Colombia se sumó al hervidero social en la región. Hay un evidente efecto contagio que ha provocado una especie de sublevación latinoamericana, pero con marcadas singularidades de acuerdo al caso. Es importante no confundir el origen y alcance de cada una de las protestas, sobre todo porque no todas suelen ser del todo espontáneas; unas tienen una profunda motivación política con bastante de inoculación externa y manipulación —como fue el caso de las que dieron al traste con la gestión de Evo Morales en Bolivia— mientras las otras, que han sido las predominantes, un marcado sello económico. 

En estas últimas entra el estallido colombiano. Como también en Chile y Ecuador, existió un detonante relacionado con medidas de gobierno que colmaron la paciencia de una ciudadanía que acumula disgustos y estrecheces. Quizás en el caso colombiano, el rechazo popular se adelantó al «paquetazo», porque aún no habían sido decretadas las acciones, sin embargo, saberlas cerca bastó para que la gente saliera a la calle a decir no más.

Solo que, mientras a los gobiernos de Sebastián Piñera o Lenín Moreno, la protesta les estalló en la cara con un claro efecto sorpresa, Iván Duque tenía la jugada cantada. El paro del 21 de noviembre estaba debidamente programado y todo el gabinete se preparó para el día cero —incluso se cerraron fronteras— sin sospechar que la presión iba a sobrepasar las 24 horas previstas.

Quizás Duque se confió en que históricamente en Colombia, el miedo y la impotencia han superado el espíritu de rebeldía. No ha sido una nación de protesta social porque ha vivido demasiado tiempo en guerra. Por años se le dio el mismo tratamiento de enemigo a la guerrilla que a un puñado de civiles enojados. Las manifestaciones han sido contadas en la últimas décadas y, en su mayoría, tenían el rechazo al conflicto armado como centro.

Ciertamente, por primera vez en mucho tiempo ya se puede demandar algo más que paz, dado el caso que hace 3 años se proscribió la confrontación bélica con el mayor grupo armado irregular del país, las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Justamente la celebración del tercer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC coincidió con la jornada de movilizaciones populares, y terminó por ser eclipsada, la fecha el 24 de noviembre más bien se diluyó en medio de tanta indignación y reclamos.

Si bien el cumplimiento de lo pactado con la exguerrilla forma parte del pliego de peticiones actuales, hay exigencias más urgentes según las consideraciones de la ciudadanía que tienen que ver con pensiones, salarios, empleo juvenil, acceso a la educación y asuntos fiscales. En un segundo plano habían quedado las denuncias por los asesinatos selectivos de líderes del campo y de las comunidades indígenas, que pasaron a las primeras planas tras la muerte de un joven protestante a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Lo que se considera un deliberado asesinato de un menor de edad por el uso abusivo de la fuerza pasó a ser el combustible que avivó la llama de las protestas. Fue también el hecho que obligó al ejecutivo colombiano a convocar por adelantado a un diálogo a modo de contención. Un modus operandi tradicional de las diferentes administraciones ante brotes de cólera social y que suele surtir efecto. Y surte efecto precisamente porque no hay una base organizativa con conciencia política en la movilización que exija un verdadero cambio estructural. Los grupos inconformes acostumbran a ceder fácilmente ante las regalías paliativas de los gobernantes.

La pregunta es si esta vez será diferente. Aunque el primer intento de las conversaciones falló, ya Duque se sacó de la manga la primera curita: un proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que incluye la eliminación del impuesto sobre las ventas (IVA) para familias de bajos ingresos, incentivos para los empresarios que den empleo a jóvenes y reducción del aporte de los pensionados al sistema de salud.

Puede que tenga que ser más generoso porque los ánimos se han enardecido bastante. Las reivindicaciones han aumentado, ahora se pide la depuración de la policía y el desmonte del ESMAD tras la víctima fatal del pasado fin de semana en Bogotá. Se suman demandas relacionadas con cuestiones ambientales como el fin de la agresiva práctica del fracking en la extracción petrolera.

A la par de la multiplicidad de peticiones, se han incrementados los sectores sociales. Primero fueron algunos sindicatos obreros y luego le respaldaron estudiantes, mujeres —coincidiendo también con el día internacional de la no violencia contra las mujeres y las niñas—, jubilados, campesinos, indígenas y gremios de profesionales de la salud y la educación. La deuda con todos ellos es inmensa y de larga data, su resentimiento hacia las instituciones y figuras del Estado es proporcional a las carencias.

En medio de esta heterogeneidad de colombianos se vio también marchar a los desmovilizados de las FARC en proceso de reinserción a la vida civil. El mismísimo presidente del partido de la rosa roja, Rodrigo Londoño (Timochenko) salió como uno más a acompañar a los manifestantes de la ciudad de Medellín, un hecho inédito para un hombre que tuvo que retirarse de la campaña presidencial pasada por amenazas de muerte y sobre el que en el pasado pesaban millonarias recompensas por su captura o muerte.

Ya les decía que han transcurrido 3 años desde que se sellara la paz de Juan Manuel Santos con las FARC y si bien del grueso de lo negociado apenas si se ha implementado un porcentaje ínfimo, hay realidades innegablemente cambiadas y la de Timochenko en las calles de un territorio tan antiguamente uribista como Medellín es una de ellas.

Sobre ese vacío legal en torno al Acuerdo de Paz es que salieron a reclamar los exinsurgentes junto a la ciudadanía. No se ha movido un dedo a favor de la reforma agraria, la sustitución de los cultivos ilícitos y el plan integral para abordar el narcotráfico es cosa de papeles archivados. De los cerca de 14 mil guerrilleros que entregaron su fusil menos de 2 mil, según cifras manejadas por la propia organización convertida en fuerza política, han podido enrolarse en proyectos productivos propios y acceder a viviendas y demás servicios. La mayoría se ha visto forzada a abandonar los espacios territoriales donde permanecían concentrados por falta de futuro inmediato y por un factor mucho más peligroso: la inseguridad. Los desmovilizados forman parte del blanco permanente de las bandas paramilitares, junto a los activistas de las comunidades marginadas que sufren persecución y exterminio.

La falta de compromiso del gobierno de Duque con el acuerdo heredado para la pacificación y reconciliación del país, debería ser un medidor para esos miles que hoy le plantan cara en las calles. No le cumplen a las FARC lo convenido durante 4 años de zozobrante proceso de negociación y dispuesto en casi 300 hojas resguardadas por las Naciones Unidas. ¿Qué garantías hay entonces de cumplirle a los que paralizan hoy a Colombia?

Cuando Chile despertó, algunos conocedores de la realidad colombiana creyeron improbable que en Colombia se diese un estallido similar y sus razones son bien fundamentadas. En Colombia se mata antes de que alguien intente siquiera alzar la voz un poco más fuerte, no es represión, es criminalización, es intimidación que cala en los huesos. Los métodos disuasorios parten del derramamiento de sangre y la impunidad campea. Es una política de terror bien estructurada donde los autores no se dejan ver y el trabajo sucio lo hacen unos pocos al margen de la ley a los que casi siempre les pagan sueldos los que escriben y ejecutan las leyes.

Por estos días parece que la gente ha perdido el miedo en Bogotá y en todos esos sitios donde se protesta con convencimiento y coraje. Como en el resto de los escenarios latinoamericanos en efervescencia, la perseverancia, organización y empuje de los descontentos determinará en el alcance de su movilización; si es que se trata de un paro más, reducido en pocos días a golpe de chorros de agua, gases lacrimógenos y bastonazos o un verdadero estallido popular que logre un cambio de fondo por encima de decisiones cosméticas.