Lo de Perú ya roza la catástrofe política: otro presidente caído en desgracia. Tocó el turno a Martín Vizcarra, quien para colmo estaba allí «aguantando el palo», como quien dice, porque asumió no por elección popular sino por sucesión constitucional, al ser el vice de Pedro Pablo Kuczynski, quien también tuvo que salir por la puerta de atrás y dejar el mando vacante, para finalmente caer en arresto domiciliario. Y antes de este par, tenemos a un Ollanta Humala en pleno proceso judicial, libre pero intentando sortear una condena de 20 años; a un Alan García que se quitó la vida, presionado también por las deudas con la justicia; y a un Alejandro Toledo preso en Estados Unidos, haciendo malabares para que no lo extraditen a su país natal. Apenas 5 presidentes posteriores al fujimorismo —sin contar el corto mandato transicional de Valentín Paniagua tras la destitución de Alberto Fujimori— ese otro período más amplio y muchísimo más gris en la historia política peruana, y todos con un final oscuro por idéntico motivo: la corrupción.

Y si 20 años de jefes de estado corruptos pareciera demasiado, les diría que no, que la situación es muchísimo más grave. La podredumbre de cuello blanco está institucionalizada, es decir, todo el aparato electoral, todos los ámbitos de poder y los más altos puesto del país en todas sus ramas, reitero, están corroídos por el dinero, empezando por los que visten toga que deberían imponer el ejemplo y a su vez garantizar la justicia. De ahí que haya que analizar cada escándalo presidencial de acuerdo a las particularidades del caso porque, lejos de tratarse de ejercicios de democracia y transparencia, o de saneamiento de la cúpula administrativa, estamos en presencia del uso de mecanismos constitucionales, sí, pero carentes de legitimidad, para sacar provecho político y atacar a los oponentes partidistas.

El otro asunto es que aquí no hay tendencias ideológicas encontradas. Hay, eso sí, una derecha sumamente fragmentada que se mueve por intereses económicos y en la cual, el peligro mayor es su versión neofascista, que en el caso peruano está ligada a los herederos —por herencia familiar o simpatía política— de la dictadura de Fujimori. Y este matiz es que el provoca que un país con un caos total en materia de gobernabilidad esté en las páginas y minutos menos vistos de los medios de comunicación. No hay caudillo populista al que satanizar, no hay peligro de cambio real de modelo económico en ninguno de los que se turna o se arrebata el poder, por lo que no importan a los que dictan matrices de opinión los vacíos legales, la ruptura constitucional, la alteración democrática.

Eso sí, pudiera existir la percepción de que, a pesar del desgobierno y la corruptela, no hay espacio a la impunidad a diferencia de los países del área, donde se acusa popular y mediáticamente a sus políticos por lavado de dinero, cohecho, coimas, pero pocas de esas denuncias llegan a concretarse en investigaciones serias y las que sí toman curso legal, tienden a diluirse por las mañas de los implicados. De hecho, en los procesos electorales latinoamericanos, la corrupción ocupa tema primerísimo en la agenda de los candidatos, que usan y abusan de la palabra siendo ellos mismos blanco de padecerla. ¿Marca Perú la diferencia? No. Ni siquiera con los 5 últimos mandatarios enjuiciados y tras las rejas en algún momento, ni con el mismísimo Fujimori sentenciado después de hundir al país durante 30 años consecutivos, puede afirmarse que hay mano dura contra el despotismo y los excesos en esa nación. La cantidad de corruptos en libertad, haciendo el mismo daño que los apresados es significativamente mayor y con mayor impacto a largo plazo. La otra razón por la que Perú no puede dictar cátedra de civismo y decencia política, es que corruptos señalan con el dedo a otros corruptos. Tumban un presidente por negocios turbios y asume las riendas otro en la línea sucesoria con un aval igual de enfangado.

Es lo que acaba de suceder con Vizcarra y lo que hace tan cuestionable el proceso para destituirlo. El saliente presidente, transicional por demás, había emprendido una especie de depuración para eliminar mecanismos de gobierno de por sí susceptibles de trasgredir la barrera de lo legal y fue por esa intención de frenar la avalancha de oportunistas que se convirtió en el objetivo de dicha camarilla. ¿Es corrupto Martín Vizcarra? Puede que sí, puede que sean ciertos los sobornos que ahora le salen a relucir, vale aclarar que anteriores a su gestión presidencial, pero no son los dólares de más los verdaderos responsables de la «incapacidad moral» que le decretaron sus compañeros del poder legislativo, sino las intenciones de Vizcarra de cambiar un poco, poquísimo, el abc de la política peruana. Recordemos sus propuestas de reformas para eliminar la reelección indefinida de los parlamentarios, reestablecer la bicameralidad legislativa, modificar la elección de los magistrados y cambiar las reglas del financiamiento de los partidos. Fue a partir de entonces que el Congreso se dio a la tarea de sacarlo de en medio y hacerle una guerra. Han sido dos los pedidos de vacancia y el enfrentamiento de poderes ya dejó en el pasado reciente un parlamento disuelto y hasta dos presidentes para el país.

Había que buscarle un trapo sucio y hurgando encontraron uno que al fin les funcionara —anteriormente le había apostado fallidamente a una contratación irregular de un cantante— para evitar que un tipo gris salido de la nada, que nadie pensó presidenciable en ningún momento, se las diera de activista en pos de acabar con la buena vida de otros cuyos sobornos sí están a la orden del día. Sale Vizcarra y asume el líder del Congreso, Manuel Merino, cercano al fujimorismo y con mucha más ropa por lavar, sin entrar en más detalles, baste decir que su implicación en la salida de Vizcarra llega al punto de conspirar con las Fuerzas Armadas para tal fin, lo cual ha sido visto como un posible delito de sedición. Además, dejó en su lugar al frente del Congreso a otro diputado con nada más y nada menos que 52 investigaciones fiscales.

Además del talante de los que están alrededor de este escándalo, está el hecho del instrumento legal que usan en Perú para dirimir el destino de sus máximas figuras: la vacancia por incapacidad moral. Una herramienta prácticamente hueca de contenido que sirve para botar de la presidencia lo mismo a Alberto Fujimori que a Martín Vizcarra, da igual la naturaleza de los hechos. Y que no está respaldada por investigaciones serias desde el punto de vista judicial, sino que se circunscribe a especulaciones y únicamente la votación parlamentaria dicta la última palabra. Y sobra decir, que dicho voto legislativo se mueve por simpatías e intereses políticos. En resumen, puedes ser incapacitado sin la menor evidencia solo si se alcanza el quorum requerido. No hay ni siquiera juicio político. Se asemeja el mecanismo a los golpes blandos, arropados de tecnicismos parlamentarios que se han venido dando en países vecinos, aunque hay una distancia grande entre lo sucedido en Perú, Brasil o Paraguay.

Las calles de Lima y del resto de las ciudades bien saben de estos teje manejes oportunistas. Los peruanos están indignados y sobre todo hastiados por tanta inestabilidad en su gobierno, por las decisiones arbitrarias y manipuladas de sus políticos, por una crisis que se expresa con mucha más crudeza en lo socioeconómico, en su día a día, agravada luego de la coyuntura sanitaria. Ahora, la situación se complejiza con la llegada al poder del ala cercana a lo más reaccionario de la élite política.