Cuenta regresiva para el 6D: las elecciones parlamentarias en Venezuela y desde ya la jugada está cantada. La sentencia sirve para todos los frentes políticos, a favor y en contra del chavismo, porque cuando se trata de este país suramericano, no parece haber medias tintas y sí una polarización de susto.

Que en los inminentes comicios la victoria sea para Maduro y los suyos, no le cabe duda a nadie. Tal predicción no tiene que ver solo con encuestas ni mucho menos con fraudes o irregularidades, sino con la propia actitud de la derecha profundamente fragmentada, a tal punto que solo ha aceptado medirse en urnas la facción más moderada, al tiempo que la radical ha desestimado el proceso y se ha retirado de la competición por los escaños que en 2015 ganó con holgura.

Que el cincuentenar de países que se hace llamar comunidad internacional —aunque matemáticamente no sea ni la mitad de esta— que se ha aferrado además al cuento de un presidente ilusorio, desconozca de plano el proceso electoral y sus resultados es una realidad tajante. Y sí, Juan Guaidó es un Jefe de Estado meramente nominal porque tan solo pisa a ratos el suelo de sus gobernados, no dicta decretos ni por Internet, tiene un séquito tan limitado que no cubre ni el más elemental de los gabinetes, no media en ningún conflicto real porque no tiene el poder real, en resumen, no manda ni decide pero sigue —y siguen los que le tienden la mano— llamándose «presidente legítimo» y a su adversario le reserva el título de «usurpador», la historia al revés si el cuento lo cuentan los de la acera de enfrente. A estas alturas del partido, incluso dentro de sus aupadores, hay una especie de desencantamiento con el «líder», pero se disimula bastante, se queda para el entre líneas, porque hacerlo en voz alta sería reconocer que Maduro va ganando el pulso.

Lo cierto es que estas presidenciales están en la mira no solo porque es un espacio más para juzgar la democracia venezolana, sino porque en este proceso sí o sí se termina de desmoronar Guaidó. Se pudo autoproclamar Presidente de la República agarrándose a un hilo finísimo de constitucionalidad, interpretación muy suya mediante de la Carta Magna, precisamente porque era entonces el presidente de la Asamblea Nacional. Al perder ese cargo ahora con la renovación del ente legislativo, de hecho, no participa como aspirante— pierde el resquicio legal para seguir siendo el sustituto interino de un presidente «no reconocido» fuera de Venezuela, aunque haya alcanzado dentro del país un caudal de votos impresionante. Justamente por este motivo el autoproclamado no participa, para poder seguir en la farsa desde la negación del proceso. Pero el contexto no le acompaña, porque junto con la nueva Asamblea que asume en enero de 2021 en su sede caraqueña, Washington también estrena presidente en esa fecha y el Trump que le daba palmaditas en el hombro a Guaidó abandona la Casa Blanca. No quiere decir que Biden sea pro-Maduro, nada más lejano, pero al menos se espera que remodele la ofensiva contra los chavistas.

Para el partido venezolano gobernante, el PSUV, también es una elección definitoria, porque estaría logrando ponerle fin al enfrentamiento de poderes en el país que tanta inestabilidad ha traído en el último quinquenio. Y aunque el ejecutivo supo echarle el freno de mano a un legislativo decidido a torpedear todo plan de gobierno, aún tenerlo inoperante tras la declaración de desacato por parte del Tribunal Supremo no hizo que la batalla fuera menor. Un parlamento sin facultades que decidió incluso sesionar desde el exterior, desconociendo que había ya un suprapoder como la Asamblea Nacional Constituyente que intentaba devolverle orden legal a un país en franca crisis. Un parlamento que, a inicios de 2020, terminó «eligiendo» dos presidentes para una misma asamblea que seguía sin voz ni voto y adicionaba más caos con semejante fractura institucional.

Con el congreso nuevamente chavista, un mínimo de normalidad puede volver al país porque ya no tendrá que asumir el TSJ las facultades legislativas y llegará a su fin el mandato de la Constituyente. Al haber mayoría oficialista, según se prevé, los proyectos que necesiten aval parlamentario podrán fluir sin grandes contratiempos para una nación que atraviesa una severa crisis económica, acentuada como todos los demás por los estragos de la pandemia.

