El pasado 2 de febrero venció el plazo establecido en el protocolo firmado por las delegaciones negociadoras del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional para que, en caso de ruptura del proceso, los guerrilleros designados como plenipotenciarios en el diálogo de paz regresaran a Colombia. El documento previsto para tal ocasión estipulaba que, en los 15 días posteriores a la disolución de la mesa de conversaciones, el equipo del ELN debía abandonar la sede de las pláticas y volver a su zona de operaciones; además convenía que a los insurgentes debía garantizárseles un retorno seguro a su condición de clandestinidad por lo cual las órdenes de captura deberían continuar suspendidas por al menos 72 horas una vez en territorio nacional. Fueron detalles que algunos de los firmantes, tanto de un lado como de otro, fueron deslizando —teniendo en cuenta que el protocolo se mantenía en la más absoluta reserva—  tras la coyuntura que provocó la paralización definitiva de un esfuerzo de paz ya sepultado desde antes por la administración del presidente Iván Duque.

La gran pregunta es: qué sigue ahora. En entrevista reciente, a propósito del vencimiento de los términos del protocolo de retirada, el jefe negociador del ELN, comandante Pablo Beltrán, dijo que en las dos semanas posteriores al anuncio de Duque, debió trazarse el plan de retorno, pero no ha habido avance ninguno en ese sentido porque la contraparte insiste en una opción única: que Cuba entregue a los 10 negociadores del grupo insurgente para que sean procesados y encarcelados por el atentado con coche bomba en la escuela General Santander de Bogotá. Beltrán calificó de «muy belicista» la postura del mandatario colombiano y agregó que la comunidad internacional que acompaña el proceso, y en particular los países garantes, le ha pedido a Duque que reconsidere su actitud.

La delegación elena fue más allá al exponerle al actual gobierno que «si no le gustan los protocolos que nosotros firmamos con Santos, porque es que a este gobierno nada que venga del anterior le sirve, pues entonces que proponga otra alternativa pero que de garantías como las contemplan estos protocolos de retorno».

Desde que se instaló el nuevo ejecutivo en la Casa de Nariño hace seis meses, el ELN le ha solicitado que «vaya a la Mesa» bien sea con las objeciones o las proposiciones que considere pertinentes pero este reclamo ha chocado del otro lado con oídos sordos. Por el momento, ya que a Iván Duque no le satisface lo establecido en blanco y negro con su antecesor  —que es a la postre un documento de Estado por el aval internacional que ha tenido este proceso de paz— los guerrilleros están dispuestos a renegociar: «Nosotros inclusive pensamos que se pactara un retorno en las condiciones que se logre negociar con el gobierno de Duque, un retorno de una parte de la delegación del ELN a los campamentos, a consultas, que las necesitamos, y estaríamos considerando que, por ejemplo, otra parte de la delegación continuara acá impulsando toda la reapertura de la mesa, impulsando la continuidad del proceso de paz».

No obstante a la negativa manifiesta del presidente Duque de proseguir el diálogo, la guerrilla afirmó que ha habido contactos bilaterales. Mientras los canales públicos evidenciaban discrepancias y lejanías «para mantener contento al núcleo duro de la coalición del gobierno», en un nivel más discreto y confidencial se manejó un acercamiento. De hecho, de una de esas reuniones «por debajo de la mesa» salió la petición por parte de los enviados de Duque —durante la transición, antes del cambio de Jefe de Estado— que no firmaran un cese bilateral al fuego con el gobierno de Santos. Sin embargo, el ELN considera que esa fue solo una parte del problema en aquella recta final del diálogo que tuvo lugar entre mayo y agosto de 2018. La otra fue que la delegación negociadora de Santos traicionó a quien la mandataba, se plegó al nuevo ejecutivo electo y «amaneció de buenas a primeras siendo seguidora del presidente Uribe y por eso no prosperaron las negociaciones en esas últimas semanas porque todos se volvieron seguidores de Uribe».

El ELN reconoció que el proceso de paz atraviesa en este minuto una crisis profunda, pero no se la atribuyó al ataque perpetrado el pasado mes en la academia policial, que por demás catalogó como «acción de respuesta» y «ataque en la retaguardia», sino que responsabilizó al sucesor de Santos de tal situación por el incumplimiento de los acuerdos con las FARC y la inacción gubernamental ante el creciente asesinato de líderes sociales, así como por la no reactivación de la mesa de conversaciones. «Nos mandó a decir y nos lo dijo abiertamente: no hay negociaciones por ahora y lo que vamos a hacerle es una ofensiva militar». Beltrán apuntó que los gestos de la guerrilla para evidenciar su voluntad de paz no han sido ni reciprocados ni valorados por su contraparte. «Ofrecimos en diciembre un cese el fuego unilateral y fuimos bombardeados en varias partes».

Ante la disyuntiva de quién ordenó el siniestro del 17 de enero que desencadenó la situación actual, el equipo que permanece en La Habana insistió en que, a pesar de la unidad de toda la estructura guerrillera a partir de su dirección nacional, ellos han cumplido expresamente con la petición del gobierno cubano de «centrarse en las tareas de paz», por tanto, no son informados ni tienen jurisdicción ni mando en las decisiones de carácter militar en el terreno de combate.

Numerosas fueron las críticas recibidas por la acción que acabó con la vida de 21 jóvenes cadetes y lesionó a cerca de 70. Muchos la consideraron «no oportuna» y que le daba argumentos a la extrema derecha para hacer trizas el esfuerzo conciliatorio. Para el jefe negociador, todo derramamiento de sangre es igual de doloroso y la única salida es una solución política al conflicto armado.

Pero, la salida diplomática está ahora más lejana que nunca tras la orden de suspensión dada por Duque, un mandatario que mucho antes había ya establecido como condición para la reanudación de las pláticas la liberación de todos los secuestrados y el fin de las acciones violentas. Sin embargo, para la insurgencia no hay temas vedados: «Nosotros no tenemos rayas rojas. Todo lo que Duque y Uribe quieran colocar (en la agenda) se lo aceptamos». Ya ha habido gestos de la guerrilla en un pasado reciente en torno a esos condicionamientos. Se han venido dando varias liberaciones unilaterales y durante la tregua bilateral de 101 días pactada con Santos, el único acuerdo en firme logrado durante todo el proceso, no se produjo ninguna retención ni ataque a ningún sitio de la infraestructura petrolera. Ante la pregunta de gestos futuros, Beltrán creyó muy difícil convencer al gobierno en el poder, dirigido directamente por el uribismo. «Seducir a Uribe es difícil, porque usted le puede ofrecer lo que sea y siempre va a considerar que es poco».

Mientras la situación no varíe, la delegación elena aseguró que continuará en La Habana pues al decir de Pablo Beltrán «los países garantes y acompañantes respaldan la estadía acá mientras que se logran unas garantías». La permanencia de este grupo en la capital cubana ya ha provocado tensiones diplomáticas a nivel regional y supone un gran desafío para la Isla que podría ser incluida nuevamente en la lista unilateral concebida por Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.