiento del factor migratorio que lo entendemos como la evolución y manifestaciones del flujo de emigrantes cubanos hacia Estados Unidos tanto por la frontera terrestre como marítima.

La dinámica migratoria de cubanos hacia el territorio continental estadounidense es un tema que siempre ha estado presente en la agenda política bilateral y constituye uno de esos asuntos considerados como de seguridad nacional. Las denominadas crisis migratorias que han ocurrido desde el triunfo de la Revolución, han generado que el gobierno estadounidense se siente a la mesa de negociaciones como única alternativa posible para gestionarlas y buscar una solución. Por lo tanto, cuando ese flujo se incrementa sustancialmente y se vuelve incontrolable, las autoridades estadounidenses siempre se han visto forzadas a conversar directamente con su contraparte cubana.

La política de Estados Unidos muestra de esta manera una contradicción estructural: no desean una emigración masiva desde Cuba, pero mantienen un cerco económico contra el país con serias implicaciones para la vida del cubano que actúa como factor determinante en los flujos de emigrantes. También en esta ecuación, se inserta con mucha fuerza el tratamiento migratorio preferencial a los cubanos que llegan a territorio estadounidense amparado por la Ley de Ajuste Cubano.

En ese sentido, la actual situación migratoria irregular, insegura y desordenada es responsabilidad del gobierno estadounidense. Las cifras de emigrantes cubanos en la actualidad, constituyen la expresión de un grupo de condiciones acumuladas en el tiempo: los efectos negativos de las medidas de Trump orientadas a asfixiar económicamente al pueblo cubano; la situación compleja causada por la pandemia; la suspensión de los servicios consulares y emisión de visas en La Habana, así como la continuidad por Biden de la política de máxima presión sin adoptar una mínima flexibilización durante 16 meses. En este lapso de tiempo, si se hubieran adoptados determinadas medidas y se hubiera desmontado la política de Trump, la situación posiblemente no hubiera llegado a estos niveles de complejidad.

De acuerdo a la agencia de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, entre octubre del 2021 y abril del 2022, arribaron a territorio estadounidense por la frontera con México 113 mil 735 cubanos. Esta cifra se alcanzó en solo seis meses con una tendencia gradual hacia el incremento. Solamente en el mes de marzo, llegaron a los puntos fronterizos más de 32 mil cubanos, lo que duplicó el dato de febrero que ascendió a 16 500.

Este flujo de emigrantes cubanos al ser interpretado por las autoridades especializadas estadounidenses y visualizado su comportamiento en los próximos meses, arrojó que podrían arribar a ese ritmo más de 155 mil cubanos hasta septiembre de este año. Solo para tener una referencia de esta problemática, durante el denominado éxodo del Mariel salieron de Cuba alrededor de 125 mil cubanos y cuando la “crisis de los balseros” del 94 salieron 35 mil. Era evidente que un análisis integral de estos datos, conducía a que resultaba imprescindible que las autoridades estadounidenses se plantearan la necesidad de realizar conversaciones migratorias con su contraparte cubana.

De esta manera, el factor migratorio condicionó que el gobierno de Biden sostuviera este tipo de encuentro el 21 de abril. Fue necesario dialogar con el gobierno cubano de manera directa en una reunión de alto nivel y dejar a un lado las presiones de los que se oponen a este tipo de intercambios entre Washington y La Habana, así como pasar por alto la decisión de no establecer ni retomar mecanismos de diálogo oficiales con Cuba. Una vez más las denominadas razones de seguridad nacional se imponían. El gobierno estadounidense enfrentaba una crisis que suponía, de acuerdo a sus concepciones, una amenaza con perspectivas de profundizarse.

Según los datos de las agencias estadounidenses, la cifra de cubanos en el mes de abril superaba los 35 mil. Por lo tanto, el sentido de urgencia por adoptar otras medidas se agudizaba. Resultaba obvio que una conversación migratoria no resolvía el tema de fondo, era necesario proyectarse sobre las causas que originan y explican estas tendencias migratorias.

La fuente principal se encuentra en la política de máxima presión del gobierno estadounidense expresada en un sistema de medidas coercitivas unilaterales orientadas a castigar al pueblo cubano y someterlo a condiciones económicas extremas. Washington había creado y alimentado un problema real para su seguridad nacional de manera intencionada e irresponsable. La esencia es que el enfoque de “presiones incrementadas bajo control” se les fue de las manos y estaban atrapados en su propio laberinto.

La decisión de incumplir con las 20 mil visas, la cancelación de los servicios consulares en La Habana, la prohibición de los vuelos a provincias y determinadas categorías de viajes de estadounidenses, así como la eliminación del mecanismo oficial en virtud del cual se enviaban más de 3 mil millones de dólares en remesas a Cuba anualmente, constituyeron algunas de las medidas que impactaron decisivamente en la compleja situación económica cubana agudizada por los efectos globales de la pandemia.

Cualquier decisión orientada a disminuir el flujo de emigrantes cubanos hacia Estados Unidos, pasaba necesariamente por reconocer que la propia política de máxima presión se convertía en el eje central de esta compleja problemática. Por lo tanto, se requerían adoptar determinados pasos que podrían ir desde una visión maximalista desmontando la política de máxima presión o un enfoque minimalista orientado a realizar ajustes mínimos.

Los anuncios del 16 de mayo, por su contenido y alcance responden a una aproximación minimalista. La decisión fue combinar medidas dirigidas a incidir en el flujo de emigrantes a partir del restablecimiento del Programa de Reunificación familiar y el incremento del procesamiento de visas en La Habana con eliminar el límite de las remesas, autorizar los vuelos a provincias y declarar su intención de establecer vías para promover el sector privado en Cuba.

Todas estas medidas requieren de la elaboración y aprobación de las guías de implementación que constituyen documentos que deben generar los Departamentos del Tesoro y Comercio. Hasta que no se hagan públicas, no estará claro el alcance real y las posibilidades concretas de llevar a vías de hecho estos anuncios. Es evidente que todas no se implementarán al mismo ritmo y habría que ver los obstáculos prácticos que se presenten debido a la complejidad de algunos temas que abordan, en especial, las vinculadas al área tecnológica.

Por lo tanto, estas medidas no resuelven el problema de fondo y en lo que comienza su proceso de ejecución el flujo de emigrantes no se detendrá. La manera más adecuada de gestionar esta problemática tan sensible pasa por un cambio de política del gobierno estadounidense que implica el desmontaje de las medidas de asfixia económica y avanzar aceleradamente hacia la recomposición de las relaciones bilaterales. Mantener la política de máxima presión con algunos retoques como lo ha hecho Biden, no es el camino.