No quiere decir que todo se resuelva de un día para otro. Porque las críticas de la oposición doméstica y foránea seguirán ahí y se multiplicarán. Como mismo no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela por considerar amañada la elección que le dio el triunfo, tampoco reconocerán el nuevo ente legislativo que surja de las votaciones del 6 de diciembre porque las consideran idénticamente arregladas.

Los argumentos para desestimar estos comicios vienen arrastrándose desde el pasado de la elección presidencial. Para la oposición, Maduro ganó jugando sucio, pero olvidan decir que le dejaron el camino abierto para ganar por no presentación del contrario. A su vez, tildan de parcializadas las instituciones de gobierno y, en ese sentido, desconocen el Consejo Nacional Electoral. También omiten que el CNE ha sido prácticamente renovado en su conjunto para la ocasión y que mientras tenía lugar el proceso de postulaciones de los árbitros electorales, se cometió un atentado contra la sede del consejo y se quemó un número altísimo de máquinas y demás equipamiento para la votación, «fue poco lo que se pudo rescatar», dijo entonces la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. ¿Quiénes estaban interesados en crear un caos de esta magnitud?

Prevalecen los reproches sobre la arrogación del TSJ de los poderes legislativos. Y la razón es el desacato en el que permaneció la Asamblea por irregularidades en la elección de algunos de sus miembros. Posteriormente, cuando se le dio un voto de confianza para que renovaran la cúpula y echaran para atrás las decisiones anómalas, se da el show de enero de 2020 con dos presidentes parlamentarios: Juan Guaidó y Luis Parra, dos quórums sesionando en lugares distintos, una incompatibilidad para ponerse de acuerdo y todo dentro de las filas de las fuerzas opositora. Otra vez tuvo que interceder el TSJ.

De este espectáculo se desprendieron los sucesos posteriores, los que han sido interpretados como una intervención arbitraria del poder judicial sobre los partidos de derecha, quitando a sus antiguos jefes e imponiendo directivas ad hoc (apropiadas para tal fin electoral). Pero una mirada más profunda deja entredicho el cuestionamiento. Fueron los propios miembros de esos partidos los que solicitaron al ente judicial que mediara en el entuerto legal que se había armado al interior de esas toldas. Los más radicales habían procedido a las expulsiones de aquellos correligionarios que se habían distanciado de Guaidó para aliarse a Parra, acusándolo de estar en complicidad con el oficialismo en una operación que ya había sido bautizada como Alacrán.

El Supremo no hizo más que atender tales reclamos y atar otra serie de cabos sueltos. Por ejemplo, en el caso del partido de Guaidó, Voluntad Popular, su mesa directiva estaba dirigida por Leopoldo López, un recluso que, tras recibir el beneficio de casa por cárcel, se dio a la fuga, refugiándose primero en la embajada de España en Caracas y finalmente escapó a Madrid hace pocos meses. Su membresía no se había tomado el trabajo de actualizar su dirigencia y en ese limbo pretendía presentarse a las presidenciales. Similares situaciones atravesaban grupos políticos como Primero Justicia, Acción Democrática entre otros que tuvieron que ser intervenidos por el TSJ.

En el caso de Voluntad Popular, podría decirse que no salió tan mal parado porque estaba sobre la mesa la posibilidad de inhabilitarlo por considerarlo una organización terrorista, por el historial de exhortaciones a la violencia de sus líderes: Guaidó, Leopoldo, Freddy Guevara, y relaciones con actos de terror durante las disímiles protestas antigubernamentales.

La oposición que ha aceptado jugar las reglas de la democracia considera que aquella otra negada ha fracasado en sus métodos para destronar a Maduro. Una historia de desencuentros que pasa también por la desconfianza de los unos sobre los otros en materia de corrupción. Los radicales piensan que los moderados están siendo sobornados por los chavistas y a la inversa se cuestiona el uso indebido de los fondos extranjeros para «la salida», así como el robo de los recursos nacionales, dígase el oro y el petróleo.

No quiere decir eso que del lado de la fuerza en el poder todo sea color de rosa. Ha habido también escándalos de corrupción, abuso de poder y traiciones, pero quedan minimizados al lado de la ferocidad de los factores externos que bloquean el desempeño de gobierno, una cruzada de asfixia sin precedentes que va desde la persecución a los buques petroleros, el congelamiento de fondos bancarios en el exterior hasta la incursión armada, un todo vale sin límites que lidera confesamente la administración estadounidense.