El pasado 10 de junio en el contexto de la denominada “Cumbre de las Américas”, la Casa Blanca divulgó la Hoja Informativa de la titulada “Declaración sobre Migración” promovida por el gobierno estadounidense. De acuerdo al contenido del documento, su propósito es “movilizar a toda la región en función de acciones audaces que transformarán nuestro enfoque sobre el manejo de la migración en las Américas”. Según el texto, este esfuerzo se sustentará en cuatro pilares claves: 1) estabilidad y asistencia para las comunidades; 2) expansión de un corredor migratorio legal 3) manejo de la emigración de manera humana y 4) respuestas coordinadas a emergencias.

Con relación al primer pilar, se parte de la premisa que el tratamiento a la crisis migratoria sin precedentes que se manifiesta en la región requiere repensar dos aspectos: cómo se evalúa el financiamiento multilateral al desarrollo y el manejo a las presiones que sufren las economías de la región. Afirma que “la necesidad de estabilidad económica es particularmente importante en países que albergan más de seis millones de refugiados e inmigrantes”.    

En este sentido, proyectan un plan de acciones que entre sus prioridades establece lo siguiente: Belice implementará a partir de agosto del 2022 un programa para regularizar los migrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe que se encuentran viviendo ilegalmente en esa nación; Colombia continuará implementando el “estatus de protegidos temporales” a migrantes venezolanos; Costa Rica se compremete a renovar la categoría de “protección complementaria temporal” a migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que hayan arribado a ese país antes de marzo del 2020 y Ecuador establecerá un decreto ejecutivo para crear un status migratorio a los venezolanos que entraron a esa nación empleando un puerto de entrada oficial.    

Adicionalmente, el gobierno estadounidense entregará 25 millones de dólares al Banco Mundial para contribuir a los programas que desarrollarán Ecuador y Costa Rica en función de los emigrantes. La declaración señala que el gobierno de Biden anunciará la creación de un fondo de 314 millones de dólares para “asistencia al desarrollo de los refugiados y migrantes vulnerables” en el Hemisferio Occidental. Este monto será administrado por la USAID y el Departamento de Estado.

Sobre el segundo pilar vinculado a la expansión de un corredor migratorio legal, se establece que el objetivo es “cambiar la forma en que las personas emigran”. Señala que las principales razones para emigrar están relacionadas con: la búsqueda de opciones laborales, buscar protección y la reunificación familiar.

El documento contempla entre las principales acciones las siguientes: Canadá incrementará el reasentamiento de refugiados provenientes de toda la región e invertirá entre 2022 y 2023 cerca de 27 millones de dólares en países de América Latina y el Caribe para enfrentar las causas de la emigración; el gobierno canadiense autorizará que arriben a su territorio durante el 2022 alrededor de 50 mil trabajadores agrícolas provenientes de México, Guatemala y países del Caribe; Guatemala aprobará una nueva legislación para promover los programas migratorios vinculados al empleo legal; México expandirá un programa que permitirá que cerca de 20 mil trabajadores de Centroamérica tengan empleo en su territorio y lanzará un programa para asegurar que anualmente entre 15 y 20 mil guatemaltecos tengan garantizado empleo en esa nación.

Por su parte, Estados Unidos lanzará un denominado “programa piloto” para que los agricultores estadounidenses contraten fuerza de trabajo proveniente de Centroamérica. Dispondrán de un fondo de 65 millones de dólares. De acuerdo a la declaración, el gobierno estadounidense concederá visas para trabajadores no agrícolas con el objetivo de reducir la emigración irregular. Los principales beneficiarios serán ciudadanos centroamericanos y haitianos. Washington también se compromete a garantizar el reasentamiento de 20 mil refugiados durante los años fiscales 2023 y 2024 con prioridad a los que provengan de Haití. Entre las acciones se menciona el restablecimiento del programa de reunificación familiar para Cuba, lo que fue anunciado el 16 de mayo

Con relación al tercer pilar sobre el manejo de la emigración de manera humana, el texto refiere que Estados Unidos anunciará una operación multilateral para enfrentar las redes dedicadas al tráfico de personas en el Hemisferio Occidental. Sobre este aspecto, la declaración afirma que el gobierno estadounidense buscará expandir los esfuerzos de cooperación con otros gobiernos en la región para mejorar el intercambio de información, la construcción de capacidades y avanzar en las investigaciones criminales. Añade que Washington tratará de ser más eficiente en los procesos de asilo en la frontera.

Sobre el cuarto pilar vinculado a las respuestas coordinadas a emergencias, Estados Unidos planea fortalecer los mecanismos de coordinación regional y fomentar la participación en este esfuerzo de la llamada sociedad civil. Enfatizan que se requerirá consolidar el intercambio de información en correspondencia con las legislaciones nacionales y mejorar los sistemas de alerta temprana.

Una lectura responsable, crítica y objetiva de este plan en materia migratoria promovido por el gobierno de Biden, nos conduce a las siguientes interrogantes: ¿Estas acciones por sí solas resolverán la crítica situación migratoria que sufre América Latina y el Caribe? ¿En qué medida los gobiernos estadounidenses son responsable de este complejo escenario? ¿Es posible avanzar en la solución de esta problemática cuando han sido excluidos de este evento regional Cuba, Venezuela y Nicaragua?

En primer lugar, las causas de la emigración latinoamericana tienen raíces muy profundas condicionadas por graves problemáticas socioeconómicas acumuladas que no es posible resolver con este tipo de medidas de alcance limitado e incapaces de brindar soluciones sostenibles. En segundo lugar, el complejo escenario en el que se desarrollan las naciones de nuestra área regional agravado por los efectos devastadores de la pandemia, es un resultado de las políticas hegemónicas que se diseñen e implementan desde y por los sucesivos gobiernos estadounidenses.

En tercer lugar, no es posible pretender el lanzamiento de una iniciativa con estos propósitos cuando se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estas tres naciones constituyen emisoras de emigrantes hacia Estados Unidos y Washington decidió unilateralmente, por razones políticas, excluirlas de este evento. Cualquier medida medianamente efectiva sobre la problemática migratoria que involucra a estos países, pasa necesariamente por el establecimiento de un diálogo sustantivo y sin condiciones con las autoridades estadounidenses competentes. Aunque desde la Casa Blanca se intentó ignorarlas, hubo una abrumadora mayoría de mandatarios participantes en la cumbre que denunciaron su exclusión. Otra vez estamos ante un nuevo plan fallido concebido desde Washington que solo pretende maquillar un serio y grave problema que nos afecta a todos.