El rearme de las FARC, o al menos de una facción del extinto grupo guerrillero como se prefiere presentar para minimizar su impacto, ha conmocionado a Colombia y, por supuesto, a la comunidad internacional a la que no le es ajena el asunto porque una buena parte de sus miembros ha estado vinculada activamente a los esfuerzos de paz, bien como garantes o acompañantes del proceso de negociación o bien como proveedores de recursos para el postconflicto.

La primera reacción y la mayoritaria es de rechazo a la decisión de retomar la senda de la guerra. El sentimiento colectivo es de pesar, consideran muchos que se fractura la paz. Llueven las críticas hacia los alzados en armas y el único que parece celebrar es el expresidente Álvaro Uribe porque ahora tiene sobrados argumentos para sostener su tesis de que el proceso de paz era una farsa.

Dos hombres son los principales protagonistas del suceso: Iván Márquez y Jesús Santrich —nombres de guerra con los que es mejor llamarlos porque vuelven a su condición de subversivos al margen de la ley—, dos personajes con un peso tremendo en el grupo armado cuando estaba en activo y después en el partido político de la rosa roja. La figura de estos dos guerrilleros es lo que hace trascendente la noticia porque la disidencia ya era un fenómeno natural y en ascenso desde la firma de los acuerdos de paz. Se calcula que unos dos mil habían roto con el pacto y reuniformado. Lo que cambia ahora es que el hasta ayer número dos de las FARC, hoy en franco posicionamiento de líder, debe y puede unificar a los frentes hasta el momento aislados, fundamentalmente a aquellos que siguen teniendo algún tipo de fe ideológica y no a esos que siguen en el monte con propósitos de enriquecimiento ilícito, bandidaje u otro motivo repudiable.

Márquez no solo pretende aglutinar a su tropa dispersa sino establecer alianza con el Ejército de Liberación Nacional, otra insurgencia que coexistió a la par de las FARC-EP y que aún permanece en condición de clandestinidad y oposición pujante contra el Estado colombiano. Ciertamente en el pasado, ambos grupos se mantuvieron operando independientes uno del otro y a veces hasta enfrentados porque pesaban las diferencias conceptuales y estructurales por encima de los objetivos políticos comunes. Dadas las condiciones actuales, es unificarse o ser aniquilados en el intento de proseguir la lucha, sobre todo porque la vía armada es descalificada incluso por las fuerzas que en el pasado la apoyaron.

¿Es entonces un error volver a la confrontación? Primaría el sí como respuesta pero resultaría discutible. El propio Márquez, mientras fungió como jefe de la delegación negociadora de las FARC en La Habana, tuvo una proyección dialoguista por encima de todo intento de ruptura de la negociación. Insistió hasta el cansancio en que todo era solucionable por la ruta del entendimiento, pero defendió con igual vehemencia que la rebelión es un derecho y no un delito, siempre y cuando el resto de las opciones estuviesen agotadas.

Si analizamos el panorama, prácticamente hay un único punto cumplido y por una sola de las partes: la entrega de las armas y la conversión en partido político. Del otro lado de la mesa había un Estado que limitó su compromiso a palabras huecas, máxime cuando el que estampó su firma ya no gobierna y su sucesor no acaba de comprender la dimensión de la responsabilidad que heredó.

Una es la realidad que viven los exjefes guerrilleros investidos como congresistas o en posiciones políticas de cierta comodidad, y otra bien distinta la que viven los antiguos mandos inferiores que ni siquiera han podido completar su reinserción social. Dónde vivir, cómo trabajar y la vuelta a la legalidad sin susto no ha sido posible para buena parte de esos 7 mil hombres que hace dos años se deshicieron del único elemento que les proporcionaba seguridad: su fusil.

Eso por no hablar de los puntos en blanco y negro que iban más allá de los actores del conflicto: la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos y la reparación a las víctimas. Nada de ello ni siquiera se ha esbozado jurídicamente. Nada ha cambiado en ese sentido después de noviembre de 2016 y del estrechón de manos y la palmadita en el hombro entre Timochenko y Juan Manuel Santos.

Además de los incumplimientos, los cuales es cierto que podían seguir reclamándose desde una postura de paz y no con la vuelta a la beligerancia, están las jugarretas disfrazadas de justicia que comenzaban a gestarse contra determinados cabecillas como fue el caso de los dos ahora alzados. Y la gota que desborda la copa de la paciencia pacifista: la matanza sistemática de los que no comulgan o son detractores del sistema. Según la cuenta del propio Iván Márquez, 150 de los suyos han sido asesinados hasta completar 500 si se cuentan los líderes campesinos e indígenas y los activistas sociales, una cifra que solo tiene en cuenta el mandato de Iván Duque, un año apenas. Hay que reconocer que el exterminio es más discreto que el perpetrado contra la Unión Patriótica en el pasado pero la perfidia es la misma.

