El pasado 23 de mayo el gobierno estadounidense publicó en el Registro Federal la certificación anual que envía al Congreso sobre los países que no “cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo”. Por tercer año consecutivo, Cuba fue incluida de manera arbitraria en esa certificación de conjunto con Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela.

Esta decisión es una continuidad de la reciente inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que se convierte en uno de los principales mecanismos que tiene Washington para provocar un daño integral y sistemático al pueblo cubano a partir de las implicaciones prácticas que conlleva este tipo de designación. En ese sentido, resulta pertinente abordar cuáles son los principales impactos para la nación cubana de estar incluida en esa lista.

El fundamento legal para la designación de “estado patrocinador del terrorismo” se encuentra en tres leyes estadounidenses: la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la Ley de Control de Exportación de Armas y la Ley de Asistencia Exterior. Un andamiaje jurídico complejo que establece un grupo de sanciones que podrían agruparse en las siguientes categorías: 1) limitaciones para realizar operaciones financieras 2) penalidades para personas y terceros países 3) restricciones para la ayuda exterior de Estados Unidos y 4) controles sobre las exportaciones y ventas en materia de defensa.

El tanque pensante estadounidense Washington Office on Latin America (WOLA, por sus siglas en inglés) realizó a finales del pasado año un exhaustivo estudio sobre las implicaciones prácticas de esta inclusión. Entre los elementos fundamentales se destacan los siguientes:

1)  Se genera la denominada práctica conocida como “sobrecumplimiento” que consiste en que los bancos, las instituciones financieras, las empresas y los inversionistas sienten temor de establecer algún tipo de relación que involucre a Cuba. Es decir, se incrementa el nivel de riesgo país, lo que tiene un fuerte impacto para la economía nacional al aislarnos prácticamente del sistema bancario financiero internacional y afecta sensiblemente nuestra capacidad para atraer inversión extranjera.

2)  Provoca limitaciones para la apertura por parte de personas naturales y jurídicas cubanas de cuentas bancarias en el extranjero, el uso de instrumentos para cobros y pagos internacionales, el acceso a empresas fintech y banca digital, así como la contratación de servidores y servicios online. Por lo tanto, provoca un daño severo para operar financieramente en el escenario económico internacional actual. Su impacto no solo se extiende a las instituciones estatales cubanas, sino que afecta a las personas naturales.

3)   Obstaculiza la entrega de asistencia humanitaria a Cuba en un contexto de profunda crisis económica. En la práctica, los bancos, instituciones financieras y empresas de ventas de determinados productos han dejado de brindarle servicios a grupos religiosos que buscan proporcionar apoyo humanitario a la nación cubana. Se han congelado los fondos para actividades religiosas y humanitarias.

En ese sentido, el informe de WOLA señala: “recientemente, un grupo religioso estadounidense se enfrentó a importantes obstáculos para enviar un cargamento médico a Cuba. Sus socios europeos habían conseguido que un transportista europeo llevara un contenedor de suministros a Cuba. Sin embargo, el banco estadounidense que actuaba como agente congeló los fondos y exigió una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC)”.

Este ejemplo es muy ilustrativo y refleja el alcance de esta designación sobre un área tan sensible como los suministros médicos que están dirigidos a pacientes y personas que requieren este tipo de asistencia. Estos obstáculos se han convertido en una práctica para, de manera sistemática, provocar daños irreversibles al pueblo cubano bajo la narrativa que están actuando contra el “régimen”.

4)  Dificulta los viajes a Cuba de turistas provenientes de varios países a partir de que los viajeros de naciones incluidas en el ESTA (programa de exención de visados) deben solicitar visa en el Consulado General o la Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos en su país de origen. En este programa están incluidos alrededor de 40 países. Entre ellos, se encuentran España, Alemania, Francia e Italia que constituyen una fuente tradicional de emisión de turistas a Cuba. En sentido general, esto provoca una afectación a la industria turística.

En esencia, la designación de Cuba en esta lista se convierte en uno de los principales componentes de la denominada política de máxima presión contra la nación cubana. Los obstáculos y afectaciones que provoca constituyen una limitación significativa para el avance de la economía nacional y el cumplimiento de las proyecciones estratégicas para el desarrollo integral del país.