Hace apenas una semana, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado publicó en su página web lo que denominan como una “oportunidad para recibir financiamiento”. En la práctica, están realizando una convocatoria abierta y pública para darle dinero a determinadas instituciones que estén dispuestas a involucrarse en la implementación de la subversión contra Cuba.

En la divulgación se establecen los objetivos de esta iniciativa, las líneas de acción que prioriza el gobierno estadounidense como parte de su diseño subversivo y los requisitos de elegibilidad para los que presenten las solicitudes de financiamiento. Por lo tanto, es un proceso calculado e intencionado en función de lograr determinados resultados.

De acuerdo al texto de la convocatoria, el objetivo es “hacer avanzar los derechos humanos en Cuba y fortalecer la capacidad de los grupos de la sociedad civil independiente de promover los derechos civiles y políticos”. Detrás de esta narrativa engañosa y retórica, se esconde el verdadero propósito estratégico de forzar un “cambio de régimen” en la Isla.

El Departamento de Estado en el documento identifica explícitamente lo que denominan como las “líneas de acción” que les interesa promover. En la práctica, los que estén interesados en aplicar a esta convocatoria deben presentar sus propuestas en correspondencia con las siguientes prioridades:

1)   Abordar la violencia de género: fortalecer redes en la sociedad civil independiente con capacidad para responder a este tipo de violencia, incluyendo el monitoreo, la documentación, la promoción y el mejoramiento del apoyo a las sobrevivientes.

2)  Promover la libertad de asociación: incrementar las oportunidades a los ciudadanos cubanos para que se asocien libremente a través de iniciativas informales a nivel comunitario y mejorar los esfuerzos de la sociedad civil para abogar por una mayor libertad.  

3)  Fortalecer la sociedad civil: Involucrar y mejorar la capacidad de la sociedad civil cubana independiente a través de iniciativas de conmemoración y reconciliación. Las iniciativas pueden incluir diálogos intergeneracionales, la construcción de la memoria histórica sobre las violaciones de los derechos humanos u otros esfuerzos similares orientados a la reconciliación y establecer una agenda común para el avance de la democracia.

4)  Promover la libertad de expresión: Apoyar y empoderar a artistas e intelectuales para proteger y promover la libertad de expresión y los derechos humanos a través de las artes y otras formas de expresiones culturales.

5)  Fortalecer los medios de comunicación independientes: Mejorar las habilidades de los periodistas independientes y los medios para proveer de información creíble sobre los temas vinculados a los derechos humanos y la democracia.                   

En el texto, se enfatiza que las propuestas que se presenten deben contemplar objetivos que tengan en cuenta la situación socioeconómica y política en Cuba. Señala que las propuestas más competitivas serán aquellas que incluyan iniciativas concretas que tengan las potencialidades de generar impactos en el corto plazo y que permitan cambios sostenibles en el largo plazo. Es decir, tendrán más posibilidades de recibir el financiamiento aquellos proyectos que tengan la capacidad de generar cambios internos en la Isla en correspondencia con los objetivos del gobierno estadounidense. Las instituciones u organizaciones que apliquen deben demostrar que tienen experiencia desplegando este tipo de proyectos en Cuba con efectividad.

En la convocatoria, se deja muy claro que existen actividades que no serían consideradas como parte de los proyectos como son: la provisión de asistencia humanitaria al pueblo cubano; la instrucción en el idioma inglés; desarrollar software; intercambio académico y en ningún caso podrá beneficiarse de estos fondos instituciones gubernamentales cubanas o sus empleados.

Con relación a los criterios de elegibilidad de los solicitantes, se establecen tres categorías principales: organizaciones gubernamentales radicadas en Estados Unidos o en un tercer país; organizaciones internacionales de carácter público; universidades y centros de educación superior ya sean privados o públicos; así como empresas o compañías de negocios. Con respecto al monto del financiamiento, el texto señala que deben solicitarse por cada proyecto una cifra mínima de 500 mil dólares y un valor máximo de 1 millón de dólares. Estos montos indican que se disponen de fondos millonarios para asegurar este tipo de programas subversivos. 

El contenido y alcance de esta convocatoria, es una evidencia muy clara de la prioridad que tiene para el gobierno estadounidense la promoción de la actividad subversiva contra Cuba que está concebida hacia temas y sectores sensibles de nuestra sociedad. La actual administración con estas iniciativas continúa reforzando la dimensión más agresiva y confrontacional de las relaciones entre ambos países.