Las razones numeradas son muy similares a las que hace 60 años provocaron el surgimiento de las FARC, si bien el contexto regional es el diferente. Entonces Fidel Castro había demostrado que mediante las armas se podía llegar al poder y las revoluciones, imitando a la cubana, proliferaban en el continente. Hace una década comenzó a satanizarse la opción militar y se puso de moda elecciones sí o sí. Si bien ya no hay dictaduras como antes, se siguen cometiendo acciones tan anticonstitucionales como antaño y el camino electoral tiene zonas oscuras. En casos como el colombiano —que no el único— se aparenta un estado de derecho en el que se hace abuso del marketing democrático —la democracia se limita al discurso— mientras la práctica cotidiana dista mucho del respeto por el orden constitucional.

A pesar de todo, sigue siendo difícil aplaudir o justificar la guerra porque trae inevitablemente derramamiento de sangre inocente. Márquez, Santrich y su nuevo grupo que apela a los mismo símbolos, significados y propósitos que el anterior, tienen en contra a mundo y medio, y sabido es que la respuesta militar será mayúscula con el fin de reducirlos a cenizas. Por lo pronto, han dado dos señales positivas en medio del caos: renuncian al secuestro y a la táctica ofensiva contra soldados y policías. Aunque no dieron detalles, prometen un modus operandi novedoso en el que primen las situaciones defensivas y apuntan como enemigo a la oligarquía corrupta. Habrá que ver si por el camino no se distorsionan las aspiraciones iniciales.

Más allá de si el proceso de paz fracasó o no, lo que queda entredicho tras los hechos recientes es la unidad, fortaleza y sustento ideológico de las fuerzas de izquierda en la región. No todos se han pronunciado, es prematuro vaticinar las diversas posturas, pero hasta el momento prima la condena a la sublevación y el respaldo a la defensa de la paz.

En esta competencia, la paz como bien supremo, como derecho universal siempre tendrá las de ganar mayoritariamente, pero la paz como acuerdo no cumplido, reducida a documentos engavetados, cuando más a disposiciones reinterpretadas y alejadas de su espíritu original, nunca podrá imponerse al sentir de unos pocos por hacer valer lo una vez firmado y traicionado.

Era absolutamente previsible el curso actual de los acontecimientos desde que Márquez salió de circulación y quedó en paradero desconocido. Su desacuerdo con Timochenko viene incluso de más atrás, de cuando se celebró el congreso fundacional del partido, donde a pesar de la reservas del encuentro, trascendió una fractura profunda entre dos visiones antagónicas: la de Márquez, más radical y firme a pesar de ser el que había negociado a profundidad la paz en La Habana, con más autoridad y conocimiento que todos en la materia; y la de Timochenko, líder histórico, pero visiblemente maleable a la hora de ceder ante los reclamos del contrario, buscando un acuerdo a cualquier costa. Las votaciones en esa ocasión, mayoritarias hacia Iván Márquez, evidenciaron cuál postura primaba, pero la elite dominante dentro del grupo se decantó por mantener el mismo liderazgo de las selvas en la civilidad.

Iván Márquez y Jesús Santrich saben como pocos vivir en anonimato y escurrirse del sistema. Pudieron alejarse del proceso de paz al sentirlo burlado y disfrutar su propia paz después de décadas en guerra permanente. La decisión de reagruparse no es improvisada y sí muy audaz. Llevan como mínimo un año estudiándola al tiempo que buscando apoyos y alianzas. Volver a empuñar las armas los hace cuando menos, consecuentes con sus ideas, aunque sean los primeros en saber que tal coraje no los conducirá al triunfo. No sucedió en el pasado cuando estaban en mejores condiciones numéricas y con más sostén político y de recursos, por lo que está lejos de suceder en este minuto de total adversidad para ellos.

En cuanto a la paz, esa no se frustró con este incidente. La firma del acuerdo era el punto de inicio de un proceso de reconciliación, de construcción armónica de la sociedad que no se dio. Las armas se depusieron, pero la voluntad de recomponer el tejido social se quedó en mera aspiración. El nuevo gobierno no supo tener una dimensión de Estado y fue el primero en no cumplir su parte del trato, ahora una parte de la contraparte decidió revelarse para romperse definitivamente un acuerdo que jamás abandonó el papel.

Vuelve otra vez a no haber buenos buenos ni malos malos. No hay vencedores ni vencidos, las culpas andan repartidas. Solo se pueden predecir las grandes víctimas de este nuevo capítulo del conflicto: Colombia como nación, América Latina como zona de paz y la gente común que volverá a ser carne de cañón en medio del fuego cruzado.